Los océanos desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima del planeta. Además de albergar una extraordinaria biodiversidad, funcionan como uno de los principales sumideros naturales de carbono, al absorber aproximadamente el 30% del dióxido de carbono generado por las actividades humanas. También capturan cerca del 90% del exceso de calor acumulado en el sistema climático. Sin embargo, esta capacidad de amortiguar los efectos del calentamiento global comienza a mostrar señales preocupantes de deterioro.
Así lo advierte un nuevo informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), difundido en vísperas de la COP31. El documento señala que la capacidad oceánica de absorción de carbono ya se ha reducido alrededor de un 6%, una tendencia que podría agravarse durante las próximas décadas.
El fenómeno plantea un desafío especialmente complejo: mientras el aumento de las temperaturas modifica las condiciones físicas y químicas del océano, este pierde progresivamente parte de su capacidad para retirar CO₂ de la atmósfera. Como consecuencia, una mayor cantidad de gases de efecto invernadero permanece en el aire, intensificando el calentamiento y generando un círculo de retroalimentación climática.
La degradación de los ecosistemas marinos deja así de ser únicamente una consecuencia de la crisis ambiental para convertirse también en un factor que puede profundizarla.
Uno de los principales desafíos identificados por Naciones Unidas es la insuficiencia de información sobre los procesos que determinan la absorción y el almacenamiento de carbono en los mares.
Aunque los avances científicos han permitido comprender mejor el funcionamiento del océano, persisten importantes vacíos de conocimiento, particularmente en regiones como el Ártico, el océano Austral y el Índico. Estas limitaciones dificultan la elaboración de proyecciones climáticas precisas y la adopción de políticas de conservación eficaces.
Frente a este escenario, el informe destaca la necesidad de ampliar las redes de observación, mejorar los sistemas de medición y promover el intercambio internacional de información científica. La utilización de sensores, modelos climáticos e infraestructuras de seguimiento permitiría identificar cambios en los ecosistemas y anticipar sus consecuencias.
No obstante, la producción de conocimiento no debería depender exclusivamente de las tecnologías avanzadas. Naciones Unidas también reconoce la importancia de incorporar los saberes de las comunidades costeras y los pueblos indígenas, cuya experiencia resulta valiosa para comprender las transformaciones ambientales y desarrollar estrategias de adaptación.
Entre las alternativas para fortalecer la acción climática, el informe destaca la protección y recuperación de los ecosistemas conocidos como carbono azul, que incluyen manglares, marismas y praderas marinas.
Estos ambientes naturales capturan aproximadamente 407 millones de toneladas de CO₂ cada año, además de proporcionar servicios ambientales esenciales para las comunidades y la biodiversidad.
Su conservación ofrece beneficios que van mucho más allá de la mitigación del cambio climático. Los manglares, por ejemplo, contribuyen a reducir la erosión costera y amortiguar el impacto de fenómenos meteorológicos extremos. Las praderas marinas, por su parte, proporcionan refugio y alimento a numerosas especies, favoreciendo el equilibrio de los ecosistemas y las actividades pesqueras.
Por ello, la restauración de estos espacios representa una oportunidad para articular protección ambiental, adaptación climática y desarrollo sostenible, especialmente en territorios expuestos al aumento del nivel del mar y a la intensificación de las tormentas.
El documento también examina distintas tecnologías destinadas a retirar dióxido de carbono de la atmósfera mediante procesos oceánicos. Sin embargo, advierte que muchas de estas soluciones todavía presentan incertidumbres científicas y posibles riesgos ecológicos, por lo que requieren evaluaciones rigurosas, mecanismos de supervisión y marcos regulatorios adecuados.
En este sentido, el PNUMA insiste en que la innovación tecnológica no puede utilizarse como argumento para postergar la descarbonización de la economía. La prioridad continúa siendo reducir las emisiones en origen y evitar nuevos daños a los ecosistemas.
El debilitamiento de los océanos también pone de manifiesto las profundas desigualdades que atraviesan la crisis climática. Los pequeños Estados insulares en desarrollo, responsables de menos del 1% de las emisiones globales, se encuentran entre los territorios más expuestos a sus consecuencias.
La elevación del nivel del mar, la degradación de los arrecifes, la pérdida de biodiversidad y las alteraciones en los recursos pesqueros amenazan sus economías y las condiciones de vida de sus poblaciones.
Ante esta situación, Naciones Unidas reclama mayores mecanismos de cooperación internacional que faciliten el acceso a financiación climática, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades locales.
Entre las experiencias destacadas figura Seychelles, que impulsó un mecanismo de conversión de deuda destinado a financiar la conservación marina y mejorar su resiliencia climática. Este tipo de instrumentos permite vincular la sostenibilidad financiera con compromisos concretos de protección ambiental.
También se mencionan iniciativas desarrolladas en Fiyi, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Vanuatu, donde se han promovido programas para cartografiar manglares y praderas marinas, evaluar sus reservas de carbono y mejorar las capacidades técnicas de los gobiernos. Estas experiencias han permitido formar a más de un centenar de personas en herramientas de evaluación del carbono azul.
Más allá de sus resultados ambientales, estas iniciativas muestran la importancia de que las políticas climáticas incorporen las necesidades de las poblaciones locales y garanticen una participación efectiva en la gestión de los recursos naturales.
Las conclusiones del informe llegan en un momento decisivo para la gobernanza ambiental internacional. De cara a la COP31, la protección de los océanos aparece como una dimensión imprescindible de los compromisos climáticos y de las estrategias de adaptación.
La evidencia científica señala que preservar los ecosistemas marinos, mejorar los sistemas de observación y garantizar recursos para los países más vulnerables son acciones necesarias, pero insuficientes si no se acompañan de una reducción sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El océano ha contribuido durante décadas a limitar la velocidad del calentamiento global, pero su capacidad de seguir haciéndolo no es ilimitada. Reconocer esta vulnerabilidad resulta fundamental para avanzar hacia políticas climáticas que integren la conservación de la biodiversidad, la justicia ambiental y la transformación de los modelos de producción y consumo.
