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Los días pasan y cientos de miles de guatemaltecos (más de 700.000 según cifras oficiales) que acaban de perderlo todo o casi todo al paso del huracán Eta aún están tratando de entender lo que ha pasado. Cuando escribo esta crónica, aún miles de familias están siendo rescatadas, tras llevar días aisladas, sin alimentos, sin agua potable. Otras miles, más de 15.000, están en albergues porque sus casas se las llevó el agua… En las imágenes que envía desde el terreno el fotoperiodista Pedro Armestre, que trabaja estos días para Alianza por la Solidaridad-ActionAid en Alta Verapaz, se ve a las familias con los cuatro paquetes que han rescatado metidos en bolsas, todos desolados, sucios de barro, a la espera de subirse en una frágil canoa con destino incierto.

Más allá de las cifras de muertos y desaparecidos (unos 150, dicen cifras oficiales), del sorprendente hecho de que hayan dejado de buscarse los cuerpos (declarando ‘cementerio’ toda una comunidad que quedó arrasada), de las pérdidas de cosechas que hipotecarán la vida de decenas de miles de campesinos indígenas, abocándoles a una migración que no buscaban, más allá de la crisis humanitaria que se avecina, no hay que olvidar que detrás del impacto de esta catástrofe natural está la mano humana.

Así lo ha denunciado la ONG española, que lleva años investigando y divulgando el impacto que las hidroeléctricas, promovidas por grandes empresas, están teniendo en los ríos de zonas montañosas de Centroamérica, y más concretamente en el entorno del río Cahabón. Allí hay dos grandes compañías colapsando el río con siete grandes instalaciones y cuanto las lluvias torrenciales del huracán Eta llegaron a la zona, tanto la hidroeléctria Renace como Oxec tuvieron que soltar el agua que retenían para evitar su colapso. Como también se abrieron compuertas en la hidroeléctrica Chixoy en San Cristóbal, el municipio donde desapareció la comunidad de Quejá.

Datos preliminares recabados por Alianza por la Solidaridad en Alta Verapaz, el territorio más pobre del país y en el que el 80% de su población es indígena, apuntan a que al menos más de 7.000 personas y más de 3.000 hectáreas están arrasadas, a falta de una evaluación definitiva sólo en esa comarca. Ambos ríos se han desbordado y los comunitarios que viven a sus orillas aseguran que nunca antes –ni con el paso del huracán Mitch en 1998 ni con el Stan en 2005- tuvieron tantos daños, pero es que entonces, dicen, “tampoco estaban las hidroeléctricas”. “En total, soltaron el agua de que retenían siete hidroeléctricas. Un catástrofe. Nosotros veníamos reclamando que liberaran los sagrados ríos y ahora ocurre esto. Mi hermano Bernardo Caal está preso por denunciar que estas hidroeléctricas son un desastre para los ríos. Ahora ya es visible la destrucción que nos han traído a nuestras casas, a nuestros cultivos de cardamomo, destrozados. Aquí no hay víctimas mortales, que sepamos, pero las pérdidas de medios de vida son terribles”, denuncia María Josefina Caal en un testimonio enviado desde Santa María de Cahabón. En su mensaje, me cuenta cómo al ver que todo a su alrededor se inundaba salió en busca de su madre, que vive sola cerca del cauce, angustiada. Afortunadamente, la encontró bien, pero en medio de una gran inundación que tuvo que sortear en una motora y en un mar de llanto. A su alrededor, sólo se ve destrucción en el vídeo grabado.

Bernardo Caal, el hermano que menciona María Josefina, está condenado a 7 años y cuatro meses de prisión, de los que ya lleva más de 1.000 en el penal de Cobán, por defender los ríos Oxec y Cahabón de estas grandes hidroeléctricas. Su compañera en esta lucha, la catedrática Ana Rutilia Ical, que también ha pasado días sin salir de casa, en el inundado municipio de San Pedro Carchá, tiene duras palabras para los promotores de estos negocios. “Es falso el desarrollo con el que pretenden engañar porque la madre naturaleza les demuestra que es ella la que manda. Donde los ríos se desvían, vuelven a su cauce. Reclaman su territorio. En la comunidad de Panzamala y en Purulha se ha destruido la carretera que construyó para Renace la empresa española ACS, que es quien hizo toda la obra. Y luego ni siquiera se sabe que estén enviando ayudas a las comunidades afectadas, sólo han prestado unos transportes para lo que donan otros”, explicaba desde su encierro, en medio de un pueblo convertido en laguna.

Ni en Oxec ni en Renace se realizó la pertinente consulta a los pueblos indígenas afectados por las obras, como indica la normativa internacional (convenio 169 de la OIT). Pero, por otro lado, ¿se tuvieron en cuenta en los informes de impacto ambiental la llegada de huracanes? En Renace, según investigó Alianza por la Solidaridad, no se consideró un riesgo. Y eso pese a que los datos recabados por la ciencia demuestran que el cambio climático está intensificando y aumentando el número de huracanes en la zona, hasta el punto de que este año 2020 se alcanzaron cifras récord y se quedaron sin nombres con los que denominarlos. Y, ademñas, ¿qué pasará si otra llega a esos mismos territorios, ya arrasados?

El hecho de que coincidiera la catástrofe con las elecciones en Estados Unidos y en plena pandemia, restó visibilidad al tremendo impacto de Eta en Guatemala. Pero mientras en la comunidad de Quejá se dejaba de buscar a los desaparecidos por falta de medios (ni siquiera tendrán a sus decenas de muertos), cientos de miles de familias están esperando ayuda y carreteras y pistas y puentes están destrozados. Sin embargo, hasta este miércoles 12, el Gobierno de Guatemala no ha reclamado ayuda internacional. Es más, enviaba helicópteros de apoyo a Honduras, dejando a los suyos desabastecidos de recursos aéreos, como han denunciado los afectados. Un caos de gestión en el que las autoridades municipales de algunos municipios fueron ninguneadas por el presidente Alejandro Giammattei durante la visita que hizo a la dañada Cobán. Luego se disculparon, pero las protestas desde entonces no cesan por lo que se consideró “un ninguneo y una discriminación a los pueblos indígenas” que lo han perdido casi todo.

La ayuda internacional, mientras, llega con cuentagotas. Los primeros envíos internacionales aterrizaron desde El Salvador, México o Venezuela, pero miles de familias están malviviendo en condiciones críticas porque no acaba de llegar a pueblos muy aislados. España ya ha enviado ayuda a través de la AECID por valor de 150.00 euros a Nicaragua, también afectado por Eta, y a Guatemala podría hacerlo en breve.Según fuentes del Ministerio de Exteriores, España está dispuesta a responder a su llamada de emergencia, pero es una ayuda que debe solicitar el país y que posiblemente llegaría desde un almacén de la AECID en Panamá. Trabajando con el gobierno y con contrapartes en el terreno, enviarían ayuda lo antes posible.

Desde la ONG Alianza por la Solidaridad si hacen un llamamiento para un urgente el envío de ayuda a estas zonas más afectadas de Alta Verapaz, pero también denuncia el agravamiento del impacto que estas grandes obras hidroeléctricas suponen en territorios indígenas. El cambio climático no podemos frenarlo, por desgracia, ni en pocos meses ni en años. Obras cuyos impactos socio-ambientales pueden aumentar las víctimas mortales y pérdidas vitales en poblaciones muy vulnerables, si se puede.

 

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