La intensidad de los incendios forestales registrados este año en España vuelve a situar la emergencia climática en el centro del debate público. En este contexto, según informa Oxfam Intermón, la respuesta ante estos episodios debe ir más allá de la extinción de las llamas e incorporar políticas estables que reduzcan los riesgos, fortalezcan la resiliencia de los territorios y garanticen una recuperación justa para quienes sufren las mayores consecuencias.
La organización recuerda que, en lo que va de 2026, el fuego ha afectado a más de 172.000 hectáreas en España, una superficie que multiplica por casi seis la registrada en el mismo periodo del año anterior. A su juicio, esta evolución evidencia la necesidad de reforzar la planificación frente a un escenario climático cada vez más complejo.
En paralelo, Oxfam Intermón ha trasladado su apoyo a las personas afectadas por los incendios y ha reconocido la labor de los servicios de extinción, emergencias, administraciones públicas, organizaciones locales y redes ciudadanas que trabajan para proteger a la población y atender a quienes han tenido que abandonar sus hogares.
La petición de la organización coincide con la decisión del Consejo de Ministros de declarar como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil los territorios damnificados por los incendios, una medida que permitirá activar beneficios fiscales y distintas líneas de ayuda para personas, empresas, explotaciones agrarias y administraciones afectadas.
En este contexto,la ONG advierte que resulta fundamental que esas ayudas lleguen con rapidez, cuenten con financiación suficiente y puedan tramitarse de forma sencilla, priorizando a las familias y municipios con menor capacidad económica para afrontar las pérdidas derivadas de los incendios.
La responsable de Justicia Climática de la organización, Sofía del Valle, sostiene que estos episodios representan una emergencia no solo ambiental, sino también social y territorial, por lo que considera imprescindible avanzar desde respuestas puntuales hacia una estrategia permanente basada en la prevención, la adaptación y la recuperación.
La organización recuerda que 2025 ya fue un año especialmente severo para los incendios forestales en España, con más de 354.700 hectáreas quemadas, la mayor superficie afectada de la última década, pese a que el número de incendios fue inferior a la media histórica.
Asimismo, señala que el verano de 2025 fue el más cálido registrado en la España peninsular desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con una temperatura media de 24,2 ºC, es decir, 2,1 ºC por encima del promedio del periodo 1991-2020. Desde 1961, añade la organización citando datos de AEMET, la temperatura media en España ha aumentado 1,75 ºC.
Aunque subraya que el cambio climático no explica por sí solo el origen de cada incendio, Oxfam Intermón insiste en que el incremento de las temperaturas, las olas de calor y las sequías favorece unas condiciones que permiten que el fuego se propague con mayor rapidez, intensidad y dificultad de control.
La organización pone el foco en que las consecuencias de los incendios no se distribuyen de forma homogénea. Las personas con menores ingresos, la población de mayor edad, quienes desarrollan su actividad laboral al aire libre y las familias cuya economía depende de la agricultura, la ganadería, los bosques o el turismo rural suelen disponer de menos recursos para protegerse y recuperarse.
Además, alerta de que en muchos municipios rurales la pérdida de explotaciones, infraestructuras, empleo y servicios esenciales puede acelerar procesos de despoblación y reducir la capacidad de estos territorios para responder a futuras emergencias climáticas.
Por ello, Oxfam Intermón defiende que una política climática eficaz debe incorporar también un enfoque de equidad social que proteja de manera prioritaria a quienes presentan una mayor exposición y una menor capacidad de recuperación.
Entre las principales medidas que plantea la organización figura el mantenimiento de políticas de prevención de incendios durante todo el año, complementadas con inversiones en gestión sostenible del territorio, conservación de los ecosistemas, acceso al agua, fortalecimiento de los servicios públicos y mejora de la capacidad técnica y financiera de los municipios.
Asimismo, considera que las inversiones destinadas a la reconstrucción deberían aprovecharse para reducir vulnerabilidades previas, recuperar infraestructuras y servicios esenciales, proteger los medios de vida y preparar mejor a los territorios frente a fenómenos extremos cada vez más frecuentes.
Finalmente, la ONG sostiene que afrontar la emergencia climática requiere un amplio acuerdo político y social que combine compromisos estables, financiación suficiente, coordinación entre todas las administraciones y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de las medidas adoptadas, integrando la respuesta climática con la reducción de las desigualdades sociales.
