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Se veía venir que la Humanidad no iba a responder solidariamente… Y eso que la compasión del género Homo con los congéneres más desvalidos ha sido documentada desde tiempos de Atapuerca, hace casi medio millón de años. Sin embargo, la mayor pandemia jamás vivida en todo el planeta –porque la gripe española no llegó a tantos rincones como el maldito SARS-COVID-19- nos ha puesto ante un espejo que nos devuelve el reflejo de un mundo de rapilla en el que ‘el otro y la otra’ han quedado fuera del foco. Primero fueron las mascarillas, luego los medicamentos que podían curar el coronavirus. Ahora, las vacunas.Datos de la Alianza por una Vacuna Popular, una coalición internacional de organizaciones de las que forma parte la ONG española Alianza por la Solidaridad-Action Aid, son clarividentes: el 50% de la producción de todas las vacunas ya ha sido comprada o comprometida para el 14% de la población mundial.

Son los que viven en países ricos. A más dinero, más vacunas. Las migajas, cuando sea, ya llegarán al sur global, ese inmenso lugar del mapamundi donde habitan los pobres, los indígenas, los refugiados, los cercados militarmente por fuerzas ocupantes, los migrantes… Los ‘nadie’, en palabras de Eduardo Galeano.

Hace también un año que la Organización Mundial de la Salud (OMS), aún sin vacunas en el horizonte pero viendo venir el panorama, lanzaba la iniciativa COVAX para involucrar a todos los países en un reparto justo y equitativo de fármacos y vacunas contra la COVID-19.  Pero todo son problemas. No sólo no han llegado suficientes donaciones de los firmantes de este mecanismo –porque firmar queda muy bien de cara a la galería - sino que además se ponen trabas. Y pongo un ejemplo: tras ardua negociaciones se logró que la vacuna de AstraZeneca pudiera ser fabricada en por el Serum Institutute of Indian –el mayor productor del mundo de vacunas- pero ahora resulta que Estados Unidos ha vetado la importación de los materiales -medios de cultivo celular, materia prima, tubos de un solo uso y algunos productos químicos especiales de EE. UU- que necesitan para producirla invocando su Ley de Producción de Defensa, un boicot por el que la empresa ha reclamado la intervención de su gobierno. Resultado: envíos a COVAX suspendidos.

Todo indica que no acabamos de entender que los coronavirus no saben de fronteras, por más que nos coloquen un ‘pasaporte’ de inmunidad a unos pocos del norte para poder viajar, hacer turismo y tomar cañas. No queremos escuchar que los amazónicos se asfixian porque no hay oxígeno disponible para sus contagiados, aunque ellos nos guardan la biodiversidad; por cierto, hace unos días murió de COVID-19 el último representante de todo un pueblo, que no fue portada en ningún lugar. Y no queremos mirar hacia un sur del que nos llegan sus recursos y en el que morirán sin saber la causa –por falta de antígenos - cientos de miles de seres humanos mientras  empresas que hoy se hacen de oro se benefician de ayudas públicas a la investigación (vía universidades u otras instituciones) que utilizan recursos que son de todos. Recordemos los 375 millones de euros que dio el Gobierno alemán a BionTech (socia de Pzifer) o los 84 millones de libras del Gobierno británico para la Universidad de Oxford (AstraZeneca) para el desarrollo de las vacunas.

En realidad, esto es un ‘deja vu’ porque ya ocurrió en anteriores crisis sanitarias, como la del sida, que costó millones de muertos y enfermos en África o Asia, y también años de presión para que las farmacéuticas, que incluso obligaron a cambiar leyes para proteger su propiedad intelectual más allá de lo permitido, abrieran la mano a los medicamentos genéricos. Hubo quien pensó entonces que aquello sería irrepetible. Pero se equivocaba.

De ahí la necesidad de esta nueva Alianza por una Vacuna Popular, en la que están numerosas grandes ONGs  a nivel internacional, también Alianza por la Solidaridad como miembro de Action Aid. Exigen desde ya la liberación de las patentes para que otros muchos, como el instituto indio, y a ser posible sin boicots, puedan proporcionar las vacunas que COVAX necesita. Al el ritmo actual, recuerdan, en 70 países apenas van a llegar dosis suficientes para vacunar a uno de cada 10 habitantes. Y no puedo evitar mencionar el caso de Israel,  donde a fuerza de talonario (es decir, pagando más de lo que valen) han vacunado ya a más del 50% de su población con al menos una dosis (4,5 millones de personas) mientras los palestinos, que tienen cercados, apenas han recibido 22.000 dosis, de las que 20.000 son de la cuestionada vacuna rusa.

El lanzamiento de la campaña de esta Alianza por una Vacuna Popular ha coincidido con una reunión en la Organización Mundial del Comercio (OMC), convocada a iniciativa de India y Sudáfrica y secundada por un centenar de países, todos en desarrollo. Tuvo lugar este miércoles, para pedir la exención de derechos sobre la propiedad intelectual en todo lo relativo a la prevención y tratamiento de la pandemia.

La propuesta fue rechazada y la continuidad del debate, aplazado una vez más hasta junio. Con votos de países como Japón, Canadá (que tiene adquiridas dosis para vacunar cinco veces a cada canadiense), Reino Unido o Suiza y con el argumento insostenible de que “las patentes no son barreras para acceder a fármacos o vacunas”. También se opuso nuestra Unión Europea y los Estados Unidos, aduciendo que con las patentes se impulsa una inversión empresarial privada con riesgo. ¿Pero quién va a creer que es arriesgado tener la deseada solución a una pandemia global? ¿Qué explicación tienen entonces las subidas bursátiles de estas farmacéuticas y sus consiguientes pingües beneficios? ¿No será más bien que tenemos las instituciones en sus manos, como vimos en las negociaciones UE-AstraZeneca? Y un apunte más: el Gobierno de España no está margen de todo ello porque en febrero pasado anunciaba que ya habíamos comprado 146 millones de dosis para 47 millones de habitantes. Otra cosa es que nos lleguen, pero comprometidas están.

Esta Alianza de ONGs reclama que, tras 2,6 millones de muertos y 118 millones de contagios, se ponga fin a monopolios en la producción de vacunas, pruebas y tratamientos para que puedan garantizarse precios asequibles basados en los costes reales de investigación desarrollo y fabricación y, además, con un acceso gratuito para la población global. Defiende que lo justo es distribuir las vacunas, antígenos y demás productos, en primer lugar, entre los más vulnerables y los profesionales con más riesgo, estén dónde estén. Nos recuerda que no podemos permitir que se margine al 86% de la humanidad en aras un negocio que juega con la salud global y quedebemos presionar a todos los niveles, como se hizo hace tres década, todos y todas, para conseguir esa Vacuna Popular, a ser posible antes de ese encuentro nuevo de la OMC en junio. Además de protegernos del coronavirus, será una señal de que, por fin, tenemos anticuerpos frente a la insolidaridad.

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