Es lo que pidieron Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón el pasado martes mediante la campaña “Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53” que apuesta por una reforma constitucional que mejore las garantías de protección de los derechos humanos y que incluya otros que hoy no están recogidos en la Carta Magna.
Las organizaciones denuncian que la Constitución española, y en particular su artículo 53, establecen un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de “primera” y de “segunda”, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales.
En concreto, proponen la modificación de 24 disposiciones constitucionales y una profunda reforma del artículo 53, que es el responsable de hacer una distinción artificial entre derechos, como el derecho a la vida o a la libertad (que gozan de una protección reforzada y se pueden denunciar directamente ante los tribunales), y el derecho a la vivienda o al medio ambiente, cuyo nivel de protección es mucho menor.
Además, reclamaron que la Constitución vaya un paso más allá y mejore, por ejemplo, las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, así como garantizar el derecho de reunión pacífica, incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible.
Otro aspecto básico que exigieron reforzar es la protección y defensa del derecho al medio ambiente. Este derecho, recogido en el artículo 45 de nuestra constitución, no es actualmente un derecho fundamental, lo que se traduce en que no puede ser exigido directamente ante los tribunales.
Las tres organizaciones, cada una en su ámbito de trabajo y especialización, pidieron una reforma de 24 disposiciones de la Constitución que:
1. Proteja por igual todos los derechos humanos para todas las personas. Los derechos son indivisibles y universales, sin clases ni jerarquías.
2. Potencie una aplicación y desarrollo más ambicioso del derecho a un medio ambiente saludable en España, lo que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de las generaciones futuras en aras del interés general.
3. Mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial.
4. Incorpore el derecho a la renta básica, para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de la desigualdad; y obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras: garantizar una política de cooperación para el desarrollo, vigilar que las empresas españolas respeten los derechos humanos en el extranjero, y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
5. Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer: las crisis económicas no son excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas.
6. Mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideramos protegidos insuficientemente: adecuar la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos; mejorar las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos; garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana; garantizar el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible, así como el reconocimiento directo del derecho de asilo y establecer la prohibición de la pena de muerte en todos los casos.
