Nuestros expertos propusieron en octubre un pacto de Estado sobre inmigración. Y mantienen la propuesta. Porque esta coyuntura demuestra que es mejor actuar en clave de anticipación y de oportunidad en los temas relevantes.
Porque como muy tarde cuando salgamos de la crisis nos sorprenderá de golpe el espectacular efecto de la evolución demográfica en nuestra sociedad y nuestros mercados de trabajo, bienes y servicios. También los de ahorro. Cuyos cuidados paliativos pasan sí o sí por la inmigración.
La propuesta apenas tuvo eco. Como si los agentes sociales no compartieran buena parte del discurso de base sobre la inmigración. Será porque sólo son capaces de coincidir en público en la esperanza que ahora despierta Mr. Obama. O porque no tenemos líderes. Ni responsables. O no todavía. Nos acaba de dar una lección la Secretaría per a la Inmigració de la Generalitat de Catalunya al aprobar su Pacte Nacional per a la Inmigració.
Un documento gestado en quince meses, con la participación de más de ochenta expertos y un debate ciudadano abierto. Un total de 1.515 personas realizaron 2.371 aportaciones sobre la gestión de flujos migratorios, el acceso al mercado de trabajo, la adaptación de servicios públicos o la política de integración.
Pura fusión económica, social y política. Y ciudadana.
