La protección de la infancia digital avanza hacia un modelo en el que la responsabilidad no recaiga únicamente sobre las familias. La Comisión Europea ha presentado la EU KIDS ACT, una propuesta legislativa que pretende establecer reglas comunes en toda la Unión Europea para el acceso de los menores a redes sociales, plataformas de vídeo, videojuegos y determinadas herramientas de inteligencia artificial.
Según informa la Comisión Europea, la futura norma impediría que los menores de 13 años dispongan de cuentas en redes sociales y fijaría en los 15 años la edad mínima común para abrir una cuenta de manera autónoma. Entre los 13 y los 14 años se contempla un sistema de cuentas supervisadas por padres o tutores.
Pero la propuesta va más allá de establecer una barrera de edad. Uno de sus principales cambios afecta directamente a la responsabilidad de las compañías tecnológicas: serán los proveedores quienes deban acreditar que sus productos y servicios destinados a menores son adecuados para su edad y han sido concebidos bajo el principio de “seguridad desde el diseño”.
Este giro conecta la protección de la infancia con un debate cada vez más relevante dentro de la sostenibilidad empresarial: la responsabilidad de las compañías sobre los impactos sociales derivados de sus productos, servicios y modelos de negocio.
La propuesta establece diferentes niveles de protección. Los menores de 13 años no podrían acceder a las redes sociales, aunque entre los 3 y los 12 años podrían utilizar determinados servicios de vídeo específicamente concebidos para su edad mediante cuentas gestionadas por sus tutores.
Entre los 13 y los 14 años, los progenitores o tutores podrían habilitar las denominadas “minicuentas”, vinculadas a sus propias cuentas. Estas permitirían utilizar determinados servicios sociales y plataformas de intercambio de vídeos, pero con mayores restricciones.
Entre las salvaguardas previstas se encuentran la limitación del número de contactos y un máximo de una hora diaria de exposición. La finalidad es combinar la protección con una incorporación progresiva y acompañada al entorno digital.
A partir de los 15 años, los menores podrían crear sus propias cuentas.
Uno de los aspectos centrales de la EU KIDS ACT es precisamente cómo están construidas las plataformas. La Comisión sostiene que establecer edades mínimas no resulta suficiente si los propios servicios continúan diseñándose para maximizar el tiempo y la atención de niños y adolescentes.
Por ello, las obligaciones alcanzarían a redes sociales, plataformas de intercambio de vídeos, videojuegos en línea, tiendas de aplicaciones, compañeros de inteligencia artificial y chatbots utilizados por menores de 18 años.
La propuesta contempla la prohibición de determinadas características capaces de fomentar un uso excesivo, entre ellas el desplazamiento infinito, las estrategias de recompensa o las notificaciones automáticas durante las horas destinadas al sueño.
También busca limitar los sistemas de recomendación basados en perfiles que puedan conducir repetidamente a los menores hacia contenidos perjudiciales y restringir el contacto de personas desconocidas.
Las cuentas infantiles deberán configurarse como privadas por defecto, mientras que funciones como la geolocalización, la cámara y el micrófono permanecerán inicialmente desactivadas. Las plataformas también tendrán que facilitar mecanismos para bloquear o silenciar usuarios, gestionar el tiempo de utilización y controlar o reiniciar los sistemas de recomendación.
La creciente presencia de sistemas de inteligencia artificial en la vida cotidiana de niños y adolescentes también forma parte de la regulación.
Los compañeros de IA y chatbots deberán estar desactivados por defecto y no podrán diseñarse para simular relaciones interpersonales que generen dependencia emocional.
La medida incorpora así al debate sobre inteligencia artificial responsable una dimensión especialmente sensible: cómo se diseñan tecnologías capaces de interactuar de manera personalizada con menores.
En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los niños interactúan actualmente con algunas de las tecnologías más sofisticadas desarrolladas hasta ahora, pese a que estas no fueron concebidas originalmente pensando en su bienestar. La responsable comunitaria destacó que la nueva regulación pretende invertir la carga de la prueba para que sean las plataformas las encargadas de demostrar que sus servicios son seguros desde su concepción.
Otro de los desafíos será comprobar la edad de los usuarios sin convertir la protección infantil en una puerta de entrada hacia una mayor recopilación de información personal.
La EU KIDS ACT establece que los servicios digitales y las tiendas de aplicaciones deberán incorporar herramientas de verificación de edad. Entre las opciones figura la solución europea diseñada para acreditar este dato sin almacenar documentos de identidad ni información biométrica.
La Comisión Europea señala que su sistema de verificación ha sido concebido para proteger la identidad del usuario durante el proceso y está alineado con el marco europeo de identidad digital.
Las redes sociales y plataformas de intercambio de vídeos deberán comprobar la edad cuando se cree una cuenta nueva. Para las cuentas existentes, los proveedores tendrán que realizar estimaciones mediante indicadores razonables, como la fecha en la que se abrió la cuenta o determinados datos asociados al pago.
La propuesta refuerza especialmente las obligaciones para las plataformas en línea de muy gran tamaño. Antes de ofrecer sus servicios a menores bajo el nuevo régimen, estas compañías deberán presentar un plan de cumplimiento y someterlo a una evaluación independiente.
Si la auditoría detecta deficiencias, la Comisión podrá exigir medidas correctoras. Además, el nuevo marco aprovechará las estructuras regulatorias existentes del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y del Reglamento de Inteligencia Artificial.
Para determinados incumplimientos se prevén procedimientos acelerados. Según la información publicada por la Comisión, las sanciones podrían alcanzar el 6 % de la facturación mundial anual y, para los servicios bajo supervisión comunitaria, se contempla un procedimiento que persigue alcanzar una decisión final en un plazo de 90 días.
La iniciativa llega después del trabajo realizado por el Grupo Especial sobre Seguridad Infantil en Línea, convocado por Von der Leyen y copresidido por Maria Melchior y Jörg M. Fegert. El grupo reunió a jóvenes y especialistas europeos procedentes de ámbitos como la salud, la neurociencia, la psicología, la informática, los derechos de la infancia y la alfabetización digital, y presentó sus conclusiones en julio de 2026.
La regulación refleja, además, una preocupación creciente en Europa por los efectos de determinados entornos digitales sobre niños y adolescentes.
Más allá del debate sobre a qué edad debe comenzar el acceso autónomo a las redes sociales, la propuesta introduce una cuestión de fondo para el sector tecnológico: hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa sobre los riesgos sociales generados por el diseño de sus propios productos.
Con la EU KIDS ACT, Bruselas plantea que la protección de los menores no dependa exclusivamente de las decisiones individuales de padres, madres y tutores, sino que forme parte de la propia arquitectura de los servicios digitales. Una perspectiva que acerca definitivamente la seguridad infantil en internet a las agendas de responsabilidad corporativa, derechos humanos, ética de la inteligencia artificial y sostenibilidad social. La propuesta deberá ahora ser examinada por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su eventual adopción.
