Un informe realizado por Human Rights Watch (HRW) sobre cómo los desahucios en España afectan a los grupos más vulnerables permite saber la posición concreta y las acciones que realizan 7 entidades financieras españolas de las 11 consultadas por esta entidad. La correspondencia entre la ONG y los bancos se puede consultar al final de esta pagina.
HRW pregunta por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en materia de desahucios a 11 bancos españoles, sin embargo cuatro de ellos han declinado responder. Además desde la ONG se muestran muy críticos con la inactividad del Gobierno frente a un tema inherente a los derechos humanos.
El informe titulado “Sueños rotos: el impacto de la crisis de vivienda en España sobre los grupos vulnerables,” documenta las adversidades que afrontan las familias que pierden su hogar después de incumplir los pagos hipotecarios, en medio de la recesión y de un contexto de masivo desempleo en España. La autora del informe, Judith Sunderland, afirma que el sueño de tener una casa propia se ha convertido en una “pesadilla con ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento”.
Del mismo modo que Human Rights Watch afea al Gobierno por desatender los derechos humanos, también cuestiona la responsabilidad de los bancos en este asunto. En concreto, esta ONG asegura que se creó una tormenta tóxica debido a prácticas de préstamo irresponsables, cláusulas injustas de los contratos hipotecarios, tasas de interés de demora desorbitantes, comportamientos sin escrúpulos por parte de los intermediarios y así como por una absoluta falta de supervisión durante los años del auge económico.
Con el fin de conocer de primera mano la situación, Human Rights Watch escribió una carta a 11 entidades financieras españolas preguntándoles con detalles sus actuaciones de RSE en materia de desahucios. A saber: Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Catalunya Caixa, Citibank España, IberCaja, Kutxabank, Novagalicia, Sabadell y Banco Santander. Sin embargo, no todos contestaron han contestado, en concreto, Bankinter, Catalunya Caixa, IberCaja y Kutxabank declinaron responder.
Los temas por los que se interesa la carta de Human Rights Watch son: por la existencia de una política establecida que contemple las medidas a aplicar si el deudor no puede pagar la hipoteca, por la de una política específica respecto a las negociaciones con parejas en proceso de separación, o con menores a su cargo o en riesgo de exclusión social, sobre las daciones en pago, por la posibilidad de un alquiler social, por la existencia de relaciones formales con agencias inmobiliarias con el objetivo de identificar a clientes para hipotecas, por si han cambiado los procedimientos para determinar la solvencia de un cliente y la última, por si habían creado alguna investigación interna sobre la concesión de préstamos hipotecarios inadecuados.
En cuanto a la ley de moratoria del Gobierno sobre desahucios en casos vulnerables, hay que destacar la actitud del BBVA. En concreto, esta entidad dijo que había creado en enero de 2013 un Comité de Protección del Deudor Hipotecario para analizar casos en los que exista “cualquier circunstancia de riesgo de exclusión social no protegida por la ley”. Entre los criterios que BBVA cita como distintos o complementarios a los que establece la moratoria del Gobierno figuran la presencia de un niño de menos de 16 años y la presencia de una persona mayor de 59. Por contra, el Banco Santander sólo declara en su carta que “decidió suspender los desahucios de todo deudor hipotecario de su residencia principal, independientemente de si el deudor cumplía o no las circunstancias requeridas de vulnerabilidad especial”.
Respecto al Fondo Social de Vivienda (FSV) que creó el Gobierno para adjudicar viviendas asequibles de los bancos para personas que habían sido desahuciadas de su residencia principal por impago de su hipoteca, es también el BBVA, el banco que más detalles aporta a esta cuestión, además de anunciar otras propuestas en este tema que se pueden cnsultar en el documento adjunto. El resto de los bancos aportan datos de las viviendas facilitadas a este fondo. Destaca también CaixaBank, que describe un programa específico de Alquiler Solidario Descentralizado.
CaixaBank y BBVA fueron también las entidades que más promovieron la dación en pago de la hipoteca, aunque las cifras de la tabla de este informe no son comparables porque los períodos de tiempo son distintos y porque la dimensión de las carteras hipotecarias de los bancos varían.
Human Rights Watch es una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos.
Puede leer el informe completo aquí y las respuestas de los bancos aquí.
Human Rights Watch
2014 Spain Correspondence With Banks
