El informe del ministerio detalla que en enero del 2018 todos los comercios españoles deberán cobrar por entregar bolsas de plástico, quien no lo haga será sancionado. El objetivo de esta norma es reducir el consumo de bolsas de plástico para mitigar el impacto adverso que sus residuos tienen en el medio ambiente y en actividades económicas como el turismo. Asimismo, se persigue evitar la pérdida de recursos materiales y económicos que supone el abandono de las bolsas de plástico y su dispersión en el medio ambiente.
España se sitúa en un grupo intermedio de países dentro de la UE, con un consumo de entre 100 y 200 bolsas por ciudadano al año. Por el contrario, el uso de bolsas de plástico de múltiples usos es casi nula.
El proyecto de regulación establece como objetivo, entre otras medidas, que, a 31 de diciembre de 2019, el consumo anual de bolsas de plástico ligeras no supere las 90 unidades por persona y que, a 31 de diciembre de 2025, el consumo anual de estas bolsas no supere las 40 unidades por persona. Para ello, la nueva norma plantea como medida fundamental fijar un precio mínimo por bolsa que oscilaría entre 5 y 30 céntimos de euros, dependiendo del tipo de bolsa.
La CNMC no lo ve claro
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que la opción de fijar un precio mínimo no es la más adecuada, puesto que introduce distorsiones desproporcionadas. Por esta razón, propone, desde la perspectiva de la promoción de la competencia y la regulación económica eficiente, utilizar una figura impositiva por diversos motivos: