La relación con los clientes y el respeto de los derechos humanos son los aspectos más valorados en temas de responsabilidad social por parte de los consumidores españoles al analizar a las empresas nacionales.
Como era inevitable, la escandalosa crisis económica que ha desencadenado el mundo rico ha acabado afectando trágicamente a muchos países pobres. Y también al muy insuficiente apoyo que el mundo rico les concede.
Es algo que se está reflejando en múltiples esferas, desde las negociaciones de la Ronda Doha a las políticas públicas de cooperación con el desarrollo. Y también, cómo no, en el esfuerzo (y el dinero) con que se impulsan desde el Norte los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Nunca los escépticos confiaron demasiado en el logro de estos objetivos: los últimos datos publicados por Naciones Unidas confirman ahora (sobre todo, si se separa del bloque de países pobres a los grandes países emergentes) que ese escepticismo estaba sólidamente fundado. Mucho más a la vista de la desesperanzadora Cumbre que los principales dirigentes políticos mundiales han celebrado en Nueva York a finales del pasado septiembre.
Por eso, no estaría demás repensar qué se podría hacer desde los principales agentes sociales, políticos y económicos para evitar el fracaso en la meta de 2015, que parece previsible: un fracaso que presupondría la impotencia internacional para combatir la miseria y el subdesarrollo incluso en los niveles tan modestos que se fijan los ODM.
Entre esos agentes figuran destacadamente las grandes empresas transnacionales (ET). Parece incuestionable que estas empresas tienen una considerable capacidad para ayudar al cumplimiento de los ODM: así lo ha reconocido la propia Organización de las Naciones Unidas, que ya desde hace bastante tiempo las viene lanzando encendidos llamamientos para su colaboración en esta esfera, como actores básicos en el afrontamiento de los grandes desafíos mundiales de la pobreza, el subdesarrollo y todas sus lacras derivadas.
Son llamamientos que muchas ET han asumido formalmente, sumándose al compromiso de los ODM y tratando de desarrollar actuaciones que coadyuven a su logro. Actuaciones que en muchos casos son reales y en algunos, incluso significativas. Pero que en la inmensa mayoría no dejan de ser acciones que ya se venían realizando (y que ahora se clasifican oportunamente como medidas orientadas a los ODM) y que en no pocos casos son ante todo ingeniosos ejercicios de pirotecnia cosmética, que poco contribuyen a combatir la tragedia del subdesarrollo. A eso hacía referencia un espléndido (como todos los suyos) texto del blog de Antonio Vives recogido recientemente en “Diario responsable” (Un llamado a la responsabilidad empresarial”), en el que insistía en la importancia que para los ODM pueden tener los negocios inclusivos.
Aunque probablemente con menor importancia, uno de los aspectos de la actividad empresarial en que más clara parece la insuficiencia del compromiso con los ODM es la llamada “acción social”: el conjunto de iniciativas de apoyo a causas sociales (en todos los ámbitos) desarrolladas casi siempre fuera del mercado y en las que las empresas no pretenden (dicen no pretender) beneficios directos (aunque sí, por supuesto, efectos positivos indirectos). La vertiente más voluntaria, filantrópica y desinteresada de la responsabilidad social de las empresas, según muchos; un notable volumen de dinero destinado a finalidades básicamente de imagen, según otros, en las que importa poco (y no se controla prácticamente nada) su eficacia práctica para las causas sociales a las que apuntan.
Se trata de una serie de actuaciones que muchas ET aseguran dedicar en gran medida (cuando no en su totalidad) a finalidades relacionadas con los ODM y que en conjunto alcanzan una cuantía económica muy sustancial. Pero una cuantía con no demasiada efectividad total, por esa orientación a la imagen antes mencionada y por su propia dilución: porque cada empresa -en buena lógica- la dedica a los campos que considera más apropiados para sus objetivos (y en no pocos casos, porque simplemente se gestiona mal y sin sentido estratégico alguno).
Es esta situación, y la dramática gravedad del problema de fondo, la que creo que podría justificar una acción internacional en este campo: una acción liderada por Naciones Unidas, y quizás en el marco del Pacto Mundial por la RSE, para impulsar una coordinación de una parte de las políticas de acción social de las ET para dirigirla real y eficazmente a contribuir al cumplimiento de los ODM. A simple título de ejemplo: que todas las ET que quisieran sumarse al Pacto Mundial (y, por supuesto, las restantes empresas que desearan añadirse) y que quisieran lucir el sello de Naciones Unidas de “empresa colaboradora con los ODM” dedicaran una parte de su acción social (cuanto mayor sea el nivel, en mi opinión, mejor) a un fondo coordinado y supervisado por Naciones Unidas y por cada gobierno nacional dirigido al logro de los ODM, pudiendo cada empresa únicamente señalar el objetivo concreto al que quisiera destinar su contribución. Todo en el marco de la necesaria fijación por cada gobierno de metas nacionales en los ODM que muchas ONG vienen reclamando.
No se vulneraría apenas con ello el carácter voluntario de la acción social, porque sólo participarían en la iniciativa las ET que quisieran. Apenas, porque me parece inapelable la necesidad de fijar un volumen mínimo de acción social en función del beneficio, que tendría que controlarse y auditarse.
En contrapartida, se conseguiría multiplicar la ahora muy débil utilidad social de esas actuaciones, focalizándolas, coordinándolas y gestionándolas de forma coherente y concentrada, para conseguir la eficiencia y la masa crítica adecuadas para los objetivos perseguidos.
Desde luego, no se cambiaría radicalmente el panorama de los ODM. Pero se ayudaría sensiblemente a mejorarlo. Y se abriría quizás una puerta para posibilitar otras formas de colaboración institucional-empresarial para el cumplimiento de los ODM más ambiciosas y efectivas.
¿Algo totalmente irrealizable? ¿O algo simplemente difícil, pero por lo que merecería que la sociedad civil se movilizara? Muros más altos han caído.
Desde nuestro punto de vista, celebramos y apoyamos todas las iniciativas, públicas y privadas, destinadas a promocionar el desarrollo e implantación de la RSE por parte de las empresas (muy especialmente las dirigidas a las PYMES) y de cualquier otro tipo de organizaciones. Para las empresas que operamos en las diferentes Comunidades Autónomas e incluso en mercados globales, es necesaria una adecuada consistencia u homogeneización normativa que evite costes adicionales derivados de requisitos diferentes, que a su vez puedan afectar de forma negativa a la competitividad de las empresas.
José Manuel Sedes
Un tercio de los miembros de Consejos de Administración de las empresas españolas cotizadas considera que el modelo de Buen Gobierno español es susceptible de mayor regulación, según un estudio de PricewaterhouseCoopers (PwC).
Entre los puntos de mejora de los consejos de administración destacan, además de una mejor implantación del modelo de Buen Gobierno español, la necesidad de una mayor formación para los consejeros ya que en el 25% de las compañías encuestadas no existe, así como una mayor actividad de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ya que el 68% de las compañías le dedican a esta Comisión menos de 20 horas..
