Recientemente Canadá ha decidido crear una veeduría institucional en el sector extractivo, que buena falta le hace dado el comportamiento de las empresas de este país en Latinoamérica.

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Dicho órgano va a depender del Ministerio de Comercio Internacional, como sucede en los países nórdicos. El impacto que tiene el sector extractivo sobre las comunidades receptoras es grande, por lo que ha sucitado el interés del gobierno canadiense, no es para menos.

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A diferencia de las veedurías corporativas (sindicatos, observatorios, etc.) o las ciudadanas (formadas por la sociedad civil independiente), una veeduría institucional está formada e impulsada esencialmente por el gobierno.

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Son pequeños pasos hacia lo que debería ser la esencia de una veeduría, el carácter asambleario y multilateral, las veedurías ciudadanas, existentes por ahora casi en exclusiva en países como Ecuador y con la única función por el momento de escrutar qué hacen los gobiernos municipales con el dinero público.

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Las veedurías ciudadanas debería ser un órgano clave de desarrollo futuro de la RSC, en cuanto que vigilan y a su vez crean incentivos entre los agentes sociales responsables. Son a su vez un ejemplo de implicación activa de la sociedad civil en asuntos trascententes, como a través del fomento del consumo responsable. Porqué la RSC no es sólo cuestión de empresas.

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