La Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado esta semana nuevos criterios a la hora de juzgar delitos de su competencia. A partir de ahora, dicho organismo será competente en casos de posible acaparamiento de tierras o de explotación ilegal de recursos por parte de empresas privadas y gobiernos. Una noticia, que se ha hecho eco FACUA, de gran calado para la Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa (RSE/RSC).
La CPI indica que: "El impacto de los crímenes puede evaluarse a la luz de, entre otras cosas, el aumento de la vulnerabilidad de las víctimas, el terror causado en consecuencia, o el daño social, económico o medioambiental causado a las comunidades afectadas". Asimismo, prestará especial consideración a la persecución de los crímenes comprometidos a través del Estatuto de Roma o que tengan como resultado la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de las tierras.
Según señala FACUA, no existen organismos jurídicos internacionales que juzguen a las empresas por posible violación de derechos humanos o del medio ambiente. "Las escasas propuestas que hasta la fecha han surgido, como la tratada por la ONU a instancias de Sudáfrica y Ecuador, fue boicoteada por países que mantienen intereses e inversiones que se verían amenazadas si se reforzase la persecución de ese tipo de infracciones", subraya la organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores.
