La Fundación Fernando Pombo celebró recientemente el simposio “Derechos Humanos y empresas: el papel de la abogacía”, un encuentro cuyos objetivos eran familiarizar a todos los actores nacionales con el borrador del Plan Español para Empresas y Derechos Humanos, y sensibilizar sobre la importancia y efectividad de los Principios Rectores y promover y fortalecer el papel de los abogados en este proceso.
El encuentro fue inaugurado por el presidente de la Fundación, Joaquín García-Romanillos quien explicó su proyecto sobre el nuevo rol que deben asumir los abogados en la implementación de estos Principios. En los próximos meses la Fundación publicará una guía de buenas prácticas para abogados de empresa, con explicaciones, ejemplos y usos ampliamente aceptados que facilitarán la comprensión y posterior aplicación de las recomendaciones de la Asociación Mundial de la Abogacía (IBA) en las labores de asesoramiento jurídico para empresas multinacionales.
Después, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) D. Carlos Carnicer, mostró el compromiso del CGAE con la defensa de los Derechos Humanos y destacó la necesidad creciente de formación en este área. Y Doña Adela Díaz, directora adjunta de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Sociales, destacó la importancia del Plan Español para apoyar a aquellas empresas que ya se han comprometido con los principios rectores, ofreciendo instrumentos de sensibilización e información muy útiles para fomentar la adhesión voluntaria de otras multinacionales españolas.
La mesa redonda contó con la presencia de representantes de importantes empresas españolas que han asumido los Principios Ruggie y los han incorporado en sus estrategias de RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Don Juan Bravo Casado, asesor jurídico corporativo de Mahou San Miguel, Don Carlos E. Jiménez Cuesta, gerente de la coordinación de servicios jurídicos de exploración y producción de REPSOL y Don Juan M. Sánchez Angoso, director Legal DHL Logistics Iberia. Ellos aportaron la visión más práctica y realista del trabajo de las multinacionales españolas en relación con los principios, y del servicio que se presta a la empresa desde el departamento legal en el proceso de implementación de estas recomendaciones.
La parte más innovadora del simposio para la abogacía corrió por cuenta de Nicole Bigby, socia y directora del área de riesgos del despacho Berwin Leighton Paisner y colaboradora del grupo de trabajo de la IBA sobre Derechos Humanos y Empresas, y de John Sherman, Director de Shift Project y presidente del mencionado grupo de la IBA. Ambos destacaron el importante papel de los abogados en la implementación del nuevo Marco de la ONU y destacaron distintas fórmulas con las que los abogados pueden dar valor añadido a sus servicios de asesoramiento empresarial. Independientemente de su condición de “soft law” es muy peligroso que sean ignorados por los abogados, pues “la ley suave puede tener consecuencias duras, y solo el asesoramiento jurídico de calidad puede ayudar a las empresas a evitar las graves consecuencias que se generan en caso de vulneración o incumplimiento”. Por su parte, Nicole Bigby hizo hincapié en la redefinición de un nuevo rol del abogado de empresa, apoyado en un nuevo equilibrio entre los criterios que debe utilizar a la hora de ejercer su profesión. Hemos pasado de un abogado que considera solo la Ley y las fuentes tradicionales del derecho como únicos criterios aplicables a la hora de ofrecer el asesoramiento, a introducir otros criterios o principios igualmente definitorios del valor actual de la empresa, como son: los criterios éticos de los negocios (códigos de conducta internos, las propias obligaciones con terceros y los compromisos éticos de las empresas ), las propuestas sobre las tendencias internacionales y los consejos o enseñanzas de sabios de referencia.
Estos otros criterios enriquecen la función del abogado y le convierten en un "sabio consejero" y gestor estratégico de riesgos, imprescindible para la empresa. El abogado tiene un mayor papel en la toma de decisiones empresariales, incorporando la sostenibilidad corporativa, el valor de marca y su "aceptabilidad" comercial a largo plazo como criterios propios de su función de asesoramiento, lo que le hace llegar más allá de lo estrictamente legal.
Por último, en la fase de conclusiones, se resaltó la urgencia en la asunción de este nuevo rol de los abogados y esta nueva forma de interpretar la diligencia debida en el asesoramiento de empresas, para ofrecer un servicio profesional creíble, de calidad, adaptado a las necesidades de un cliente internacionalizado, socialmente responsable y comprometido con la sostenibilidad de su negocio y con el comportamiento ético profesional. Se trata, dijo “de ejercer la profesión como se debe, en términos éticos, deontológicos y reputacionales, lo que es también lo que debemos hacer en términos económicos y de sostenibilidad de nuestro negocio”.
Este encuentro fue organizado también con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
