Diario Responsable /ANIA.-La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) presenta el próximo 8 de octubre en la Fundación Caixa Galicia de A Coruña la tercera edición de su estudio sobre La Opinión y Valoración de los Consumidores sobre la Responsabilidad Social de la Empresa en España. Las empresas mejoran algo su valoración, pero el consumidor demanda más información.
De carácter bianual, este estudio elaborado por CECU, con la colaboración del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y de la Universidade Da Coruña y la subvención del Instituto Nacional del Consumo, se ha convertido tras seis años en una de las principales referencias de nuestro país a la hora de evaluar la opinión e información que tienen los ciudadanos sobre la actividad social de las empresas españolas.
Los datos de esta edición nos muestran la necesidad de que empresas y administraciones se apliquen en la mejora, en cantidad y calidad, de la información que ofrecen a los consumidores, ya que el 70% de los encuestados en todo el territorio nacional aún desconocen el concepto y significado de la RSE. Además, un 75% señala que ejercería un consumo más responsable si tuviera una información más accesible sobre el compromiso de las empresas con los aspectos sociales. Los ciudadanos creen que tienen poca o muy poca información sobre RSE y, además, siguen considerando a las empresas como las fuentes menos fiables, frente a las ONGs y los medios de comunicación, más dignos de credibilidad, según la opinión de los consultados.
Las empresas españolas mejoran algo su valoración general respecto a los datos de 2006, aunque las calificaciones siguen siendo bajas, situándose en un aprobado ajustado para su actuación en España (5,3 sobre 10) y en un insuficiente 4,9 cuando operan en los países en vías de desarrollo. Resulta, por otra parte, interesante observar que, aunque se sigue suspendiendo a la administración central en cuanto a las políticas relacionadas con la RSE, se sitúa cerca del aprobado al subir su valoración un 18% respecto al estudio anterior y se refuerza el papel del Estado como legislador, dinamizador y sancionador de los comportamientos relacionados con la RSE.
