La entrada en vigor en enero de la fase 2 del reglamento SFDR (Reglamento de Divulgación de las Finanzas Sostenibles) o la anterior implantación del denominado MIFID verde o la propuesta de directrices emitida por ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) de criterios mínimos que debería cumplir un fondo de inversión para que pueda aplicarlo a su denominación y folletos si promueve las características ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG), son claros ejemplos que ilustran la relevancia que en Europa está tomando la inversión ISR o sostenible y que está provocando una reorientación de los instrumentos financieros ofrecidos por las Instituciones de Inversión Colectiva y su clasificación con respecto a los artículos 6, 8 y 9 del reglamento SFDR y que suscita la pregunta del título de este artículo.
Economistas sin Fronteras publicó recientemente su informe anual “Estado del sector Español de la ISR” que hace balance de la evaluación de veinte grupos de gestoras que comercializan en España fondos de inversión de los etiquetados como ISR y de los que se hace un seguimiento histórico utilizando una herramienta denominada Laboratorio de Fondos, con una metodología de creación propia que se puede consultar on-line en el siguiente enlace. Esta herramienta ofrece indicadores que miden aspectos como los criterios de selección y análisis de las carteras de valores que utilizan las gestoras, los controles post-inversión que tienen implementados para dar cumplimiento a las políticas ISR aprobadas o la estrategia de comunicación reflejo de la transparencia en la gestión y que representan una aproximación distinta a la que utilizan los catálogos publicados por otras entidades como son Spainsif, VDOS-MSCI y Morningstar-Sustainalytics y en los cuales toma protagonismo la composición de las carteras y su evolución temporal.
El origen de este proyecto de Economistas sin Fronteras es acercar a esa ciudadanía que le despierta el interés en la inversión socialmente responsable, una visualización de los aspectos no financieros implícitos en esta tipología de activos y que parece que cada vez más se demanda sobre los tradicionales análisis fundamental y técnico de instrumentos financieros. Los indicadores no financieros principales que se ofrecen en la herramienta son los que miden la calidad estructural ASG, la cobertura de criterios ASG y el promedio de criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fundamentan las políticas ISR de los fondos analizados, siendo todos indicadores que conectan con la preocupación sobre la adecuación de la etiqueta ISR de las instituciones europeas o de los inversores en general previamente citadas.
De las puntuaciones obtenidas por los fondos de inversión en los distintos indicadores, que se pueden consultar de forma individualizada en la web o de forma agregada en el documento publicado, sin menoscabar el hecho de que no se llega al aprobado en ninguno de los anteriores indicadores (véase el detalle que muestra la infografía publicada), es constatar las siguientes realidades:
El primer descubrimiento es que se exhibe un mayor compromiso por parte de las gestoras con la sostenibilidad en todas las actividades y o decisiones que tienen un destino relacionado con el momento previo a la contratación por parte de los inversores y, por lo tanto, un reflejo directo en la información precontractual pública, contrariamente, se percibe una mayor relajación en los aspectos relacionados con el control de la idoneidad de las carteras de valores con el enfoque ASG adoptado o la transparencia en la información de los indicadores no financieros, muestra de lo cual es el hecho de que en un 35% de los fondos analizados se desconoce si existe un Comité Ético que vele por esta responsabilidad social y que, sin duda, son aspectos igualmente relevantes si el objetivo de la gestora es ser reconocida por una auténtica gestión basada en la sostenibilidad.
La segunda prueba fáctica es que, en general, se observa que la estrategia preferente para fundamentar la especialización ASG es la de integrar criterios excluyentes en las estrategias de inversión, normalmente relacionados con sectores vetados (tabaco, armamento, energías fósiles) o descartando actividades nocivas por contaminantes o con impacto en el cambio climático, pero aún queda muy lejos una manifestación pública del ejercicio de los derechos políticos con criterios responsables que debería ser el objetivo de aquella gestora que es corresponsable con un activismo concienciado con la sostenibilidad, al menos al mismo nivel que se interpela a las organizaciones que no son del sector financiero, con las que comparten tanto la Agenda 2030 o las COP (Conferencia de las Partes) sobre el Cambio Climático.
Por último, una amenaza detectada ha sido que se advierte que un mayor grado de especialización ASG de los fondos suele estar acompañado de una menor cobertura de cartera asegurada, por debajo del 60% de la cartera del fondo, por lo que existe el peligro de que la gestora pueda etiquetarse con las pretendidas tonalidades verde claro o verde oscuro (artículos 8 y 9 del reglamento SFDR respectivamente) minimizando sus esfuerzos por seleccionar y mantener su inversión con criterios consecuentes en los tres ámbitos (ambiental, social y de buen gobierno), siendo la prueba irrefutable del temido greenwashing y que ha llevado a la ESMA, como se mencionó al principio, a proponer la cautela de que al menos el 80% de los activos del fondo deben promocionar características ASG.
Expuestos los hechos revelados por el seguimiento de indicadores no financieros del Laboratorio de Fondos, parece muy oportuna la referida llamada de atención realizada por la ESMA, así como también presumible, aunque no deseable, que se estén produciendo movimientos de degradación en la tonalidad verde en las autoclasificaciones que hacen las gestoras con respecto a la categorización del reglamento SFDR, pues apelando al dicho de no hay que empezar la casa por el tejado, quizás un ejercicio responsable por parte de éstas debería haber consistido en haber propuesto y anunciado a los mercados e inversores su compromiso sostenible siguiendo el recorrido de menos a más y sin quemar etapas, que es la vía de generar confianza en los inversores, así como al compás marcado por las instituciones públicas, que han manifestado claramente su pacto de incentivar la inversión sostenible, y con el objetivo, para aquellas gestoras que asuman esta responsabilidad, de convertirse en auténticos agentes activos de la promoción de la sostenibilidad en los mercados financieros aplicando criterios ASG en las inversiones realizadas y garantizando que lo consiguen con una cobertura cercana al 100%.
