El Consejo Estatal de Responsabilidad Social, CERSE, se creó en 2008. Eran otros tiempos, también de crisis, de dura crisis económica y social que duró más de cinco años y nos llevó casi (o sin casi) al rescate y a la ruina; con deuda galopante, millones, muchos millones de parados, quiebras de empresas, desigualdad y pobreza. En esas circunstancias hablar de Responsabilidad Social parecía un sarcasmo, o no, vaya usted a saber.
Tomadura de pelo

Si la crisis nos destrozó fue, precisamente, por la irresponsabilidad de unos cuantos, la imprudencia de muchos más y la indecencia de demasiados cuando el capital se volvió impaciente y el dinero -el nuevo becerro de oro al que todos adoraban- y lo financiero se convirtieron en un fin en sí mismos. Las consecuencias todavía las estamos pagando.

Lo cierto es que el CERSE aguantó, puso las bases, hizo cosas, publicó documentos (sin tener dotación presupuestaria ni medios materiales), le dio visibilidad y mucha ilusión a esto de la Responsabilidad Social que no es más que actuar, desde el estricto cumplimiento de la ley, con transparencia y comportamiento ético, cultivando el compromiso responsable con el adobo de la solidaridad. Y en ese actuar decente y cabal deberían caber todos: empresas grandes y pequeñas, instituciones, asociaciones, organismos públicos y ciudadanos. Fuimos pioneros en el mundo al crear un Consejo Estatal de Responsabilidad Social, en un largo camino que se inicia en el Consejo Europeo que aprobó la Estrategia de Lisboa en el año 2000, y aún antes.

Fuimos pioneros y no supimos aprovecharlo ni exportar la idea, ni siquiera cuando en julio de 2014 el CERSE aprobó la llamada “Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas”, un compromiso de futuro que se había asumido por todos los estados miembros de la Unión Europea. El documento -con inspiración de una consultora y no sin esfuerzo- obtuvo el consenso de la Administración, las Organizaciones Empresariales y Sindicales y los representantes de organizaciones e instituciones de reconocido prestigio y representatividad en el ámbito de la RS. Ese consenso, que en la práctica implicaba unanimidad, parecerá hoy un milagro, pero entonces fue fruto de una doble convicción común: que la RS era el futuro y que había que ponerse de acuerdo en, precisamente, ponerse de acuerdo.

Mientras, en septiembre de 2015, en la sede de la ONU, en Nueva York, se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que -con el atractivo de un pin colorido y muy ponible- pronto se convierten en “commodities”, es decir, en productos para los que existe una demanda creciente en el mercado. Parecía que se iniciaba la Nueva Era de la RS, y que acabaríamos con la pobreza, la desigualdad y controlaríamos el cambio climático; en fin, que nos íbamos a comer el mundo: mandamases, dirigentes empresariales, instituciones, gentes de cualquier clase y condición, incluso políticos, parecía que se habían tomado en serio este nuevo reto de la Humanidad y que, por fin, la utopía, “una esperanza consecutivamente aplazada” (en palabras de Caballero Bonald), estaba cada vez más cerca. Fue una ilusión óptica, un trampantojo y un imposible que se confirma cinco años más tarde, en 2020, cuando todos los que saben de esto, y los propios organismos internacionales que los impulsaron, dicen que los ODS, una excelente guía de lo que deberíamos hacer, son de imposible cumplimiento en el horizonte 2030. Una vez más, salvo contadas excepciones, las palabras son pura retórica y no se transforman en hechos.

En Europa y en el mundo, también en España, entretanto crecía la exigencia de transparencia en el universo de los negocios, se implantan las memorias de información no financiera, la facultad indelegable de los consejos de administración en las políticas de RS y se recogen en algunas leyes (Leyes de Sociedades de Capital y de Auditoria de Cuentas) normas en materia de información no financiera y diversidad. Así, se publica la importante Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que traspone al derecho español Directivas comunitarias y, mira por donde, otorga al CERSE competencias que antes no tenía. Dos en concreto:

-Un informe anual que debe presentar al Senado sobre aspectos relacionados con la calidad de la información no financiera.

-La necesidad de que el CERSE emita un informe no vinculante en cualquier proyecto legislativo relacionado con la RS de las empresas.

¿Se está cumpliendo la Ley por el CERSE ? ¿Se reúne? ¿Qué hace? ¿Se tiene todavía en cuenta a este Organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social? ¿Ha rendido cuentas alguna vez? ¿Se equivocó/acertó en algo? Lo ignoramos, pero como ocurre tantas veces, las preguntas no se contestan bajo un manto de silencioso desprecio al contribuyente. Sin embargo, sabemos que en febrero de 2019 se creó, deprisa y corriendo, un Consejo de Desarrollo Sostenible, que no ha funcionado nunca pero que ahora quiere modificarse (?) y adaptarse como órgano asesor para que la “voluntad de la ciudadanía organizada” participe en la implementación de la Agenda 2030. Mira por donde, solo tendrá cincuenta vocales y dependerá del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Y, digo yo, ¿de verdad era necesario este macro Consejo de Desarrollo Sostenible? Muchos creemos que no; que se podría haber adaptado el CERSE, que es también un órgano consultivo/asesor, dotándolo de competencias y medios, haciéndolo ágil, operativo y eficaz, y hasta dependiente de una vicepresidencia. La Nueva Era de la RS se inicia con los ODS, es cierto, pero desde hace muchos años la Responsabilidad Social ya estaba presente entre nosotros como basamento de la sostenibilidad y darle con la puerta en las narices, además de una falta de respeto, es un error, un despropósito y una tomadura de pelo a los sufridos ciudadanos.

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