El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una serie de medidas con el objetivo de proteger a los pequeños inversores, por el que los gestores les deben de proporcionar un folleto informativo estandarizado con información comparable y en el que se incluyan los objetivos medioambientales o sociales concretos que persigue el producto, en caso de que los haya.
Con esta nueva medida, aprobada por 637 votos a favor, 26 en contra y 16 abstenciones, todos los pequeños inversores no profesionales tendrán que recibir este documento de datos fundamentales antes de firmar cualquier tipo de contrato.
El objeto de esta información es ayudar a entender los productos financieros que tienen intención de suscribir, así como sus riesgos, costes y beneficios y pérdidas potenciales. También servirán para compararlos con otros productos.
Estos documentos informativos no contendrán referencias a material de promoción comercial e informarán de los objetivos medioambientales o sociales concretos que persigue el producto, en caso de que los haya.
En algunos casos, el documento incluirá la siguiente advertencia de comprensión: Usted está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y cuya comprensión puede resultar difícil, informa Servimedia.
Estas normas abarcarán todos los productos financieros destinados a los pequeños inversores, excepto seguros distintos de los de vida; los seguros de vida en los que las prestaciones previstas en el contrato sean pagaderas únicamente en caso de fallecimiento o respecto de situaciones de invalidez provocadas por accidente, enfermedad o trastorno ; los depósitos que no sean estructurados; las pensiones de jubilación; y los regímenes de pensión profesionales.
Las nuevas normas no permitirán exigir responsabilidad civil al fabricante del documento informativo amparándose exclusivamente en su redacción (incluidas sus posibles traducciones), salvo en caso de que éste resulte engañoso o inexacto o sea incoherente con las partes pertinentes de documentos contractuales o precontractuales vinculantes jurídicamente .
El Consejo tendrá que dar el visto bueno formal a las nuevas normas, que empezarán a aplicarse en un plazo de dos años.
