CORPORANCE Asesores de Voto, el primer proxy advisor español, ha presentado la Directiva de Derechos de los Accionistas (Shareholders´ Rights Directive SRD II), que tiene una gran trascendencia para emisores, inversores institucionales, proxy advisors y para el Gobierno Corporativo en general.
El evento contó con la participación del expresidente de la CNMV y árbitro independiente, Manuel Conthe, quien afirmó que “se debería pagar a los consejeros independientes tan poco como sea posible”, explicando que una remuneración muy elevada va en contra de su independencia.
Conthe estuvo acompañado de otros expertos internacionales como la directora general de la compañía alemana DSW, Jella Benner-Heinacher (Alemania); el consejero delegado de Proxinvest y socio director de la asociación internacional de proxy advisors Expert Corporate Governance Service (ECGS), Loïc Dessaint (Francia), y el consejero delegado de Frontis Governance y analista de ECGS para el Sur de Europa, Sergio Carbonara (Italia).
Según Dessaint, “los consejeros en España cuentan con salarios muy altos” y se refirió a la situación en Francia, donde hubo un gran debate que concluyó con la introducción de una legislación para regular la remuneración. Esto supone que en Francia no se paguen bonos anuales, al contrario de lo que pasa en España.
Basándose en su experiencia al frente de una compañía alemana, Jella Benner indicó que el salario de los directivos y la remuneración es un tema que está sobre la mesa de debate de los accionistas. En lo referente a la independencia de los directivos, Sergio Carbonara, advirtió de que este asunto requiere de un análisis caso por caso.
Conthe explicó también que los inversores institucionales no siempre tienen incentivos para estudiar las empresas en las que tienen acciones y ejercer su derecho a voto, ya que tienen portafolios muy diversificados. Ello justifica la existencia de proveedores de servicios de asesoramiento de voto (proxy advisors).
Además, el socio fundador de Corporance, Juan Prieto, que moderó la mesa, aseguró que España ha evolucionado positivamente en materia de gobierno corporativo en los últimos tiempos y destacó el importante papel que cumplen los proxy advisors en la comunicación entre emisores y accionistas.
A continuación, el debate corrió a cargo del presidente de INVERCO, Ángel Martínez-Aldama; la directora de compliance de Goldman Sachs España, Pilar López-Aranguren; el abogado y consejero de Inmobiliaria del Sur, Gregorio Arranz Pumar, y la directora de Comunicación Financiera de ATREVIA y del Foro Buen Gobierno, Susana Graupera Sanz, quienes trataron sobre los cambios que conllevará la trasposición de la nueva directiva de los derechos de los accionistas, que establece una regulación específica para los proxy advisors.
Ramón Hernández, socio de Corporance, que actuó como moderador en el foro, explicó que “la directiva de 2017 supone una mejora importante para el gobierno corporativo y establece una normativa armonizada para determinados sujetos, como los inversores institucionales, los intermediarios financieros que intervienen en la cadena de custodia transfronteriza y los proxy advisors”.
Gregorio Arranz señaló que con esta directiva se reconoce el derecho a conocer quiénes son los accionistas finales y la cantidad de acciones que poseen. Una afirmación a la que se sumó Pilar López, quien apuntó que la nueva directiva puede plantear alguna duda desde el punto de vista del tratamiento de los datos personales de los accionistas, así como en caso de que dichos datos sean requeridos por organismos de supervisión y órganos judiciales, por lo que quizás resultará necesario realizar una actualización de los contratos con los clientes. También puede plantearse conflicto entre el régimen de identificación de accionistas que recoge la directiva y la normativa de algunos países, como Estados Unidos, donde los accionistas tienen el derecho a solicitar que sus intermediarios no revelen esos datos.
Por otra parte, Susana Graupera analizó la nueva directiva y su impacto sobre la relación entre empresas y accionistas, señalando el valor de la transparencia y la reputación. Según Graupera, “esta directiva se enfoca más en lo que debe y no debe hacer un inversor. Tener una reputación sólida ofrece importantes beneficios, especialmente cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de problema”.
