La nueva normativa de medidas urgentes en materia de vivienda supone un paso adelante en la protección del derecho a un hogar, aunque todavía quedan pendientes reformas de mayor alcance. Así lo considera la Plataforma del Tercer Sector, organización que representa a cerca de 28.000 entidades sociales y que ha valorado las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 26/2026.
Según informa la Plataforma, parte de las disposiciones aprobadas coinciden con propuestas que las organizaciones del Tercer Sector vienen planteando durante los últimos años. Entre los principales avances señala el fortalecimiento de la protección frente a los desahucios de personas y familias vulnerables cuando no disponen de una alternativa habitacional adecuada.
La organización también destaca la introducción de mecanismos temporales destinados a contener los precios del alquiler, así como medidas orientadas a proporcionar una mayor estabilidad en los contratos.
La norma incorpora, además, actuaciones que trascienden las respuestas de emergencia. Entre ellas figura el refuerzo de la capacidad de los ayuntamientos para aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a viviendas desocupadas, junto con incentivos para favorecer el alquiler residencial y asequible.
También se contemplan distintos instrumentos destinados a incrementar y proteger el parque público y asequible de vivienda, una cuestión sobre la que las entidades sociales vienen reclamando una intervención más decidida.
Uno de los aspectos especialmente valorados por la Plataforma del Tercer Sector es el reconocimiento de la figura de los proveedores sociales de vivienda asequible. Su regulación deberá ser desarrollada por el Gobierno durante los próximos seis meses.
La normativa reconoce asimismo el papel que pueden desempeñar las entidades del Tercer Sector a la hora de proporcionar soluciones habitacionales a personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, establece incentivos para quienes alquilen viviendas a organizaciones sin ánimo de lucro con el objetivo de destinarlas al alquiler social o al alojamiento de colectivos vulnerables.
Pese a estos avances, la Plataforma sostiene que las medidas urgentes no son suficientes para responder a la dimensión de la actual crisis de vivienda. Por ello, plantea la necesidad de impulsar transformaciones estructurales que permitan garantizar este derecho de manera efectiva y sostenida en el tiempo.
Entre las prioridades señaladas se encuentra la ampliación y protección de un parque público y social de vivienda que sea suficiente, permanente y no privatizable. El objetivo, según la organización, debe ser reducir la distancia que todavía existe respecto a otros países europeos.
La respuesta al sinhogarismo, el chabolismo y la infravivienda constituye otro de los retos que, a juicio de la Plataforma, necesita políticas específicas y estables. Al mismo tiempo, propone estrechar la relación entre las políticas habitacionales y los mecanismos de garantía de ingresos, teniendo en cuenta el impacto que el acceso a la vivienda tiene sobre la pobreza y la exclusión social.
La accesibilidad universal ocupa también un lugar central entre las reformas que reclama el Tercer Sector. Garantizar el derecho a una vivienda no pasa únicamente por disponer de un inmueble, sino también por asegurar que pueda utilizarse en condiciones de igualdad.
Para avanzar en esta dirección, la Plataforma plantea adaptar progresivamente el parque residencial existente y acometer los cambios normativos necesarios, entre ellos los relacionados con la Ley de Propiedad Horizontal.
A estas demandas se suma la necesidad de reforzar los mecanismos de inspección frente al acoso inmobiliario, la discriminación en el acceso a una vivienda y otras prácticas que vulneren la normativa.
La Plataforma del Tercer Sector defiende que la vivienda debe consolidarse como una política de Estado y convertirse en uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. La organización vincula directamente las dificultades de acceso a una vivienda digna con problemas como la pobreza, la exclusión social, las desigualdades de oportunidades y las limitaciones para desarrollar una vida autónoma.
Por este motivo, reclama diálogo entre las distintas fuerzas políticas y las Administraciones Públicas para construir un consenso amplio y duradero. La propuesta pasa por combinar las respuestas inmediatas que necesitan actualmente miles de hogares con reformas capaces de garantizar el derecho a la vivienda en el futuro.
Finalmente, la Plataforma ha reiterado la disposición de las entidades sociales a colaborar con las administraciones en los diferentes niveles de gobierno. Su propuesta es aportar su experiencia, conocimiento y presencia territorial tanto al diseño de las políticas públicas de vivienda como a su ejecución, seguimiento y evaluación.
De este modo, la nueva normativa abre una etapa con mayores instrumentos de protección, pero también mantiene sobre la mesa un desafío de mayor alcance: transformar las medidas coyunturales en una política habitacional estable capaz de responder a las situaciones de vulnerabilidad y garantizar el acceso a una vivienda adecuada a largo plazo.
