El año 2020 será recordado como el año de la pandemia y el confinamiento. Todos tenemos en la memoria aquel mes de marzo en el que nos vimos de la noche a la mañana recluidos en nuestras casas llenos de incertidumbres y de miedos. Hoy, casi dos años después, con la pandemia aún viva pero transformada, llega el momento de echar la vista atrás y tratar de entender cómo nos impactó toda esta realidad a los hogares españoles desde la perspectiva de la pobreza energética. A esa tarea se ha dedicado la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas en los últimos meses. Fruto de ello nació el informe de indicadores que se presentó en enero de 2022.
En el informe se calculan en primer lugar los cuatro indicadores oficiales propuestos por el Observatorio Europeo de Pobreza Energética y adaptados por el gobierno español como los indicadores de referencia en nuestro país. Estos indicadores son: (1) gasto desproporcionado (hogares que dedican más del doble de la media nacional a cubrir su factura energética); (2) indicador de gasto insuficiente (hogares que dedican menos de la mitad que la media del país a pagar sus facturas energéticas); (3) indicador de retraso en pagos (hogares que declaran haber incurrido en impagos de algún servicio básico durante los últimos doce meses); y (4) indicador de temperatura inadecuada (hogares que declaran haber sido incapaces de mantener una temperatura de confort en la vivienda en invierno).
Los resultados muestran evoluciones muy diferentes. Si bien los indicadores objetivos (gasto desproporcionado y gasto insuficiente) han experimentado pocos cambios, los otros dos indicadores han empeorado muy significativamente. Por un lado, el incremento del indicador de retraso en pagos (del 6,6% en 2019 al 9,6% en 2020) nos está indicando que el escudo social pudo funcionar en el corto plazo, pero que las deudas se están acumulando. Es muy urgente atender a esta realidad para evitar que esta situación de deuda se cronifique y termine conllevando antes o después el corte de suministro. Habrá que estar muy atentos a la evolución de este indicador en los próximos dos años para ver cómo está evolucionando la deuda energética de las familias vulnerables en nuestro país.
Por otro lado, el indicador de temperatura inadecuada también ha empeorado ostensiblemente (pasó del 7,6% en 2019 al 10,9% en 2020). Aunque es arriesgado reducir toda la explicación a una sola causa, desde la Cátedra consideramos que el confinamiento es ciertamente una de ellas. La obligatoriedad de permanecer en nuestros hogares nos abrió los ojos a la precariedad e ineficiencia de muchísimos de ellos.
De forma adicional, en el informe se presenta un nuevo indicador de gasto insuficiente, denominado de pobreza energética oculta. El indicador compara el gasto real de los hogares con su gasto energético requerido para satisfacer sus necesidades energéticas. Su evolución en 2020 con respecto a 2019 muestra un descenso moderado, pero su alta incidencia (25% en 2019 y 21% en 2020) nos indica que la pobreza energética oculta no es una dimensión menor del problema sino, al contrario, seguramente la más acuciante.
De todo lo anterior, se pone de manifiesto que 2020, el año del confinamiento, vio incrementar la pobreza energética en nuestro país de una forma limitada. El escudo social, en particular la prohibición de cortes de suministros esenciales a las primeras viviendas, impidió que los daños fueran mayores. Ahora tenemos el reto de que la situación de impagos no se enquiste, y que la pobreza energética oculta vaya poco a poco disminuyendo. Para ello, necesitamos con urgencia actuaciones de mejora en la eficiencia energética de nuestros edificios, empezando por aquellos más vulnerables, y un fortalecimiento de los bonos sociales.
