La justicia social es cada vez más necesaria en un mundo globalizado. Las desigualdades no han hecho más que acrecentarse. La constante vulneración de los derechos de las personas, ponen en riesgo la convivencia social basada en un orden y en unos principios de igualdad recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es necesario crear mecanismos efectivos que garanticen que todas las personas puedan ejercitar sus derechos, se desarrollen con dignidad y así las sociedades puedan prosperar, como principio básico de sostenibilidad social con un impacto directo en la sociedad, en el crecimiento y desarrollo económico y en la creación de valor.
Mejorar la legislación y las políticas es necesario, pero no suficiente. Si queremos combatir la desigualdad, debemos ir a una transformación de las estructuras, normas y valores sociales y aquí cobra gran importancia los pilares que suponen un impulso en el desarrollo de la sociedad.
Tres pilares para impulsar la igualdad de oportunidades
Existen pocas dudas de que la mejor manera de igualar oportunidades es garantizar el acceso a una formación educativa de calidad. Y la responsabilidad es de todos: del sector público, de la sociedad civil y las comunidades educativas. La educación debe ser una palanca de cambio y no una moneda de pago. A lo largo de estos años en nuestro país, el sistema educativo ha sufrido 8 reformas y no hemos sido capaces de mejorar el nivel formativo, ni educativo: no hemos reforzado la calidad de la enseñanza ni reducido la tasa de abandono. Cada vez son más bajos los estándares mínimos que exigimos a nuestros jóvenes y esto va en detrimento de nuestro desarrollo como sociedad, ofreciendo menores posibilidades a nuestros jóvenes, teniendo menos ventaja competitiva y, por ende, menos desarrollo económico. Si, además, añadimos la pérdida de valores básicos y la falta de propósito tenemos una situación complicada para salir reforzados de cualquier crisis. Las desigualdades en educación se transfieren al mercado laboral y a los salarios y, al final, a las pensiones. En este sentido, el aumento de la pobreza infantil en España es muy preocupante, porque además adelanta un aumento de las desigualdades en las siguientes generaciones.
A menudo, nos centramos en debates sobre los niveles salariales y obviamos un tema de gran importancia: la desigualdad de los ingresos salariales depende también de la intensidad en el empleo, es decir, de si se está trabajando y con qué regularidad. El caso español es bastante paradigmático, con una alta tasa de temporalidad en el empleo (25,1% en el 2T 2021) y una proliferación de contratos laborales de cada vez menor duración que incide de manera marcada en la desigualdad. En estos meses de pandemia, las desigualdades en el empleo han aumentado con un impacto directo en los colectivos más vulnerables.
La actual crisis, además de sanitaria y económica, también ha sido social y ha tenido un impacto desigual entre los distintos segmentos de la población. La pandemia ha ahondado las diferencias de ingresos laborales que ya se venían arrastrando desde la crisis financiera de 2008, afectando con mayor intensidad a los trabajadores jóvenes, en los sectores más perjudicados por las restricciones, poco cualificados y con contratos temporales.
La digitalización es un reto y una oportunidad para reducir la desigualdad. Por un lado, la existencia de una brecha digital en el acceso y conocimiento de la tecnología digital aumenta la desigualdad. Sin embargo, la tecnología supone una oportunidad para mejorar el acceso y los formatos de enseñanza, en la creación de nuevos puestos de trabajo, en las condiciones laborales y para obtener beneficios en la productividad.
15 millones de españoles carecen de competencias digitales básicas. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) incluye las líneas de actuación claves para dinamizar la economía y ayudar a reducir las desigualdades en el ámbito social, ambiental y digital. Este plan tiene como hoja de ruta la mejora de las capacidades digitales y la digitalización de la educación, incluye además inversiones en infraestructuras digitales, conectividad y apoyo a la digitalización de sectores económicos como el turismo, la industria o el agroalimentario, y la digitalización de las pymes, con el objetivo de garantizar la inclusión digital mediante la formación en competencias digitales, mejorar la empleabilidad y las condiciones laborales; una vía clara para responder a los retos de la próxima década.
