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España sólo ha acogido a 474 personas refugiadas y ha recortado casi un 70% el presupuesto destinado a ayuda humanitaria. Las devoluciones en caliente, los pactos con países africanos o el aval del acuerdo UE-Turquía evidencian la mala gestión de la política migratoria española, según un informe de Óxfam Intermón

Las políticas del Gobierno español destinadas a  proteger y asistir a las personas desplazadas no sólo incumplen los compromisos adquiridos sino que, en muchos casos, vulneran los derechos de las personas. Así lo demuestra el informe presentado por Oxfam Intermón que estudia la actuación de España ante la mayor crisis de desplazamiento de la historia.

España es la 14ª economía mundial por PIB y ocupa el puesto número 26 en el índice de desarrollo humano, por tanto dispone de recursos para dar una respuesta adecuada a la actual crisis migratoria. Uno de los mecanismos que España debería promover son las vías de tránsito seguras y legales para que la gente no tenga que arriesgar su vida en su intento de llegar a territorio seguro. Pero la realidad demuestra que está muy lejos de cumplir con sus compromisos. Hasta la fecha, solo han llegado a territorio nacional 474 refugiados, de un total de 17.387 al que las autoridades se habían comprometido acoger. Esto significa que el Gobierno solo ha cumplido con el 18% del objetivo de reasentamiento y con el 1% del de reubicación. Además, España no concede visados humanitarios porque ninguna ley estatal contempla esta posibilidad.

“Es necesario que el Gobierno español abandone su actitud vergonzosa en este tema, se comprometa a acoger más refugiados y ofrezca protección a los menores no acompañados”, afirma Paula San Pedro, responsable de incidencia humanitaria de Oxfam Intermón.

Insignificante ayuda humanitaria

España también suspende en ayuda humanitaria. En un contexto internacional en el que cada vez hay más personas afectadas por crisis humanitarias (95 millones según la ONU) los fondos requeridos se han multiplicado casi por cinco. Sin embargo, las aportaciones de los donantes no han acompañado las necesidades. España es uno de los países que más ha contribuido a esa brecha: la ayuda humanitaria ha sido la partida más recortada de los presupuestos del Estado, un 67% desde 2011 cayendo a 44 millones en 2015. España ha destinado 16 millones a Siria, muy poco para atender las enormes necesidades, e ignora otras crisis humanitarias que también provocan millones de refugiados, como las de Irak o Afganistán.

Blindaje de fronteras

Desde 2006 el Gobierno español desplegó una amplia respuesta diplomática, económica y militar en África para frenar la migración ‘ilegal’ procedente de la entonces llamada ‘crisis de los cayucos’. La respuesta fue rápida y contundente: se puso en marcha el Plan África y otros acuerdos de cooperación que aseguraban estar al servicio del desarrollo del continente africano. La realidad escondía la voluntad de externalizar las fronteras, pagando para que otros controlasen los flujos migratorios, haciendo pasar esta colaboración por Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

Esta externalización de fronteras ha servido de modelo para Europa. Ejemplo de ello es el acuerdo UE-Turquía o el Marco de Asociación sobre Migración elaborado por la Comisión Europea.

En su propio territorio, el uso de vallas con cuchillas y concertinas en Ceuta y Melilla, el establecimiento de centros de detención y las devoluciones en caliente son mecanismos de control migratorio que atentan contra los derechos de las personas, tal como denuncian organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

Además, todo ello ha obligado a miles de personas a cambiar de ruta, añadiendo peligros e incertidumbres. A día de hoy, a pesar de ser la única entrada terrestre entre Europa y África, España es la puerta menos utilizada, con cerca de 3.000 personas anuales, muy lejos de los más de 160.000 que han cruzado Grecia en 2016 o los 105.000 que han pasado por suelo italiano. Por no hablar de las más de 800.000 personas que llegaron a Grecia el año pasado.

“Lo único que consiguen los muros es que las personas se vean obligadas a arriesgar sus vidas buscando rutas más peligrosas, que además enriquecen a las mafias”, asegura San Pedro. “Que el Gobierno defienda nuestras fronteras de este modo atenta contra los derechos humanos e impide que las personas que huyen de situaciones traumáticas puedan pedir asilo y proteger sus vidas y las de sus familias”.

Recomendaciones para España

En este contexto de desplazamiento global sin precedentes, el Secretario General de Naciones Unidas anunció la primera Cumbre sobre Refugiados y Migrantes que se va a celebrar este lunese 19 de septiembre en Nueva York. Mañana, Barack Obama oficiará la Cumbre de Líderes sobre Refugiados con el fin de que los países aumenten sus compromisos de reasentamiento y de ayuda.

A pesar de que el documento pre-aprobado antes de la Cumbre de la ONU no incluye ningún compromiso concreto para mejorar la vida de las personas desplazadas, es un primer paso para mejorar la respuesta global a esta crisis. Para España es una ocasión única para dar un giro radical a las políticas de migración y refugio, haciendo que los derechos prevalezcan por encima de cualquier otra política.

“La parálisis institucional española no justifica de ninguna manera que el Gobierno en funciones de la espalda a millones de personas y no se comprometa a aumentar los fondos destinados a ayuda humanitaria ni a asumir sus compromisos de acogida”, asegura San Pedro.

Oxfam Intermón pide al Gobierno en funciones y al Parlamento que:

● Promuevan vías legales y seguras.

● Aumenten y salvaguarden la ayuda humanitaria.

● Promuevan los derechos de las personas desplazadas en su política exterior.

● Protejan a quienes llegan a nuestras fronteras.

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