A más expolio de bienes naturales,  más asesinatos de quienes los defienden
Rosa. M Tristán

Hoy Día de la Tierra seguramente en algún lugar del mundo un líder comunitario, un indígena, alguien dedicado a la defensa de los derechos humanos, al activismo ambiental, perderá la vida en manos otro alguien que, también seguramente, ni será detenido, ni investigadas sus razones, ni compensadas las familias de sus víctimas. Es más que probable que detrás de ese crimen se esconda el negocio de una gran compañía minera, energética, de la expansiva agro-industria o de la madera. Proyectos de ‘desarrollo’ de los que se promueven a ‘bombo y platillo’ en lugares que se habían salvado hasta ahora y que están habitados por pueblos y comunidades que no figuran en las ‘hojas de ruta’ de las juntas generales de accionistas de la mayoría de las empresas.

Hoy, otro 22 de abril, en el mundo hay más de 3.600 conflictos ambientales relacionados con el acaparamiento de tierras y ríos, con la contaminación, la deforestación y la pérdida de biodiversidad y muchos de ellos están relacionados, de una u otra forma, con la actividad de las 100.000 transnacionales en el mundo, que sistemáticamente vulneran los derechos humanos y ambientales, tal como refleja el Atlas de Justicia Ambiental, que es más bien el mapamundi de la injusticia global. Sólo en 2021, hubo 358 asesinatos documentados de personas defensoras de derechos, casi uno al día, y de ellos 258 (el 60%) luchaban por los bienes naturales de la que llaman “la madre Tierra”.

Hace más de 20 años que se puso en marcha el Pacto Mundial de la ONU para poner sobre la mesa la responsabilidad del sector privado en los daños sociales y ambientales que genera su actividad. Fue un empeño de Kofi Annan, entonces su secretario general. Desde entonces, es innegable que la RSC se ha abierto hueco y hoy todas las grandes corporaciones tienen su departamento correspondiente. Ahora bien ¿en cuántas es conciencia real y en cuántas es márketing? Es una cuestión que inevitablemente nos viene a la cabeza cuando vemos cómo una petrolera española como es Repsol financia una jornada sobre amenazas al periodismo, tras manipular apenas hace tres meses la información sobre su catastrófico derrame en la costa de Perú. Que vuelve cuando nos enteramos que existe una Fundación ACS entre cuyos fines, sorpresa, figura el medio ambiente, mientras por otro lado desvía el agua de una fuente del Amazonas para cultivar tomates en un desierto, en el mismo país latinoamericano.

La actual falta de una regulación obligatoria -tanto a nivel nacional como internacional- sobre la responsabilidad empresarial es una bicoca. En casos extremos, propicia asesinatos, criminalizaciones, agresiones y acoso a las personas defensoras de sus territorios, que se ven desprotegidas por gobiernos que actúan en connivencia con sectores económicos.

Los datos nos dicen que pese al Pacto Mundial, al acuerdo de Escazú o a los principios Ruggie de Naciones Unidas, que han tratado de poner un freno ético a tanto desastre, la situación va a peor a medida que aumenta la presión sobre los recursos en un contexto de cambio climático global, con una población mundial creciente y con un consumo desenfrenado en el hemisferio norte que se mantiene a costa del hemisferio sur.

Basta mirar las cifras para comprobar que si en 2019 hubo 304 asesinatos de defensores de derechos en el mundo, en 2020 fueron 333 y en 2021 subieron hasta 358, como poco, que no todos se registran en los informes de la organización Front Line Defenders. Las cifras de muertos y muertas no dejan de aumentar, sobre todo en América Latina. Brasil, Colombia y México siguen a la cabeza del funesto ránking, pero, si lo analizamos en relación con la población, resulta que Centroamérica (Honduras, Nicaragua o Guatemala) se llevan la palma negra. Cabe recordar que América Latina es la zona del mundo con más presencia empresarial española por razones históricas, una actividad que se ha mantenido, prácticamente siempre, al margen de que fueran gobiernos corruptos, dictatoriales o poco democráticos según los estándares internacionales.

