Para cumplir sus compromisos con la UE en materia de clima y energía, deberá presenta un borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 a finales del año 2018. Este plan tendrá que reflejar nuestra contribución a la consecución de los compromisos adquiridos por el país para caminar hacia la neutralidad del carbono hacia la mitad de siglo. Esto implica una reducción de nuestras emisiones en un 20% en 2030 y de un 90% en 2050 respecto a los niveles existentes en 1990
España es la única potencia europea sin ley de cambio climático

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado este miércoles en el Congreso de los Diputados las prioridades del Gobierno en materia energética y medioambiental, cuyo eje transversal será la sostenibilidad, y que pretende “contribuir de forma decidida a impulsar un modelo de desarrollo sostenible”. Su objetivo fundamental será la lucha contra el cambio climático, el uso racional y solidario de nuestros recursos, la apuesta por una transición energética y la generación de empleo. En este sentido, ha remarcado la evidencia científica en torno a los efectos del calentamiento global y ha apostado por implementar medidas transversales que reflejen el consenso de la comunidad investigadora.

La ministra ha recordado que “España es una excepción entre las potencias de Europa, sin una ley de cambio climático que marque el camino”, lo que nos ha llevado a ser el país de la Unión Europea (UE) que más aumentó sus emisiones entre 2014 y 2017. Por eso, se ha comprometido a remitir a la Cámara Baja antes de que termine el año el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCYTE).

Esta norma deberá fijar objetivos claros y ambiciosos de reducción de emisiones; marcar sendas de descarbonización a largo plazo; impulsar la publicación de informes periódicos del Banco de España sobre los riesgos y fortalezas de la economía frente al cambio climático, y exigir a las empresas cotizadas la evaluación de riesgo climático y de carbono. También se creará una comisión independiente para elaborar un informe anual sobre el estado de nuestro país en materia de cambio climático; se impulsará una nueva fiscalidad ambiental y la inclusión de criterios verdes obligatorios en la contratación pública.

La LCCTYE recogerá un Plan de Transición Justa, con el que acompañar solidariamente a los territorios y a los trabajadores de sectores particularmente afectados por la transición hacia una economía baja en carbono o que sufran de manera especial los impactos del cambio climático. “El mayor riesgo es no pensar, no actuar, es mirar hacia otro lado, no acompañar. No podemos dejar a su suerte a las personas”, ha indicado.

La transición ecológica tiene que desplazar el modelo centralizado del sistema energético, basado en la oferta, hacia uno descentralizado, basado en la gestión de la demanda. Todo ello con el fin de descarbonizar la economía desde una amplia participación e implicación de la sociedad, para colocar al ciudadano en el centro del modelo. Ribera ha reiterado la necesidad de apostar de forma decidida por las energías renovables y la eficiencia energética y, en este sentido, considera oportuno recuperar y estudiar las iniciativas planteadas por los diferentes grupos parlamentarios sobre estas cuestiones. Asimismo, considera imprescindible reformar la regulación del autoconsumo; apostar por la movilidad sostenible a partir del uso del transporte público y del vehículo eléctrico, y acometer cambios reales en el modelo productivo y energético hacia uno sostenible.

La ministra ha hecho hincapié en la importancia de las ciudades en la construcción del futuro común, ya que pueden convertirse en modelo de convivencia y prosperidad en el siglo XXI. El binomio ciudad-energía puede aportar soluciones a la sostenibilidad ambientalmente sólidas, económicamente asumibles y socialmente incluyentes y satisfactorias. “Hay que pensar bien la ciudad y trabajar conjuntamente con sus actores públicos”, ha apuntado.

 

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