El pasado mes de diciembre se reunieron en el Vaticano la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y el papa Francisco. Según nos ha informado la prensa, trataron sobre cambio climático y trabajo decente. Hablaron de sostenibilidad. Nuestro mundo no será sostenible si no nos esforzamos mucho más en cuidar el medioambiente, en preservar los recursos naturales, en eliminar la contaminación… Pero tampoco lo será si no luchamos contra la pobreza y contra la desigualdad, si no defendemos el “trabajo decente” y combatimos la precariedad laboral o el desempleo.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- de las Naciones Unidas nos hablan de estas cosas, así tenemos por ejemplo el objetivo 1: fin de la pobreza, el 2: hambre cero, el 8: trabajo decente y crecimiento económico, o el 10: reducción de las desigualdades, entre los aspectos sociales, aparte de los destinados a los temas medioambientales.
Centrándonos en la idea de un “trabajo decente para todos” que propugnan la ONU o la OIT, necesitamos avanzar en la creación de empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social. Hay que luchar por acercarnos al pleno empleo, por la igualdad, por salarios justos, por evitar la precariedad laboral o la exclusión social… Todo esto es muy complejo, y más en el mundo cambiante en el que vivimos, donde muchos de los empleos de hoy pueden desaparecer en breve tiempo, mientras otros van apareciendo: no hace tantos años que un empleo en la banca era considerado estable y seguro, cuando ahora se está procediendo a despidos y cierre de oficinas; tampoco imaginábamos la proliferación de riders y su necesaria regulación. Y estos son dos casos claros donde la tecnología está influyendo decisivamente; hay otros muchos ejemplos y muchos más que irán viniendo.
En este contexto se enmarca la negociación que vivimos en diciembre entre Gobierno, sindicatos y patronal sobre la reforma laboral: es cierto que son temas muy serios y muy complejos que precisan de consensos amplios y duraderos, en este sentido es positivo el acuerdo; se han abordado temas importantes como la disminución de la temporalidad o el alcance de la negociación colectiva, pero nos queda trabajo por delante. Primero deberá venir la aprobación en el parlamento, y deberemos continuar posteriormente para seguir adecuando nuestro modelo laboral a un entorno cada vez más complicado y cambiante. Un modelo laboral en el que se aúne eficiencia para el crecimiento y condiciones justas para los trabajadores.
Nadie discute que las empresas son las principales responsables de la creación de empleo y riqueza, y que deben gozar de un modelo de relaciones laborales que les permita cumplir su misión, con la suficiente flexibilidad y autonomía de decisión, pero también nos jugamos mucho en que los trabajadores se encuentren satisfechos y motivados. Trabajadores mal pagados, con condiciones laborales inadecuadas, con un exceso de temporalidad… pueden acabar enfrentándose al sistema, reclamando justicia para su situación. Desgraciadamente, la evolución económica de los últimos cuarenta años ha aumentado las diferencias de renta y de riqueza en muchos países tal como nos ha explicado el World Inequality Lab, con una situación mucho peor en Estados Unidos que en Europa, gracias aquí a la intervención de las autoridades públicas.
Unas ciertas desigualdades son necesarias en un sistema de mercado: si una determinada profesión está bien pagada, el mercado está así informando de que hay escasez de esos profesionales, animando a otros a capacitarse para ese trabajo; o si una empresa desarrolla un servicio muy interesante para la sociedad, probablemente ganará mucho dinero, empujando a otras a desarrollar servicios semejantes. Todo esto promueve el desarrollo económico. También parece justo que gane más el que más se esfuerza, y aceptamos sin problema que alguien tenga suerte y le toque la lotería. Pero si las diferencias se hacen muy grandes aparece un sentimiento de inequidad, de injusticia, también un malestar psicológico, y eso es lo que está pasando en nuestro mundo; si no las reducimos, estaremos poniendo en grave peligro nuestra forma de vida actual. En ese sentido las grandes inequidades no son sostenibles.
Trabajadores mal pagados, con condiciones precarias, al ver que otros gozan de excelentes retribuciones y condiciones de trabajo, van a sublevarse contra esa situación; muchos, además, sufren procesos de proletarización. Se va creando así un caldo de cultivo donde se cuestiona la actual organización económica o muchas de las características de nuestros sistemas democráticos, tal como está sucediendo con muchos populismos. Sería una pena que la “democracia parlamentaria”, tal como hoy la entendemos, o el “sistema de mercado”, a pesar de sus indudables méritos, acabaran sustituidos por sistemas menos favorables para la libertad y peores para el progreso.
Lo mismo pasa a nivel internacional, o logramos una razonable equiparación en las rentas y en el bienestar entre los países o forzaremos a la migración masiva, incluso a la violencia, a los más desfavorecidos. La actual situación es injusta, pero además es insostenible. Alguno puede pensar que esto ya sucedía, pero hay que considerar que los actuales avances en las TIC hacen que todos estemos mucho más cerca.
Casi todo el mundo está de acuerdo en que el desarrollo debe ser medioambientalmente sostenible, pero muchos olvidan que las actuales diferencias económicas entre países y dentro de los propios países resultan insoportables y, por lo tanto, insostenibles.
Por otro lado, y volviendo a pensar en España, está demostrado que trabajadores más satisfechos, más motivados, hacen a las empresas más rentables en el largo plazo. Cuidar de los trabajadores, más en una economía basada en el conocimiento y en la innovación, es rentable a largo plazo: doing well by doing good (obteniendo buenos resultados haciendo lo éticamente correcto).
