La organización ecologista Greenpeace denuncia que el Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a pisotear el derecho ciudadano a participar activamente en la transición energética al tumbar una propuesta de ley de autoconsumo. Dicha propuesta pretendía solucionar los múltiples problemas creados por el Real Decreto de Autoconsumo que instauró el famoso “Impuesto al Sol”. Según esta ONG, el Gobierno admite así públicamente que no solo no acepta el derecho ciudadano a disfrutar de los beneficios de las energías renovables, sino que tampoco aceptará ninguna medida que reduzca el consumo de electricidad ni que baje la factura de la luz para la ciudadanía
El Gobierno de Rajoy fulmina  el proyecto de ley de autoconsumo eléctrico

Greenpeace considera que se trata de una declaración en contra del ahorro, la eficiencia energética y el derecho ciudadano a participar de manera activa en la transición energética con la producción y autoabastecimiento con energías renovables. Algo contradictorio ya que estos son elementos fundamentales de la política energética europea plasmada en el Paquete de Invierno de la Comisión Europea (mayoritariamente conservadora).

Si el Gobierno piensa seguir contando solo con las grandes empresas del sistema eléctrico para crear el nuevo modelo energético se equivoca. El cambio climático, la desigualdad extrema y la corrupción apuntan a tres grandes fallos de nuestro sistema político y económico entrelazados entre sí, y no podemos esperar que se solucionen sin la participación y el control ciudadano. El autoconsumo es una herramienta fundamental para ello,” ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de energías renovables de Greenpeace.

Hace un mes la práctica totalidad del Congreso de los Diputados, menos el PP, presentó por segunda vez una proposición de ley para reformar el Real Decreto de Autoconsumo y finalmente fomentar el autoabastecimiento con energías renovables en España. Esta proposición de ley se basa en un acuerdo adquirido por la mayoría parlamentaria con más de 30 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y empresariales para el desarrollo del autoconsumo eléctrico como un derecho cívico y una herramienta clave para la democratización de la energía, la lucha contra el cambio climático y la creación de empleo.

Para tumbar la iniciativa, el Gobierno ha apelado a la única opción que tenía: el Art. 134.6, que argumenta: “Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. Y así lo hizo alegando que el autoconsumo representa un coste para los Presupuestos Generales del Estado.

Greenpeace denuncia que el Gobierno no ha realizado ningún análisis serio sobre costes y beneficios del autoconsumo para el conjunto de la sociedad y se dedica a inflar la posible reducción de la recaudación para evitar que la propuesta de ley pueda prosperar o, por lo menos, frenarla

Un estudio de Greenpeace ha demostrado que una de cada tres personas en España podría producir su propia electricidad de forma individual o colectiva con renovables en 2050 y alcanzar una producción suficiente como para cubrir la mitad de la demanda nacional, aunque para que este potencial se haga realidad es necesario plasmar el derecho ciudadano a producir energía renovable tanto en el marco normativo europeo como en el nacional.

Ahora los grupos parlamentarios podrán presentar un escrito de oposición a la Mesa de Portavoces donde el Partido Popular no tiene mayoría por lo que es posible que, posteriormente, la proposición de ley llegue al Pleno del Parlamento igualmente para seguir su tramitación. 

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