España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE, en concreto un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%), según expone Amnistía Internacional en un nuevo informe, “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”. Un documento en el que se denuncia cómo cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios.
La organización pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen.
A pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes, que no han protegido la vivienda como un derecho humano. Su alcance ha sido muy restrictivo, beneficiando únicamente a 31.500 familias. Además, las autoridades han invisibilizado la gravedad de la situación, al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el impacto de género.
“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, ha añadido.
Amnistía Internacional considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.
La organización recuerda que, según el derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad.
España tiene más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las que hay en Europa, "las autoridades de Madrid y Cataluña y el Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada". En ese sentido, ni la comunidad de Madrid ni el Gobierno central han adoptado medidas que sigan esta recomendación, y Cataluña no está implementando su Ley de derecho a la vivienda que promover el uso de la vivienda vacía, explica Amnistía Internacional.
