La defensa de los derechos fundamentales, el rechazo a los discursos de odio y la necesidad de fortalecer una sociedad civil independiente han centrado el mensaje de las principales organizaciones sociales españolas. Coincidiendo con la celebración del Día Nacional del Tercer Sector, la Plataforma del Tercer Sector ha hecho pública una declaración conjunta en la que reivindica el papel de las entidades sociales como agentes esenciales para construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.
Según informa la propia Plataforma, el documento recoge el compromiso compartido de las organizaciones con la protección de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la convivencia democrática y el fortalecimiento de la sociedad civil organizada. La iniciativa también expresa su preocupación por el aumento de las tensiones sociales y políticas y advierte de la necesidad de evitar que las diferencias ideológicas se traduzcan en amenazas, discriminación o violencia.
La declaración fue leída por el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, acompañado por representantes de las entidades que forman parte de esta organización: Cruz Roja Española, Cáritas Española, ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma de Infancia y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.
Uno de los principales mensajes del documento es que la protección de los derechos fundamentales debe mantenerse al margen de las disputas partidistas. Las organizaciones recuerdan que la diversidad de opiniones y el desacuerdo sobre las políticas públicas forman parte de cualquier democracia, pero insisten en que esas diferencias nunca pueden justificar la vulneración de derechos.
En este sentido, reivindican que todas las personas deben poder ejercer plenamente su ciudadanía en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, contando con los apoyos y ajustes necesarios para garantizar ese ejercicio.
El posicionamiento parte de una premisa central: la dignidad humana y los derechos fundamentales deben constituir una base común de la convivencia, independientemente de las circunstancias políticas o de la situación de quienes necesitan protección.
Las entidades también recuerdan que su actividad se desarrolla conforme al marco jurídico vigente, los principios democráticos y los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, cooperación, acción humanitaria y protección social.
La declaración dedica especial atención a la seguridad de quienes trabajan en el ámbito social. Las entidades expresan su rechazo a cualquier manifestación de violencia, intimidación o acoso contra personas, colectivos y organizaciones, especialmente cuando estas actuaciones se dirigen contra profesionales y voluntarios por desempeñar su labor.
El Tercer Sector recuerda que su trabajo permite acompañar y prestar apoyo a miles de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Por ello, considera imprescindible que las organizaciones puedan desarrollar sus actividades sin amenazas ni presiones que comprometan su independencia.
Al mismo tiempo, reconoce que la crítica pública y el debate sobre la actuación de las entidades son legítimos y necesarios en una sociedad democrática. Sin embargo, establece una diferencia entre el ejercicio de la crítica y las prácticas de señalamiento, intimidación o agresión, que no deberían normalizarse como mecanismos de confrontación política o social.
Otro de los aspectos centrales de la declaración es la reivindicación de la autonomía del Tercer Sector frente a los intereses partidistas.
Las organizaciones subrayan que su responsabilidad principal es defender los derechos y la dignidad de las personas, con independencia de qué fuerza política gobierne o de quiénes resulten afectados por las decisiones públicas.
Desde esta perspectiva, defienden la importancia de mantener un diálogo permanente con gobiernos, administraciones y representantes políticos de distintas sensibilidades, sin renunciar a la transparencia ni a su capacidad de actuación independiente.
Asimismo, recuerdan que las entidades sociales canalizan la participación y el compromiso de millones de personas que colaboran, trabajan o desarrollan actividades de voluntariado. Esta implicación ciudadana convierte al Tercer Sector en una parte fundamental de la sociedad civil organizada y en un actor relevante para la defensa de derechos tanto en España como en el ámbito internacional.
La declaración también advierte sobre los riesgos de construir discursos que enfrenten a distintos grupos de población o presenten sus necesidades como incompatibles.
Las organizaciones rechazan expresamente el racismo y los discursos de odio, al tiempo que defienden que la aparición de nuevas situaciones de vulnerabilidad no puede utilizarse como argumento para cuestionar los derechos de otras personas.
En este sentido, recuerdan que garantizar la protección de quienes más lo necesitan no supone reducir los derechos del resto de la ciudadanía. Por el contrario, consideran que la cohesión social exige respuestas basadas en la solidaridad, la igualdad y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas.
Este planteamiento adquiere especial relevancia en un escenario de creciente polarización, en el que las entidades consideran necesario preservar los espacios de encuentro y evitar que las diferencias sociales se conviertan en motivos de enfrentamiento.
En la parte final del documento, la Plataforma del Tercer Sector pone en valor el sistema de derechos, protección social y solidaridad construido durante las últimas décadas en España. Las organizaciones consideran que preservar estos avances constituye una responsabilidad colectiva que requiere la participación de las instituciones públicas y del conjunto de la sociedad.
Por ello, renuevan su compromiso con la cultura de paz, la convivencia democrática, la inclusión y la defensa de los derechos humanos, y expresan su voluntad de continuar colaborando con las administraciones públicas, las empresas, los agentes sociales y la ciudadanía.
La declaración sitúa así el fortalecimiento de la sociedad civil organizada como una condición relevante para afrontar los desafíos sociales actuales y futuros desde el diálogo, la cooperación y el respeto a los derechos fundamentales.
El mensaje del Tercer Sector es claro: una sociedad verdaderamente cohesionada no se construye enfrentando necesidades ni excluyendo a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, sino garantizando que los derechos y la dignidad humana sean respetados sin excepciones.
