La aceleración tecnológica y la presión económica que soportan numerosos hogares europeos obligan a actualizar las políticas sociales y laborales de la Unión Europea. Con este objetivo, la Comisión Europea ha aprobado una nueva Comunicación que evalúa los avances alcanzados y define las próximas actuaciones para garantizar que las transformaciones en curso generen prosperidad compartida.
El documento confirma que el Pilar Europeo de Derechos Sociales continúa siendo el principal escudo social de la UE y su referencia para impulsar una Europa capaz de proteger y ofrecer oportunidades a la ciudadanía. Además de revisar los progresos realizados, la Comunicación plantea cómo anticipar y gestionar los cambios estructurales sin debilitar el modelo social europeo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido que este modelo constituye una de las grandes fortalezas de Europa. Ante los cambios tecnológicos y el aumento de los costes que afectan a las familias, ha reafirmado el compromiso comunitario con la equidad, las oportunidades y la solidaridad.
La primera de las tres áreas señaladas por Bruselas es la pérdida de asequibilidad. Muchos hogares continúan afrontando precios elevados en la vivienda, la energía, los servicios y otros bienes esenciales, por lo que la Comisión pretende seguir respaldando medidas destinadas a reducir el riesgo de pobreza y mejorar el acceso a los servicios básicos.
La institución considera que el empleo de calidad constituye una respuesta fundamental frente a estas presiones económicas. En este sentido, destaca que los salarios mínimos han aumentado de forma significativa en la UE desde la adopción de la correspondiente directiva comunitaria, como mostrará su próximo informe de seguimiento.
Al mismo tiempo, una parte importante del talento europeo permanece fuera del mercado laboral. Facilitar el paso de la inactividad al empleo resulta relevante tanto para reforzar la inclusión y reducir la pobreza como para mejorar la competitividad.
Para explorar nuevas medidas —respetando plenamente el principio de subsidiariedad y las competencias de cada país—, la Comisión ha abierto una consulta inicial con los interlocutores sociales europeos. El proceso abordará una posible actuación comunitaria para apoyar a quienes encuentran obstáculos importantes para acceder al empleo y servirá para orientar las políticas contra la pobreza, la exclusión y la inactividad laboral.
La inteligencia artificial constituye el segundo gran desafío. Su rápido desarrollo está modificando los mercados de trabajo y abre posibilidades para aumentar la innovación, la productividad, el aprendizaje y el crecimiento. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el futuro del empleo, la educación, las capacidades profesionales, la inclusión social y los servicios públicos.
Según explica la Comisión Europea, Europa necesita prepararse para estos cambios y garantizar que los beneficios de la IA alcancen a trabajadores, empresas y ciudadanía. Como parte de este trabajo, creará un nuevo grupo de alto nivel dedicado a estudiar sus efectos sobre el mercado laboral.
La iniciativa busca que la incorporación de estas tecnologías contribuya a una prosperidad compartida y que las herramientas de gestión algorítmica se utilicen de manera responsable en los lugares de trabajo.
La tercera prioridad es reducir las desigualdades que todavía atraviesan los distintos ámbitos de la vida. Bruselas advierte de que estas brechas perjudican la cohesión social y territorial, además de debilitar la sostenibilidad a largo plazo, la capacidad innovadora y competitiva y la estructura demográfica de la Unión.
Aunque reconoce los avances logrados durante los últimos años, la Comunicación reclama mantener los esfuerzos para garantizar oportunidades más equitativas. Entre las actuaciones previstas figura el apoyo específico a las pequeñas y medianas empresas para aplicar la Directiva de Transparencia Salarial.
La Comisión también prepara la iniciativa sobre el Derecho a Permanecer, orientada a que las personas puedan desarrollar su vida en el lugar que elijan, y presentará una nueva Estrategia de la UE para la Juventud posterior a 2027.
Antes de que termine el año, Bruselas tiene previsto presentar una Ley de Empleos de Calidad, que dará continuidad a la hoja de ruta desarrollada en esta materia. También estudiará nuevos indicadores para medir la calidad laboral en los Estados miembros, complementando los objetivos europeos de 2030 sobre empleo, formación y reducción de la pobreza.
Adoptado en 2017, el Pilar Europeo de Derechos Sociales reúne 20 principios relacionados con la igualdad de oportunidades, las condiciones laborales justas y la protección social. Desde entonces, ha orientado iniciativas como la Garantía Infantil Europea y la Directiva sobre Salarios Mínimos, bajo la premisa de que invertir en las personas constituye tanto una necesidad social como económica.
En la Cumbre Social de Oporto de 2021, los dirigentes europeos, las instituciones y los agentes sociales acordaron colocar la dimensión social en el centro de las políticas comunitarias. Allí se establecieron tres objetivos para 2030 vinculados al empleo, la formación y la reducción de la pobreza.
La nueva Comunicación busca mantener ese rumbo en un escenario marcado por la transición digital, los cambios estructurales y el encarecimiento de las necesidades básicas. El reto será convertir los compromisos anunciados en políticas capaces de proteger los derechos y repartir de manera justa los beneficios de la transformación económica.
