La movilidad eléctrica se aborda a menudo desde los objetivos de reducción de emisiones y los plazos establecidos por Europa para alcanzarlos. La velocidad a la que la infraestructura entra en funcionamiento está empezando, por fin, a ocupar un lugar central en el debate: cómo reducir el tiempo que transcurre desde que existe inversión y un proyecto viable hasta que el conductor puede utilizar el punto de recarga.
Impulsada desde Bruselas, la propuesta legislativa EU Inc. responde a esa necesidad de agilidad. Se trata de un marco jurídico común para la creación y el funcionamiento digital de empresas en la Unión Europea, propuesto por la Comisión Europea y que se encuentra en trámite legislativo.
Trasladado al ámbito de la movilidad eléctrica, el principio que inspira EU Inc. apunta a reducir las diferencias regulatorias y administrativas entre territorios que pueden hacer que un mismo tipo de proyecto se desarrolle mucho más rápido en un lugar que en otro. Esta fragmentación tiene un impacto directo sobre el ritmo de despliegue.
De la inversión al cargador: el tiempo también cuenta
En España, muchas de las condiciones necesarias para acelerar el despliegue ya existen. Dispone de abundante generación renovable y de empresas preparadas para invertir en nuevas infraestructuras. Muchos proyectos cuentan ya con ubicaciones identificadas y la demanda aumenta a medida que crece el parque de vehículos eléctricos.
El principal cuello de botella aparece cuando una estación está lista para avanzar o incluso físicamente instalada, pero continúa fuera de servicio a la espera de los trámites necesarios para operar. El retraso puede deberse a una autorización administrativa, una licencia municipal o la conexión definitiva a la red. La inversión ya se ha realizado, pero la infraestructura sigue sin estar disponible para los conductores hasta que se completan estos procesos.
España ya se puede recorrer en coche eléctrico. Aumentar la disponibilidad de recarga rápida y ultrarrápida depende ahora de poner en funcionamiento más infraestructura allí donde existe demanda, tanto en los grandes ejes de transporte como en los lugares donde los conductores pasan tiempo durante su día a día. Por eso, la recarga rápida y ultrarrápida debe tratarse como una infraestructura relevante para la sostenibilidad y la competitividad. Los requisitos para las nuevas instalaciones pueden mantenerse mientras los procesos necesarios para cumplirlos se hacen más rápidos y consistentes. Los trámites duplicados y los largos tiempos de espera retrasan los proyectos sin añadir infraestructura a la red. Una mejor coordinación entre administraciones, operadores de red e inversores puede reducir esos tiempos.
Menos incertidumbre administrativa, más infraestructura operativa
Para quien invierte en infraestructura, la previsibilidad administrativa importa tanto como el número de trámites. Saber cuánto tardará una autorización y qué criterios deberá cumplir un proyecto permite planificar mejor la inversión. Existen varias formas prácticas de reducir estos retrasos. Los tiempos de autorización pueden acortarse, la coordinación con las distribuidoras puede empezar antes en el desarrollo de los proyectos, las necesidades futuras de potencia pueden incorporarse a la planificación y los criterios administrativos pueden aplicarse de forma más consistente entre territorios.
En España, es aquí donde EU Inc. podría tener un impacto práctico: procedimientos más consistentes entre territorios y una coordinación administrativa que permita reducir el tiempo entre la inversión y la puesta en servicio de una estación. Reducir ese tiempo permitiría que la infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida entrara antes en funcionamiento, aumentando su disponibilidad para los conductores y favoreciendo una mayor adopción del vehículo eléctrico.
