España tiene, históricamente, una deuda con su entorno rural. Dicho entorno representa actualmente —según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación— el 84% del territorio nacional, pero tan solo el 9,4% de la población. Una población cada vez más envejecida y vulnerable como consecuencia del aislamiento y la pérdida progresiva de determinados servicios esenciales ante la falta de tejido económico que la sustente. La gran mayoría de las actividades productivas que se mantienen ligadas a estas zonas (como la agricultura o el turismo rural) están sometidas a un fuerte componente estacional, lo que impide el asentamiento definitivo de los trabajadores y sus familias que vienen a cubrir esas tareas. Y ante la falta de oportunidades laborales estables, los pueblos se vacían de personas con capacidad de trabajar, y esto hace a su vez que vayan desapareciendo servicios esenciales y de este modo entran en una espiral de despoblación difícil de solventar.
Factores como el acceso a servicios sociales o sanitarios, la brecha digital, la vivienda, los servicios domiciliarios o las oportunidades de empleo inciden de forma directa en la pérdida de población y en el incremento de la vulnerabilidad de los que se quedan. Y, si bien a través de muchas de las políticas comunitarias, se ha invertido en la modernización de los métodos agrarios, sigue faltando reactivación económica.
Sigue siendo urgente brindar oportunidades laborales para las personas que permanecen en los núcleos rurales y mejorar el acceso a servicios en igualdad de condiciones que las poblaciones de mayor tamaño.
Hoy por hoy los servicios de carácter público y/o privado en estas zonas son deficientes e insuficientes. De forma general, la inversión pública y los fondos estructurales no van destinados a mejorar las infraestructuras en las pequeñas poblaciones, sino que se centran en núcleos de población de tamaño medio/grande, y las prestaciones que quedan amparadas por la ley de la dependencia no terminan de materializarse en un catálogo de prestaciones que cubran todas las necesidades y que estén al alcance de todo el mundo.
Del mismo modo, las empresas tampoco se animan a invertir allá donde no hay masa suficiente de población para el consumo o donde cuesta mucho más rentabilizar las inversiones realizadas, o donde no cuentan con la conectividad y las infraestructuras mínimas para poder desarrollar su actividad con todas las garantías.
Revitalizar el tejido productivo de estos pueblos y fomentar el emprendimiento es fundamental para romper el círculo vicioso de la despoblación. En ese sentido, la tecnología, el ocio, la economía de los cuidados o el desarrollo de industrias sostenibles como el biocombustible se configuran, entre otros, como los grandes y nuevos yacimientos de empleo sobre los que es posible sustentar el fortalecimiento del tejido económico que necesitan estas poblaciones para volver a repoblarse, acompañado necesariamente de la inversión en infraestructuras básicas como la conectividad o las comunicaciones.
Pero la creación y mejora de las infraestructuras necesarias por sí mismas no es suficiente. Es imprescindible promover actuaciones dirigidas a sus habitantes, a las personas. Actuaciones que permitan la formación necesaria para incrementar sus competencias digitales y reducir la brecha, de modo que sean capaces de usar las nuevas vías de acceso a servicios fundamentales en remoto, como la salud, la ayuda social o los servicios financieros, y mejorar con ello su calidad de vida. En estas otras actuaciones para las personas, se encuentra también la clave para el progreso de nuestros pueblos.
Es por eso por lo que creemos firmemente en que se debe fomentar el desarrollo de proyectos que contribuyan a la desestacionalización del empleo, al mantenimiento de unos servicios que permitan la prestación de cuidados de larga duración, y que estos sean sostenibles en el tiempo, generando la creación de un tejido económico necesario para la retención de los habitantes en el medio rural, además de mejorar las habilidades de las personas que allí viven para que puedan sacar el máximo partido de las nuevas oportunidades que se presentan.
Y es necesario pensar especialmente en los colectivos más desfavorecidos de esta España rural: las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, los desempleados o personas mayores o enfermas que demandan cuidados de larga duración de la misma calidad que los prestados en los núcleos urbanos.
Bajo esta premisa se ha puesto en marcha la I Convocatoria de Ayudas + Rural de Fundación MAPFRE en el marco del Programa de Inclusión, Garantía Infantil y Lucha contra la pobreza del Fondo Social Europeo Plus, la principal herramienta de la Unión Europea para invertir en personas y reducir las desigualdades. Una convocatoria que surge después de que Fundación MAPFRE haya sido seleccionada para ser designada como Organismo Intermedio y por tanto para gestionar unas ayudas por valor de 30 millones de euros (20 millones del FSE+ y 10 millones de fondos propios) en el periodo 2021-2027.
Estas ayudas, de entre 500.000 y 2 millones de euros para la ejecución de proyectos de duración de 2 años en poblaciones de menos de 30.000 habitantes, se concederán mediante convocatorias de concurrencia competitiva y están dirigidas principalmente a las entidades del tercer sector y de la economía social, federaciones, asociaciones y confederaciones.
Estas entidades desarrollan una importante labor de reactivar la vida de los pueblos ya que tienen en su punto de mira a las personas, a las carencias de esa población cada vez más vulnerable y en cómo paliarlas. Y no se trata de asumir funciones que competen a las administraciones públicas, sino de complementar con actuaciones allá donde estas no llegan y siempre de forma coordinada. En este punto, hay que mencionar el papel tan relevante que en estas zonas rurales juega la propia comunidad, que se encarga de forma altruista y apenas sin conocimientos ni formación, de atender y dar cobertura a las necesidades básicas de estos colectivos vulnerables desde el principio de su dependencia de forma altruista y recíproca. Es la comunidad la que sitúa en el centro de sus prioridades el cuidado de mayores y otros colectivos vulnerables.
Por ello, las Ayudas + Rural pretenden impulsar la empleabilidad y el acceso a servicios de calidad relacionados con la protección social, financiando hasta el 100% de su coste. Operaciones siempre dirigidas a personas que fomenten, por un lado, la integración sociolaboral de colectivos vulnerables y, por otro, la mejora de la accesibilidad, la efectividad y la resiliencia de los servicios de cuidados de larga duración.
Todas las entidades del tercer sector, de la economía social y federaciones/confederaciones principalmente tienen a su alcance la posibilidad de generar oportunidades para dar la vuelta al significado de “despoblación rural”. Se trata de cambiar la perspectiva y la autoestima de los pueblos. Visto de este modo todo cobra otro sentido.
De la mano de las Ayudas + Rural es posible que se dé el impulso que la España rural necesita. Una gran oportunidad para avanzar en este reto pensando en las personas. Y sin dejar a nadie atrás.