Pero no hay sólo los crímenes mortales, como el de la hondureña Berta Cáceres, de cuyo tiroteo se cumplen cinco años. Como denuncia en un comunicado Alianza por la Solidaridad-ActionAid, el año pasado se denunciaron unas 2.000 violaciones de derechos fundamentales en el mundo entre arrestos, criminalizaciones, agresiones, ciberataques y amenazas. El caso más conocido el del guatemalteco Bernardo Caal Xol (en la imagen superior, durante el juicio en 2018) , que fue condenado a más de siete años de cárcel cuando lideraba la defensa del río Cahabón, cauce acaparado por la construcción de varios megaproyectos hidroeléctricos. Entre ellos, el construido por la empresa española Grupo Cobra (ACS).

Hay muchos más casos. Por ejemplo, el de la presa Hidro Santa Cruz, un proyecto de la española Ecoener-Hidralia (también en Guatemala) que se logró frenar cuando ya estaba iniciado pero en el que no hubo ningún tipo de resarcimiento para los pueblos indígenas afectados; o el del Banco Santander, que financia empresas cárnicas implicadas en la deforestación de la Amazonía; o el caso de la empresa catalana Agrogeba (del grupo Petromiralles), que acaparó tierras en Guinea Bissau, desplazando a cientos de personas de su zona.

Se conocen, se investigan, se denuncian públicamente… pero, hoy por hoy, nada pueden hacer las comunidades afectadas, salvo arriesgarse. Si a nivel Naciones Unidas, sólo unos principios voluntarios para las empresas, en la UE es hace muy poco cuando ha comenzado a discutirse una directiva de debida diligencia del sector privado con los derechos humanos y ambientales. Todo indica que tardará en ser ratificada.

En la otra cara de la moneda, los países que han dado pasos en la buena dirección, como Francia, Alemania o Noruega, que tienen ya una ley específica de debida diligencia. Incluso en Brasil se ha presentado este mismo mes en su Congreso una Proposición de Ley, a iniciativa popular y de algunos parlamentarios, en esa línea.

La Plataforma por Empresas Responsables, de la que forman parte una quincena de organizaciones y que cuenta con numerosas adhesiones del ámbito social, académico y empresarial, trata de conseguir que el Gobierno de España de un paso al frente en esa dirección, adelantándose a la normativa que vaya a llegar desde Europa, manifestando así su compromiso con los derechos humanos y de la Tierra, por encima de las cuentas de resultados. “Esta futura ley, ayudará a evitar que este tipo de vulneraciones se produzcan y, en segundo lugar, si tienen lugar, se garantizará el acceso a la justicia y a una reparación para quienes resulten afectados, algo que ahora tienen prácticamente imposible. En estos momentos, toda la carga de la prueba está en líderes, hombres y mujeres, que no tienen recursos para hacer frente a las corporaciones, cuando están en primera línea de la defensa de los bienes naturales de este planeta”, señala Almudena Moreno, representante de la ONG Alianza por la Solidaridad-ActionAid, miembro de la Plataforma.  “Por ello es urgente que se apruebe ya”, dice.

Además, esa normativa implicará que las empresas implicadas en desastres ambientales y sociales serán sancionadas, ya sea de forma directa económicamente o con la imposibilidad de contratar con la Administración pública y acceder a recursos de cooperación financiera o de internacionalización. Es algo que ahora no ocurre en España. Como mucho, se llevan un ‘rapapolvo’ a través del llamado Punto de Contacto sin ninguna consecuencia.

Quizás un día el imperio de la Organización Mundial del Comercio se subyugue, por fin, al imperio de la Responsabilidad Ética Mundial de las Empresas y sus leyes. En cada uno de los los 365 Días de la Tierra que debemos tener al año.  Igual así dejamos de hacer sumas de muertes entre quienes la defienden.

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