La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha reclamado que los próximos Presupuestos Generales del Estado sitúen la protección de las personas en situación de vulnerabilidad entre las prioridades políticas y económicas de España.
Las principales organizaciones del sector han acordado un documento con 25 medidas destinadas a fortalecer el sistema de protección social, reducir las desigualdades y garantizar recursos suficientes para afrontar los actuales desafíos sociales. Las propuestas se organizan en ocho ámbitos: política fiscal, no discriminación y no regresión de derechos, vivienda, educación, igualdad, cooperación internacional, atención sociosanitaria y sostenibilidad de las entidades sociales.
Para la Plataforma, disponer de unas cuentas públicas actualizadas resulta fundamental para que tanto las administraciones como las organizaciones sociales puedan responder adecuadamente a problemas como la pobreza infantil, la falta de vivienda asequible o las dificultades económicas que afectan a numerosos hogares.
Una de las principales demandas consiste en reforzar el sistema de garantía de ingresos. La Plataforma del Tercer Sector propone ampliar la cobertura y las cuantías del Ingreso Mínimo Vital, elevar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y mejorar el Complemento de Ayuda a la Infancia.
Estas medidas pretenden ofrecer una protección más adecuada a las familias que se encuentran por debajo del umbral de pobreza, especialmente aquellas con niños, niñas y adolescentes. La organización advierte de que las ayudas deben adaptarse a las necesidades reales de los hogares para evitar que las personas más vulnerables queden fuera de los mecanismos de protección.
El documento también plantea incrementar el gasto público destinado a becas y ayudas al estudio. La educación, sostiene la Plataforma, debe funcionar como una herramienta efectiva para reducir las desigualdades y no como un ámbito en el que las diferencias económicas condicionen las oportunidades.
La ampliación del parque público de alquiler asequible y social constituye otra de las prioridades. La Plataforma reclama aumentar la inversión y revisar los criterios de acceso a las ayudas para que contemplen la diversidad de los hogares y las circunstancias específicas de las personas en situación de vulnerabilidad.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión social. Por ello, la entidad considera insuficiente limitar la intervención pública a ayudas puntuales y pide políticas sostenidas que permitan garantizar el acceso a un hogar digno.
En materia de igualdad, las propuestas incluyen asegurar el funcionamiento efectivo de los centros de crisis abiertos las 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual. También se solicita reforzar los sistemas de acogida humanitaria y protección internacional, garantizando una atención adecuada a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado representan “una herramienta clave para avanzar en la garantía de derechos, reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social”.
Poyato ha señalado que las políticas sociales deben contar con recursos suficientes para responder a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.
Con estas 25 propuestas, la Plataforma pretende influir en el futuro debate presupuestario y recordar que las cuentas públicas no constituyen únicamente una previsión económica. También reflejan las prioridades de un país y determinan, en buena medida, su capacidad para proteger derechos, prevenir la exclusión y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.
