Respirar un aire limpio, beber agua pura y vivir en un entorno sano no debería ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todas las personas. Sin embargo, las prácticas actuales de producción, consumo y gobernanza están llevando al planeta a un punto crítico. La contaminación —del aire, del agua, del suelo— no es un daño colateral inevitable del desarrollo, sino una consecuencia directa de decisiones políticas y económicas que pueden y deben cambiarse.
Para avanzar hacia un mundo libre de contaminación, necesitamos transformaciones profundas a nivel social, económico y político.
En lo social, el cambio comienza con la información y educación orientada a la acción. Las decisiones cotidianas —desde cómo nos transportamos hasta lo que consumimos— deben estar guiadas por criterios de sostenibilidad para modificar patrones de consumo que hoy son insostenibles. Pero para ello también es clave dotarles de herramientas que les permitan estar informados de forma clara y transparente para que su toma de decisión y sus hábitos generen el impacto deseado.
En el plano económico, es indispensable abandonar el modelo extractivista que prioriza el lucro sobre la vida y acelerar la transición hacia modelos productivos circulares y regenerativos. Esto implica repensar cadenas de valor, invertir en innovación sostenible y rediseñar incentivos fiscales y financieros para premiar no solo a quienes reducen su impacto ambiental si no a quien restaura y regenera el ecosistema, transformando sus entornos, generando vida, bienestar y nuevas economías al servicio de la Tierra. Objetivos en los que se basa La Alianza por la Regeneración a cuya primera reunión celebrada en mayo tuve la posibilidad de asistir.
Finalmente, a nivel político urge, quizás más que fortalecer, exigir la aplicación de las leyes ya existentes que protegen los recursos naturales y penalizan la contaminación. Son muchos los casos de regulación ya aplicable que no se están cumpliendo o se están aplazando, y que son claves para avanzar en sostenibilidad. Porque las organizaciones deben ser responsables de su impacto ambiental, y tanto vía regulación como a través de la presión de los grupos de interés, se debe aplicar el principio de “quien contamina, paga” de forma real y efectiva.
En lo que a contaminación se refiere, son muchos los objetivos marcados. De hecho, el 12 de mayo de 2021, la Comisión Europea adoptaba el Plan de Acción de la UE: "Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el suelo", como parte del Pacto Verde Europeo. Un plan de acción con horizonte 2050 pero con objetivos intermedios 2030 como:
Objetivos que, si bien no parecen ambiciosos, la situación actual nos muestra que sí lo son.
Y es que vivir en un medioambiente sano es la base del resto de derechos humanos. No se trata solo de proteger la naturaleza por sí misma, sino de dar al menos lo mismo que recibimos de ella. Por ello, además de acciones que han de asumir los demás, quizás algo tan sencillo como comprometernos como personas y organizaciones a dejar siempre en lo posible las cosas y las personas mejor que como las encontramos, nos abra el camino hacia los objetivos y así garantizar condiciones dignas de vida para las generaciones presentes y futuras. ¿Te apuntas?
