Todos tenemos grabadas en algún lugar de nuestro cerebro las imágenes de pueblos inundados, costas arrasadas, precarias viviendas que salen volando, cosechas arruinadas, coches que se lleva un río…. El cambio climático, es evidente, ya está aquí y en España sabemos que existe un Consorcio de Compensación de Seguros, entidad aseguradora pública estatal, que se encarga  de indemnizar a los damnificados por una catástrofe natural, siempre que tuvieran contratada una póliza sobre sus bienes o sobre la vida de las personas. Se financia por una cuota que se incluye en esas pólizas y casi todos los propietarios las tienen. Pero ¿Qué pasa en el sur del mundo?¿qué pasa si los Estados no tienen recursos ni capacidad para hacer frente a una situación que no han provocado? ¿a quién reclamar si los gobernantes abandonan a su suerte a decenas de miles de personas?
Justicia climática: la mejor póliza de seguro
Pedro Armestre

Un informe titulado “Evitando la espiral de la pobreza climática”, realizado por Alianza por la Solidaridad-Action Aid y recientemente publicado, da algunas respuestas y pone algunos datos sobre la mesa: sólo el 29% de la población mundial tiene derecho a una protección social completa si su vida se ve truncada por una catástrofe, entre las que están tomando cada vez más fuerza las relacionadas con el clima global. Del resto, unos 4.000 millones no tienen absolutamente nada a lo que agarrarse. A excepción del trabajo de las ONG, nunca suficiente por falta de fondos, unos 4.000 millones de seres humanos están al albur de una emergencia climática, sin ningún tipo de ‘colchón’ que les de seguridad.

En pleno siglo XXI, mientras caminamos sin pausa, de momento, hacia los 1,5ºC de aumento de temperatura en la Tierra, y aún sabiendo, porque así nos lo dice claramente la ciencia, que en ese límite se incrementarán exponencialmente los desastres, nos encontramos con que ni siquiera hay un sistema jurídico vinculante y universal que regule todos los aspectos relacionados con la protección de las personas cuando éstos llegan. Hoy por hoy, sigue siendo potestad de los gobiernos toda la responsabilidad de atender a los habitantes de su territorio, pero ¿qué pasa si los Estados no tienen recursos ni capacidad para hacer frente a una situación que no han provocado? ¿a quién reclamar si los gobernantes abandonan a su suerte a decenas de miles de personas? ¿Qué hacer cuando, una vez rescatadas las víctimas y enterrados los muertos, no hay detrás más que pocas ayudas puntuales y escasas para poder seguir viviendo?

Desde Alianza por la Solidaridad-Action Aid se tiene claro. La protección social es fundamental si se quiere abordar la gran variedad de violaciones de derechos humanos que están relacionadas con escenarios de daños causados por el cambio climático. Y debe ser así porque detrás de la pérdida de cosechas o la reducción en la captura de peces viene una inseguridad alimentaria que durará muchos meses y la desaparición de viviendas que no tenían seguro para ser reconstruidas y la pérdida de  medios de vida que costó sacar adelante y que un huracán o un tifón volatilizó en minutos. Y luego están los desastres a cámara lenta, como ese agua que no alcanza para regar las semillas porque no acaba la sequía, esas nubes que ya no siguen un patrón e igual desaparecen que arrasan con todo o ese incendio gigantesco que dejó la tierra baldía.

Pero hay soluciones. Hay medidas de protección social que son imprescindibles en esos casos, como las transferencias de fondos en efectivo o de alimentos para superar esas situaciones extremas, la protección de precios mínimos para los cultivos, ayudas al empleo, comidas escolares que garanticen la alimentación de loe menores, apoyo para reconstruir las viviendas, etcétera. Todas ellas deberían utilizarse estratégicamente para ayudar a las familias y comunidades que afrontar  pérdidas y los daños por un cambio climático que no han provocado.

Para Alianza por la Solidaridad-Action Aid, esta protección social debe ser responsabilidad de los gobiernos, pero para ello requieren de ayuda por parte de la comunidad internacional. Denuncia la organización que, sin embargo, los líderes que se reúnen en eventos para hablar de estos temas parecen apostar más por la contratación de seguros privados por parte de los afectados por desastres que por una protección social pública, que sería mucho más justa porque no dependería, en gran medida, de acciones puntuales de cooperación internacional.

En el mundo del norte, hace tiempo que las aseguradoras están alerta por el cambio climático. En Estados Unidos ya no puede firmarse una hipoteca respaldada por el Gobierno sin un seguro contra inundaciones, aunque la inmensa mayoría no lo tiene en el país del liberalismo ‘per se’. En Reino Unido, por el contrario, si hay un programa, llamado Flood Re, que obliga a pagar parte del coste del seguro para las zonas más expuestas a inundaciones. Es algo parecido al sistema español.

Pero en el sur del mundo no hay seguros porque no hay posibilidad de pagarlos y tampoco medidas de protección social que pueden evitar el aumento de la pobreza que les aboga, en muchos casos, a dejar su hogar por pura supervivencia.

De ahí la importancia de poner en marcha algunas de las herramientas que se mencionan en el análisis de Action Aid. Por un lado, la necesidad de dotar de fondos suficientes a herramientas que siguen sin arrancar, pese a las demandas de los países en desarrollo cumbre climática tras cumbre. Me refiero al Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños (WIM), aprobado hace ya ocho años y aún en pañales, o el Fondo Verde del Clima, que debería servir para mitigar los efectos de las catástrofes y que tampoco logra recaudar lo suficiente. Y con ello no basta. Es preciso que la comunidad internacional apueste decididamente por el alivio de la deuda externa de los países más afectados por el cambio climático. Y también lo es que se instauren progresivos que impliquen un mejor reparto de la riqueza entre lo que más tienen y los que se quedan sin nada.

Precisamente para poner el foco en los impactos climáticos y la imprescindible transición justa hacia un sistema más sostenible, a finales del pasado año desde todas la organizaciones de Action Aid en el mundo se lanzó la campaña internacional Walk for Survival, en la que han participado caminando más de 4.000 personas de 44 países y se han recorrido 76. 290 km. En España, cientos de personas se sumaron a la iniciativa, recorriendo en total unos 3.000 kilómetros.

Dado que los desastres van a seguir aumentando y con ellos las pérdidas – en 2018 fueron 150.000 millones de dólares en pérdidas y en 2020 alcanzaron los 210.000 millones, según un estudio de la reaseguradora Munich Re- está claro que la única forma de enfrentar el desafío climático es un reparto de las responsabilidades basado en la Justicia Climática. De otro modo, 4.000 millones de personas, es decir, niños, ancianos, enfermos, mujeres, campesinos, pastores o pescadores, seguirán al albur de un clima que ya no entienden… y sin póliza de seguro.

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