La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia culmina su recorrido parlamentario con el respaldo de la Plataforma del Tercer Sector, que la define como un paso relevante hacia un modelo social que otorgue mayor protagonismo a la autonomía personal, la vida independiente y la participación plena de las personas con discapacidad y en situación de dependencia.
Según informa la propia Plataforma del Tercer Sector, la modificación legislativa responde además a una reivindicación sostenida durante años por el movimiento social de la discapacidad. La entidad destaca especialmente su orientación hacia un sistema de apoyos más accesible, ágil y adaptado a cada persona.
La reforma modifica tanto el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social como la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Su objetivo es extender y reforzar los derechos vinculados a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, en línea con el artículo 49 de la Constitución Española.
Entre los aspectos que la Plataforma valora favorablemente se encuentran la reducción de cargas administrativas, una mayor coordinación entre los sistemas de discapacidad y dependencia y el fortalecimiento de los apoyos necesarios para que las personas puedan desarrollar sus propios proyectos de vida con mayores garantías.
Durante la tramitación, la organización también ha reconocido el trabajo realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), miembro de la Plataforma y referente del movimiento social de la discapacidad, así como la contribución de las organizaciones sociales y las fuerzas políticas que han participado en el proceso mediante el diálogo y la colaboración institucional.
La reforma se enmarca en un proceso más amplio de transformación del modelo de cuidados y atención a la dependencia en España. La normativa busca avanzar hacia un sistema centrado en la persona y respetuoso con sus elecciones y preferencias, con especial atención a la posibilidad de desarrollar una vida independiente y permanecer en el entorno comunitario.
Pese a la valoración positiva, la Plataforma del Tercer Sector advierte de que la aprobación legislativa no constituye el final del proceso. Para la organización, será imprescindible garantizar una aplicación efectiva y reforzar la cooperación entre las diferentes administraciones públicas y las entidades sociales.
El objetivo, sostiene la Plataforma, debe ser conseguir que los cambios incorporados al marco normativo se traduzcan en mejoras concretas para las personas con discapacidad y en situación de dependencia, evitando que los nuevos derechos y apoyos queden únicamente sobre el papel.
Fundada en enero de 2012, la Plataforma del Tercer Sector trabaja para articular una voz común en defensa de los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, con especial atención a las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.
La organización está integrada por nueve grandes entidades y redes estatales: la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), EAPN-ES, CERMI, Cruz Roja Española, Cáritas Española, ONCE, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y la Plataforma de Infancia. A ellas se suman once plataformas y mesas territoriales. En conjunto, representa a cerca de 28.000 entidades del ámbito social.
