Durante años, quienes trabajamos cerca de los equipos de sostenibilidad, responsabilidad corporativa y comunicación hemos peleado para que las empresas se preguntaran para qué existen, más allá del beneficio. Esa batalla, en buena parte, está ganada. Hoy el 70 % de las empresas españolas dice tener un propósito. Lo encontramos en la web, en la memoria anual y en el informe de sostenibilidad.
La pregunta incómoda es si ese propósito llega a alguna parte. Y los datos dicen que no demasiado. Solo el 10 % de los empleados en España se siente comprometido con su trabajo, según Gallup; hace una década eran casi el doble. Son datos de fuentes distintas, uno sobre empresas y otro sobre personas, pero cuentan la misma historia. El propósito está en los documentos y no llega a las decisiones del día a día.
En el Instituto de la Economía del Propósito llamamos a esa distancia brecha de activación. En El Coste Invisible, el primer informe que publicamos junto a la Cátedra de Empresas con Propósito de la Universidad de Navarra, hemos decidido ponerle cifra.
Cuando el propósito se queda en el papel
Nuestra estimación es que la economía española deja de generar unos 44.500 millones de euros al año por esa brecha, el 2,6 % del PIB. Ese dinero no desaparece de ninguna cuenta; sencillamente, nunca llega a generarse. Hablamos de equipos que rinden por debajo de lo que podrían, de personas que se marchan y hay que sustituir y de empresas que crecerían más si su gente supiera para qué trabaja.
Sé que una cifra puede despertar desconfianza, y me parece sano. Por eso la hemos calculado por tres caminos distintos (el compromiso de los equipos, la rotación y el crecimiento), apoyándonos en estudios internacionales revisados por pares y en estadísticas oficiales. En cada paso hemos sido prudentes. Solo atribuimos al propósito una parte del efecto, porque el compromiso también depende del salario o de las condiciones de trabajo, y damos por hecho que en diez años solo se puede recorrer la mitad del camino.
Tampoco es un asunto que afecte solo a las empresas. Si ese valor se generara, unos 19.600 millones volverían cada año a las cuentas públicas, en forma de recaudación y de menos bajas evitables, sin subir ningún impuesto.
Del informe de sostenibilidad a la decisión
Para quienes trabajan en sostenibilidad, y para quienes acompañamos a las empresas en su estrategia, este dato debería hacernos pensar. Hemos construido mucha infraestructura para contar lo que hacen las empresas: memorias, indicadores, certificaciones, informes ESG. Mucha menos para comprobar si el propósito cambia lo que se decide en un comité de inversiones, en una política salarial o en la relación con un proveedor. Los estudios académicos más sólidos apuntan justo en esa dirección. Los resultados mejoran cuando los mandos intermedios entienden el propósito y lo aplican, y no por tenerlo bien redactado.
El informe no es un artículo científico ni pretende serlo. Es una primera estimación de orden de magnitud, que la Universidad de Navarra seguirá contrastando con datos propios. Pero deja clara una idea. Un propósito que no se vive tiene un coste, aunque no aparezca en ninguna cuenta.
Esa brecha se cierra decidiendo de otra manera, y eso está al alcance de cualquier empresa dispuesta a comprobar si su propósito llega de verdad a su gente. Para quienes trabajan en responsabilidad corporativa, es probablemente una de las mejores oportunidades de los próximos años.
