Las guerras siguen teniendo consecuencias devastadoras para la infancia. A pesar de los avances del derecho internacional y de los mecanismos creados para proteger a los menores en contextos de violencia, las cifras muestran un deterioro sin precedentes. Según los datos presentados por Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad, durante 2025 se verificaron 38.558 violaciones graves de los derechos de 24.174 niños y niñas, el balance más elevado desde la puesta en marcha, en 1996, del mandato sobre la infancia y los conflictos armados.
La situación adquiere una dimensión especialmente preocupante por un cambio en la responsabilidad de estos abusos. Por primera vez desde la creación del mecanismo internacional de vigilancia, las fuerzas gubernamentales concentran la mayoría de las violaciones graves documentadas. Así lo advirtió Vanessa Frazier, representante especial del secretario general de Naciones Unidas para los niños y los conflictos armados, durante la reunión celebrada este lunes para conmemorar el trigésimo aniversario del mandato.
Este escenario pone de manifiesto las dificultades para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección de la infancia. Los abusos registrados incluyen asesinatos y mutilaciones, reclutamiento y utilización de menores por fuerzas o grupos armados, violencia sexual, secuestros, ataques contra centros educativos y sanitarios, así como restricciones al acceso de la asistencia humanitaria. Se trata de las seis categorías de violaciones graves que supervisa Naciones Unidas.
La utilización de armamento explosivo constituye una de las principales amenazas. De acuerdo con UNICEF, más del 70 % de los niños y niñas asesinados o mutilados durante los conflictos armados en 2025 fueron víctimas de este tipo de armas. Los territorios palestinos, la República Democrática del Congo y Nigeria concentraron el mayor número de violaciones verificadas.
El aniversario del mandato internacional también permite reconocer los resultados alcanzados desde su creación. En los últimos treinta años, las iniciativas impulsadas por Naciones Unidas y sus socios han contribuido a liberar a más de 220.000 menores vinculados a fuerzas y grupos armados. Además, se han establecido más de cuarenta planes de acción con actores implicados en los conflictos para prevenir y poner fin a las vulneraciones de derechos.
Algunas experiencias muestran que la cooperación internacional puede traducirse en mejoras concretas. En la República Democrática del Congo, los mecanismos de protección han contribuido a impedir el reclutamiento infantil por parte del ejército nacional. En Nigeria, más de 2.000 menores asociados a una milicia de autodefensa han sido desmovilizados y han recibido apoyo para reconstruir sus vidas.
Sin embargo, estos progresos conviven con un aumento sostenido de los riesgos. La prolongación de los enfrentamientos, la expansión de las operaciones militares hacia áreas urbanas y la evolución de las tecnologías bélicas dificultan la protección de la población civil, especialmente de los niños y niñas.
Las estadísticas reflejan la magnitud del problema: desde 2005, Naciones Unidas ha verificado más de 430.000 violaciones graves contra menores. A ello se añade el deterioro del acceso humanitario. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, señaló ante el Consejo de Seguridad que solo durante 2025 se documentaron más de 8.000 casos de denegación de asistencia humanitaria.
Estas restricciones agravan la vulnerabilidad de quienes dependen de la ayuda internacional para acceder a recursos y servicios esenciales en territorios afectados por la guerra.
La transformación tecnológica de los conflictos representa un desafío adicional para la defensa de los derechos de la infancia. El empleo de drones, sistemas de armamento autónomo e inteligencia artificial está modificando la manera en que se desarrollan las operaciones militares y se toman decisiones relacionadas con el uso de la fuerza.
A estas amenazas se suma la creciente utilización de los entornos digitales por parte de grupos armados para captar, reclutar y explotar a menores. Ante esta realidad, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad, el pasado 19 de octubre, una resolución dirigida a reforzar la prevención de estas prácticas.
Jainaba Jagne, enviada especial de la Unión Africana para esta cuestión, subrayó la necesidad de implicar también a las empresas tecnológicas en la protección infantil. En particular, reclamó una mayor responsabilidad en la identificación y prevención de riesgos, así como en la protección de los datos personales de niños y niñas.
Su intervención puso el foco en una preocupación creciente: evitar que internet se convierta en otro espacio donde los menores afectados por los conflictos queden expuestos a nuevas formas de violencia, explotación y vulneración de sus derechos.
El incremento de la violencia coincide con una reducción de los recursos económicos destinados a responder a sus consecuencias. Durante la reunión del Consejo de Seguridad, Bethany Ellis, directora de la organización Watchlist on Children and Armed Conflict, alertó de que los recortes presupuestarios están comprometiendo la continuidad de iniciativas fundamentales para la recuperación de los menores.
Entre los programas afectados figuran los procesos de reinserción de niños y niñas anteriormente vinculados a grupos armados, los servicios de atención psicológica y el trabajo de las organizaciones locales que investigan y documentan las violaciones de derechos humanos.
La falta de financiación amenaza, por tanto, tanto la atención a las víctimas como la capacidad de identificar y denunciar nuevos abusos.
Ellis también reclamó una respuesta más firme frente a la impunidad. En este sentido, instó a los Estados a revisar sus relaciones con los gobiernos involucrados en estas vulneraciones y a detener las transferencias de armamento hacia aquellas partes que incumplen el derecho internacional.
Por su parte, Vanessa Frazier insistió en que el principal desafío ya no consiste únicamente en aprobar nuevas declaraciones o compromisos, sino en garantizar que las medidas acordadas se traduzcan en resultados. Aunque reconoció el papel del diálogo y la diplomacia para impulsar cambios, recordó que estos instrumentos deben ir acompañados de actuaciones concretas.
La conmemoración de los treinta años del mandato internacional remite al informe elaborado por Graça Machel en 1996, un documento decisivo para situar las consecuencias de los conflictos armados sobre la infancia en la agenda de Naciones Unidas y promover la creación de mecanismos específicos de protección.
Desde entonces, la comunidad internacional ha desarrollado instrumentos jurídicos, sistemas de seguimiento y acuerdos destinados a prevenir la violencia contra los menores. No obstante, los datos de 2025 evidencian la distancia que todavía existe entre los compromisos asumidos y su aplicación efectiva, incluso cuando las vulneraciones proceden de fuerzas estatales.
El reto que plantea Naciones Unidas es también una cuestión de responsabilidad política: conseguir que los Estados utilicen los mecanismos disponibles para exigir el cumplimiento del derecho internacional, incluso cuando las infracciones afectan a gobiernos aliados.
Como recordó Catherine Russell durante la sesión del Consejo de Seguridad, los niños y niñas que hoy viven atrapados en conflictos armados no pueden esperar otras tres décadas para recibir la protección que les corresponde.
Treinta años después de los primeros esfuerzos internacionales coordinados, la defensa de la infancia en las guerras continúa siendo una asignatura pendiente. Los avances logrados demuestran que es posible liberar, acompañar y proteger a miles de menores, pero las cifras actuales recuerdan que esos resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la violencia.
