En las últimas semanas ha surgido el debate sobre si la Unión Europea debería impulsar la creación de una renta mínima de carácter europeo. La propuesta viene de Italia, Portugal y España. ¿Qué posibilidades tiene de prosperar?
Renta mínima europea: ¿utopía o realidad?

Aunque pudiera parecer lo contrario, la solidaridad forma parte de la espina dorsal del modelo socioeconómico de la Europa continental. En su vertiente nórdica, el modelo sueco, de inspiración luterana, deposita una gran fe en las virtudes de la igualdad y, por eso, la persigue a ultranza. A su vez, la economía social de mercado, el sistema predominante en el resto de países, está inspirada por la doctrina social de la Iglesia. En su concepción apoya esquemas de gasto social para aquellas personas que atraviesen situaciones difíciles, aunque también les pide que asuman su responsabilidad para consigo mismas y hagan todo lo que esté en su mano para superar esa situación. La renta mínima, por tanto, está en el ADN de Europa.

Al mismo tiempo, las situaciones de vulnerabilidad, lejos de disminuir, como cabría esperar en sociedades tan ricas como las de la UE, están yendo a más. No se trata de lo que está sucediendo como consecuencia del COVID-19. Por grave que sea, esto no es más que una situación coyuntural. El problema de fondo es la creciente polarización en la distribución de la renta que está provocando el cambio tecnológico. En un extremo se encuentran las personas cualificadas para desenvolverse en este nuevo mundo de algoritmos, robótica y digitalización, que consiguen rentas cada vez más altas. En el otro extremo se sitúan las personas con baja cualificación laboral, o con cualificaciones obsoletas, que tienen que competir por empleos de baja remuneración. A ellos se añaden las personas mayores de 40-45 años víctimas del edadismo.

El contexto social, en consecuencia, justifica la idea de renta mínima. De hecho, casi todos los Estados miembros de la UE cuentan con ella. Finlandia, por ejemplo, hizo un experimento en este sentido, que finalizó el año pasado. Los investigadores concluyeron que la calidad de vida de los beneficiarios del programa había mejorado, pero también que había generado incentivos para no volver al mercado de trabajo. Por este motivo, otros países, como Italia, Portugal, Alemania, Francia, Países Bajos o Dinamarca vinculan la percepción de esta prestación a que los beneficiarios también hagan algo para tratar de superar su situación de vulnerabilidad, por ejemplo, asistiendo a cursos de recualificación profesional.

Entonces, si los valores y la experiencia de los países de la UE están a favor de la idea de la renta mínima europea, ¿qué es lo que falla para que las posibilidades de que prospera sean prácticamente nulas? Pues, de entrada, que los Estados miembros con mayor renta de la UE llevan décadas financiando los programas de desarrollo económico y social de los más atrasados, a través de los fondos estructurales y de cohesión, y ya están cansados de hacerlo después de ver cómo han malgastado esos recursos países como Portugal, Grecia, o la mismísima Italia en relación con el Mezzogiorno. Esas mismas naciones prósperas serían las que tendrían que financiar, en gran medida, un posible programa de renta mínima europea. Y se niegan.

El segundo problema reside en la política fiscal. Después de la última crisis, los países del norte han reducido su déficit presupuestario y su nivel de endeudamiento público a golpe de recorte del gasto. Los del sur no lo han hecho. Y los del norte ahora rechazan que sus contribuyentes tengan que hacerse cargo de los problemas de países que han optado, voluntariamente, por la falta de ortodoxia en política fiscal. Así es que la idea de la renta mínima europea es muy bella, pero, por ahora, no es probable que pueda salir del limbo.

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