El planeta se calienta más rápido de lo que avanzan las medidas para proteger a las poblaciones frente a sus consecuencias. Mientras el mundo se encamina a superar el umbral de 1,5 °C de calentamiento global, los recursos destinados a preparar a las comunidades ante fenómenos meteorológicos extremos continúan siendo insuficientes. Esta es una de las principales conclusiones del Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuyos resultados han sido difundidos por Noticias ONU.
El documento dibuja un escenario preocupante: los países en desarrollo necesitarán aproximadamente 305.000 millones de dólares cada año hasta 2035 para fortalecer su capacidad de respuesta frente a los efectos de la crisis climática. Sin embargo, la financiación pública internacional destinada a este objetivo se situó entre 28.200 y 31.700 millones de dólares en 2024, una cantidad que evidencia la enorme distancia entre los compromisos internacionales y las necesidades reales.
La advertencia llega en un momento especialmente significativo para la diplomacia climática. Del 9 al 20 de noviembre, Antalya (Turquía) acogerá la COP31, una nueva oportunidad para que los gobiernos acuerden medidas capaces de acelerar la acción climática y garantizar que los países con menos recursos no tengan que afrontar solos las consecuencias del calentamiento global.
La financiación para la adaptación climática apenas ha avanzado durante el último año. Según los datos del PNUMA, los fondos públicos internacionales destinados a los países en desarrollo aumentaron alrededor de 1.000 millones de dólares entre 2023 y 2024, una evolución demasiado lenta frente al crecimiento de las necesidades.
Además, las estimaciones del organismo internacional podrían quedarse cortas. Los 305.000 millones de dólares anuales calculados para 2035 no incluyen las necesidades específicas del sector privado, por lo que el volumen total de recursos necesarios podría llegar a duplicarse.
La situación resulta especialmente preocupante porque la adaptación no consiste únicamente en responder a las catástrofes cuando ya se han producido, sino en anticiparse a sus consecuencias. Esto implica reforzar infraestructuras, proteger los recursos hídricos, mejorar la preparación de las comunidades y desarrollar capacidades institucionales que permitan reducir los riesgos climáticos.
La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, ha alertado de que el mundo todavía no dispone de la preparación necesaria para afrontar las condiciones climáticas actuales, y mucho menos las consecuencias de superar el límite de 1,5 °C.
El informe también advierte de que las pérdidas y los daños asociados al cambio climático siguen aumentando, mientras las dificultades institucionales obstaculizan la aplicación de medidas de adaptación.
Uno de los principales compromisos internacionales en materia de adaptación procede de la COP30, celebrada en Brasil en 2025. Allí, los países acordaron impulsar la financiación dentro del denominado Mutirão Global, una iniciativa cuyo nombre procede de una expresión portuguesa vinculada a una palabra indígena que hace referencia al trabajo colectivo.
El objetivo es triplicar la financiación internacional destinada a la adaptación para 2035. No obstante, el PNUMA advierte de que incluso alcanzar esa meta dejaría sin cubrir la mayor parte de las necesidades.
De acuerdo con sus estimaciones, el incremento permitiría movilizar entre 85.000 y 120.000 millones de dólares anuales. Una vez considerada la inflación, estos recursos representarían únicamente entre el 20 % y el 29 % de la financiación necesaria.
En otras palabras, incluso cumpliendo el compromiso de triplicar los fondos, más del 70 % de las necesidades de adaptación de los países en desarrollo continuarían sin financiación suficiente.
Ante este escenario, Andersen ha reclamado que los gobiernos aprovechen la COP31 para acelerar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Brasil y asumir que será necesario ampliar todavía más los esfuerzos internacionales. El objetivo, ha señalado, debe ser proteger vidas, reducir las pérdidas y los daños y evitar que los impactos climáticos sigan debilitando las economías.
El informe también revisa los avances relacionados con uno de los compromisos adoptados durante la COP26 de Glasgow, celebrada en 2021: duplicar la financiación internacional para la adaptación respecto a los niveles de 2019 y alcanzar los 40.000 millones de dólares anuales en 2025.
Según el PNUMA, todavía existe la posibilidad de cumplir ese objetivo. El organismo apunta que los bancos multilaterales de desarrollo probablemente incrementaron de manera significativa sus aportaciones durante el último año.
También destaca una evolución positiva en los flujos financieros entre países en desarrollo, que pasaron de 3.800 millones de dólares en 2019 a 9.600 millones en 2024.
Sin embargo, estos avances no modifican el diagnóstico general: el ritmo de crecimiento de la financiación continúa siendo insuficiente y los mecanismos actuales no garantizan los recursos necesarios para afrontar una crisis climática cada vez más intensa.
La falta de financiación para la adaptación plantea un desafío que va más allá de las cifras económicas. También pone de manifiesto las desigualdades existentes en la capacidad de los países para proteger a sus poblaciones frente al calentamiento global.
Las comunidades más vulnerables necesitan recursos para anticiparse a los impactos climáticos, reducir su exposición a los riesgos y evitar que los fenómenos extremos se traduzcan en mayores pérdidas humanas, sociales y económicas.
Pero el PNUMA insiste en que aumentar los fondos, aunque imprescindible, no resolverá por sí solo el problema. El informe reclama fortalecer las instituciones, eliminar las barreras que dificultan la ejecución de proyectos y acelerar la puesta en marcha de medidas concretas de adaptación.
En este contexto, la COP31 se presenta como una cita decisiva para evaluar hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a transformar sus compromisos financieros en respuestas efectivas.
La cuestión ya no es únicamente cuánto dinero se promete, sino cuánto llega realmente a los territorios que lo necesitan y con qué rapidez se convierte en protección frente a la crisis climática. Con unas necesidades que podrían seguir creciendo y una financiación que apenas avanza, el desafío de la adaptación vuelve a evidenciar una de las principales contradicciones de la acción climática internacional: los riesgos aumentan mucho más deprisa que los recursos disponibles para afrontarlos.
