El equilibrio necesario para alcanzar una transición justa

Tras la COP26, la agenda climática internacional continúa centrando sus esfuerzos en limitar el aumento de la temperatura global y alcanzar la neutralidad a mediados de siglo, un itinerario con diversas consideraciones, y no exento de complejidades en el medio plazo.

Las contribuciones determinadas a nivel nacional o los distintos objetivos de descarbonización, están siendo claves para acelerar la transición hacía una economía hipocarbónica, sin embargo, el viraje hacia al uso generalizado de energías limpias y el abandono gradual de recursos contaminantes, puede tener impactos socio-económicos menos favorables para determinados sectores y colectivos.

En un análisis de desafíos y oportunidades, la Organización Internacional del Trabajo enumeró en su guía para una transición justa hacia economías y sociedades medioambientalmente sostenibles, los distintos retos a los que hacer frente en el terreno laboral, citando entre ellos el desplazamiento de trabajadores por la restructuración de la economía, posibles pérdidas de puestos de trabajo por la transformación de las empresas hacia modelos más ecológicos, o impactos sobre los ingresos de hogares pobres por el encarecimiento del precio de la energía. El mismo texto manifestaba que no dispondremos de los recursos o el tiempo necesario para abordar estos problemas por separado o progresivamente, dado el nivel de urgencia, y resaltaba la necesidad de gestionarlos de forma conjunta.

A la hora de abordar la crisis climática, es imprescindible que las estrategias planteadas y lideradas por instituciones en el ámbito de la sostenibilidad, mantengan un enfoque granular durante todo el proceso de planificación, entendiendo los riesgos y las necesidades propias del marco común, pero identificando aspectos tangenciales que afectan al resto de partícipes, ya estén involucrados de manera directa o indirecta.

Si queremos hablar de gestión integral, encontramos un buen referente en la Unión Europea que ya cuenta con un proyecto inclusivo, donde sitúa la justicia social en el centro de sus iniciativas, y avala una transición en la que nadie se quede atrás. Aunque los beneficios derivados de la transición ponderen más que los costes, la Comisión reconoce en la publicación de sus propuestas para la transformación económica y social de Europa, que las políticas climáticas podrían ejercer una presión adicional sobre los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte público en el corto plazo, por ello ha dispuesto varias medidas con el fin de asegurar la igualdad en este proceso de cambio como el Mecanismo para una Transición Justa, con el que proporcionará apoyo específico a los ciudadanos, las regiones y los sectores más afectados.

A nivel nacional, el Marco Estratégico de Energía y Clima cita la Estrategia de Transición Justa como un instrumento con el que optimizar las oportunidades en actividad y empleo de la transición ecológica, adoptando medidas según indica la propuesta, que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios en dicha transición.

Este plan cuenta con 11 objetivos principales entre los que cabe destacar (para la cuestión tratada en este artículo), la promoción de foros de participación sectoriales, para una mejor comprensión entre agentes económicos y sociales de las posibilidades de la transformación ecológica, o el facilitar el aprovechamiento de oportunidades de empleo y mejora de la competitividad y la cohesión social y territorial, generados por la transición ecológica de la economía.

Estos planteamientos reflejan la necesidad de gestionar intereses y objetivos de manera conjunta y constante, involucrando a la sociedad y favoreciendo una transformación que resulte efectiva y, además asegure un crecimiento económico alineado con la transición.

Toda gobernanza local o global detrás del cambio de modelo energético para apoyar pactos como el Acuerdo de Paris, debe garantizar una transformación sostenible desde todos los ángulos para considerarla como justa, algo que se podrá conseguir siempre que se prioricen las cuestiones sociales con la misma voluntad que los objetivos medioambientales.

En definitiva, debemos seguir equilibrando la balanza para que los beneficios de esta transición, sean accesibles a todos los que formamos parte de ella.

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