Con motivo del Día Mundial contra el Cambio Climático conviene plantear una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cómo es posible que la mayor amenaza para nuestro bienestar presente y futuro siga considerándose una política sectorial en lugar de una prioridad de Estado?
Durante años se ha presentado la acción climática como una cuestión ambiental reservada a expertos, ecologistas o ministerios especializados. Ese enfoque ya no responde a la realidad. Hoy el cambio climático afecta a la agricultura cuando las sequías reducen las cosechas; a la economía cuando fenómenos extremos provocan pérdidas millonarias; a la sanidad cuando aumentan las olas de calor y las enfermedades asociadas; al turismo cuando se alteran las condiciones que sostienen buena parte de nuestra actividad económica; y a la seguridad cuando fenómenos meteorológicos cada vez más intensos ponen en riesgo infraestructuras y vidas humanas.
Hablar de cambio climático no es hablar únicamente del futuro del planeta. Es hablar del precio de los alimentos, de la factura energética, de la disponibilidad de agua, de la resiliencia de nuestras ciudades y de la protección de las personas más vulnerables.
España, además, se encuentra en una posición especialmente delicada. Nuestro país figura entre los territorios europeos más expuestos a los efectos del calentamiento global. La escasez hídrica, la desertificación, los incendios forestales o las temperaturas extremas ya no son previsiones científicas para finales de siglo; son fenómenos que forman parte de nuestra actualidad. Cada verano ofrece nuevos ejemplos de una realidad que avanza más rápido que el debate político.
Resulta paradójico que, mientras las consecuencias se hacen cada vez más visibles, las propuestas electorales relacionadas con la transición climática sigan ocupando apenas unas páginas en programas de cientos de folios. Es una contradicción difícil de explicar. Si el cambio climático condiciona el desarrollo económico, la salud pública y la competitividad del país, debería convertirse en una cuestión transversal presente en cada una de las áreas de gobierno.
Los partidos políticos suelen afirmar que escuchan las preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, liderar también implica anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en crisis irreversibles. La buena política no consiste únicamente en gestionar urgencias, sino en preparar el país para los desafíos que vienen. Y ningún desafío tendrá un impacto tan profundo y duradero como el climático.
Convertir la acción climática en una prioridad electoral no significa abandonar otras preocupaciones sociales. Al contrario. Significa reconocer que muchas de ellas dependen directamente de nuestra capacidad para adaptarnos y descarbonizar la economía. La transición energética, por ejemplo, no es solo una medida ambiental. Es una estrategia para reducir la dependencia exterior, impulsar la innovación, atraer inversión y generar empleo de calidad. Del mismo modo, invertir en adaptación climática no es un gasto, sino una forma de evitar costes mucho mayores en el futuro.
La ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad qué proponen los partidos para afrontar este reto. No bastan declaraciones genéricas sobre sostenibilidad ni compromisos vagos de reducción de emisiones. Los programas electorales deberían incluir objetivos concretos, calendarios verificables e inversiones detalladas para preparar a España ante una realidad que ya está transformando nuestro territorio.
El Día Mundial contra el Cambio Climático no debería ser una simple fecha simbólica en el calendario. Debería servir para recordar que el clima no es un asunto ideológico, sino una cuestión de interés nacional. Las diferencias políticas son legítimas y necesarias, pero la protección del futuro compartido exige una ambición mucho mayor que la mostrada hasta ahora.
Quizá haya llegado el momento de exigir a nuestros representantes que respondan a la pregunta que determinará el bienestar de las próximas generaciones: no qué van a hacer con el cambio climático cuando lleguen al gobierno, sino por qué todavía no lo han situado en el centro de sus promesas electorales.
Las reflexiones recogidas en este especial muestran, desde perspectivas muy diversas, una convicción compartida: la acción climática ya no puede abordarse como una política complementaria o secundaria. Expertos procedentes del ámbito científico, empresarial, educativo, social y de la comunicación coinciden en que las decisiones que se adopten hoy marcarán la capacidad de España para afrontar los desafíos de las próximas décadas. La ciudadanía merece saber qué propuestas concretas tiene cada formación política para responder a este reto. Y los partidos deberían asumir que la lucha contra el cambio climático no es una cuestión sectorial, sino una de las grandes responsabilidades de nuestro tiempo. Porque, como ponen de manifiesto las voces que hemos reunido, las acciones de hoy decidirán el país en el que viviremos mañana.
