La tarde de este jueves se ha presentado en Madrid el informe del Observatorio de RSC sobre las memorias de RSC de las empresas que están en el Ibex 35. Una conclusión: falta transparencia. Según el análisis relizado por la consultora Sustentia para el Observatorio al menos 28 compañías que componen el Ibex 35, el 82 por ciento, cuentan con empresas filiales o participadas domiciliadas en paraísos fiscales, por lo que existe un elevado riesgo de elusión de impuestos, según el estudio que realiza anualmente el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa sobre las entidades que componen el selectivo español.
La descripción de las actividades más habituales de estas empresas en paraísos fiscales son las sociedades de cartera, financieras, tenencia de acciones, banca, servicios financieros, instrumental financiera, reaseguros, gestora de fondos de inversión, y emisión de participaciones preferentes de capital, según Carlos Cordero, director del estudio.
También se encuentran algunas sociedades cuya descripción de actividad es operativa, pero referida a operaciones en terceros países. Los paraísos fiscales más utilizados por las empresas son Países Bajos, con 63 empresas, Delaware (EEUU) con 41, Luxemburgo con 26, Islas Cayman con 25, Suiza con 22, Puerto Rico con 14, Panamá con 13 y Jersey con 12.
Para la elaboración de este estudio, los responsables del informe se han basado en las definiciones incluidas en el Real Decreto 1080/91, el listado de la OCDE de marzo de 2010, los referidos por Tax Justice Network y la lista del Parlamento Europeo o informe Hamon de marzo de 2009.
La presencia de estas empresas en este tipo de territorios no supone, según los responsables del estudio, la comisión de delito fiscal de evasión pero sí supone una elusión de la responsabilidad fiscal de las compañías para con los países donde están operando.
Según Susana Ruiz, responsable de Gobernabilidad y Sector Privado de Intermón, a nivel mundial las operaciones a través de paraísos fiscales tienen un coste de 1.000 millones de dólares de los flujos de capitales de los países en desarrollo hacia estos enclaves.
En este sentido tanto Cordero, como Ruiz, y Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, manifestaron la necesidad de un mayor desarrollo normativo de la información sobre impuestos y subvenciones con la implantación del modelo de “país por país” que ha sido adoptado, por ejemplo, en Estados Unidos para la industria extractiva a través de la ley Dodd-Frank.
Ruiz destacó que el avance en este tipo de información puede hacerse bien desde la voluntariedad de las empresas o a través de un marco normativo, y puesto que las mejoras no se están produciendo desde la autorregulación considera necesario de un marco regulatorio para que las compañías detallen un listado completo de todas sus filiales, con número de trabajadores y volumen de su actividad, así como de los pagos a gobiernos.
