¿ Qué expectativas tiene del Cosenjo?
Las expectativas giran en torno a dos aspectos. El primero está relacionado con la operativa y normas de funcionamiento que según establece el real decreto serán determinadas en su primera sesión. Y el segundo son las relativas al contenido y papel que le tocará jugar a este consejo. Nuestras expectativas están muy definidas, el Consejo debe contar con unas normas de funcionamiento y unos protocolos de actuación claros y concisos en torno a aspectos clave como es el sistema de toma de decisiones, formulación del orden del día, confidencialidad de los temas tratados, injerencia de elementos externos, periodicidad de las reuniones, configuración y funcionamiento de los grupos de trabajo. En relación al contenido, el Consejo debe servir de guía para el Gobierno en la puesta en marcha de políticas, medidas, y propuestas de estándares y medir las .tendencias a nivel local, autonómico, estatal y europeo.
¿Le parece apropiada la selección de los miembros de la Sociedad Civil por parte del Ministerio de Trabajo?
Nosotros desde un inicio hicimos pública nuestra posición de que el Consejo debía mantener un adecuado equilibrio de poder en su constitución; característica fundamental en un órgano que debe considerar los intereses de los diferentes grupos de interés. El Consejo debería contar con las organizaciones sociales (de desarrollo, medioambientales, derechos humanos, de economía social, de consumidores y de discapacidad) como interlocutores que tienen la misma representatividad e importancia en el proceso de la RSC que la que reciben los interlocutores sociales tradicionales (patronal y sindicatos).
Establecer un grupo de trabajo donde se de preponderancia (por su configuración y proporcionalidad) a unos grupos de interés frente a otros es contrario al espíritu de la RSC, y además responde a un esquema de trabajo ya superado tanto en foros de debate español, como en foros internacionales (Foro Multistakeholder de la Unión Europea, o del Banco Mundial). Por tanto hemos mostrado nuestra disconformidad a que en el grupo tercero estuviesen representadas entidades que defienden intereses empresariales, que ya están ampliamente representados en el grupo primero.
Como Coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ¿cree usted que desde el que el Consejo sólo se debe promover a las empresas que lo hacen bien o también proponer algún tipo de correctivo para aquellas entidades dicen que hacen y llevan a gala su RSE, hasta que alguien mira debajo de la alfombra?
Desde el Consejo se deben proponer la adopción de medidas por parte de las administraciones públicas, no promover o castigar. Creo que uno de los primeros temas que debe abordar el Consejo es la necesidad de proponer estándares en las memorias de sostenibilidad, así como las herramientas más adecuadas para su elaboración y posterior verificación. Otro de los temas que consideramos básicos para ordenar el mercado de la RSC es trabajar sobre algún sistema que controle o verifique las campañas de comunicación en torno a la sostenibilidad.
Asistimos a tiempos duros para muchos ciudadanos, Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Seat, General Motors, Santana, Futura, Span Air y en miles de PYME, además del parón en a construcción, ¿Cúal cree usted que debe ser la actitud de las empresas en esta situación?
Dependerá de muchos factores, entre ellos de cómo se configuren los mercados después de la aplicación de nuevos marcos regulatorios. La RSC más que un valor añadido, se ha demostrado que es la constatación de un déficit. Y en este sentido creo que una de las medidas que veremos pronto en el ámbito de la RSC está relacionada con la transparencia y una normativa a nivel europeo que regule la información social y medioambiental de la empresa. Mientras tanto, todo parece indicar que asistiremos a situaciones dramáticas que se manifestarán en altas cotas de desempleo, cierre de empresas y expedientes de regulación de empleo. Ante esta situación el Estado debe estar vigilante para que no se produzcan fraudes de ley y no se aproveche la situación actual para soltar lastre por parte de algunas empresas.
¿Debe el estado acudir en su rescate?
Por supuesto que no, pero en el caso de los intermediarios financieros la situación es más compleja. El papel del Gobierno en esta situación es generar confianza y tomar las medidas necesarias para que el sistema no se desmorone. Tenemos que tener en cuenta que los sistemas financieros cumplen una función básica dentro de nuestras sociedades y que las entidades de depósito son las encargadas de gestionar los ahorros de los ciudadanos, de cada uno de nosotros. Paralelamente se deben fortalecer los mecanismos de supervisión y endurecer las normas en relación a la solvencia y gestión del riesgo en las entidades de crédito.
Otro aspecto fundamental es fortalecer la transparencia de las empresas, especialmente de las entidades financieras, luchar contra los paraísos fiscales de una manera coordinada, normalizar a aquellos chiringuitos financieros que han hecho el agosto en España aplicando intereses leoninos y fomentando el sobreendeudamiento, en muchos casos en familias humildes.
Se debe trabajar en un marco internacional para evitar la salida de capitales. Es muy injusto que los grandes patrimonios que invierten en mercados financieros a través de SIM, SIMCAV, Fondos Capital Riesgo.., cuenten con exenciones fiscales de hasta el 99%. Otra medida que se debería aplicar a nivel internacional es la propuesta del premio nobel de economía James Tobin, que propone tasa que se grave con un 0,5% las operaciones financieras internacionales.
La caída del muro de Berlín, supuso el fin del modelo económico socialista, cree que la crisis económica producirá algún tipo de cambio en nuestro modelo económico actual?
En los últimos meses la economía y más concretamente el sistema financiero se están convirtiendo en un tema de conversación recurrente del que todo el mundo opina:
"Yo ya sabia que la empresa x no estaba bien gestionada. No era lógico que en una organización existan personas que reciben una remuneración 600 veces inferior a otras, no es lógico, no es justo."
"Yo ya sospechaba que no es viable que Pedro y Carmen tengan que comprometer el 60 o 70% de sus ingresos durante 30 o 40 años para comprarse una casa, un bien de primera necesidad y un derecho constitucional."
"Yo ya intuía que un mercado con los niveles de desregularización actuales combinados con un sistema que busca la máxima creación de riqueza en el menor tiempo posible es insostenible."
Hoy todo el mundo sabía, sospechaba o intuía, sin embargo una gran mayoría negaba categóricamente la necesidad de introducir mecanismos de vigilancia y sanción. Eran meramente anecdóticos los que abogaban por una mayor intervención pública y una inmensidad los que creían en la autorregulación y en un mercado en estado puro sin interferencias.
Nadie avisó a la Carmen y Pedro que su situación laboral podía cambiar en los 30 años de hipoteca, que los tipos de interés podían subir y que el precio de su vivienda podía caer en picado. Las medidas de gobierno corporativo introducidas por los organismos supervisores a raíz de la crisis de las punto-com, se han mostrado insuficientes y los Consejos de Administración de empresas que pertenecen a millones de personas continúan aprobándose sueldos multimillonarios con clausulas de blindaje que en algunos casos superan los 60 millones de euros, mientras aplican políticas de subcontratación y preconizan la necesidad de un mercado laboral más flexible.
Un mercado sin reglas no funciona, todos las tienen. Un mercado cortoplacista que prima la obtención de beneficios por encima de los derechos humanos y el medioambiente no es sostenible. Espero que pongamos remedio antes de que sea demasiado tarde y que hoy se valore más la opinión de los que, no solamente lo sabían, lo sospechaban y lo intuían, sino que también lo decían.
