El relator de Derechos Humanos de la ONU Philip Alston, visitó España a principios de mes y realizó un crudo informe sobre la situación de extrema pobreza y continua violación de derechos en diversos ámbitos. La España que no se vende al turismo y se esconde tras una apariencia de desarrollo e igualdad al descubierto en la investigación.
La ONU retrata la España de la vergüenza en su informe de DD. HH

"España se debe mirar al espejo", fue una de las primeras frases de su rueda de prensa en Madrid, en la que situó al país "a la cola" de Europa en redistribución de la riqueza. Una España que muchos no quieren ver ni se vende al turismo. Alston afirmó haber visitado zonas de España que cree muchos españoles no conocen. Si bien hay muchos aspectos en los cuales mejores tales como la situación de los migrantes, los refugiados, la violencia de género y la crisis medioambiental, la distribución de la riqueza fue uno de los ejes centrales analizados en el informe.

El mismo sostiene que hay un porcentaje demasiado alto de personas que viven en la pobreza. Los índices de exclusión social, ha crecido en los últimos diez años, mientras que las clases más altas se han enriquecido y pagan la mitad de impuestos.  El informe sostiene que, si bien España está prosperando económicamente; la mitad de su población no lo está. La cuarta economía más grande de la UE ha disfrutado de un crecimiento constante del PIB desde la crisis económica, el desempleo está disminuyendo en algunos ámbitos, en promedio los salarios están aumentando levemente, y las exportaciones están creciendo. Sin embargo, casi la mitad de los españoles y españolas sufren el desempleo y la inseguridad económica como sus principales preocupaciones. La recuperación posterior a la recesión ha dejado a mucha gente atrás, y que se ha hecho muy poco por las grandes mayorías.

Desde el 2014 el relator ha recorrido diversos países como Chile, Rumanía, Mauritania, China, Arabia Saudí, Estados Unidos, Reino Unido, Ghana, Laos y Malasia. A principios del 2019 decidió que su último viaje lo haría por uno de los países más prósperos de Europa. Con este propósito ha estado un año entero recogiendo estadísticas, contactando con expertos y entidades sociales en España, consciente de que necesitaba también un baño de realidad. El experto visitó seis comunidades autónomas: Galicia, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Catalunya y Madrid. Atravesó chabolas, aldeas, y barrios deprimidos que no salen en las publicidades de una España próspera.

El duro informe demuestra que las tasas de pobreza son terriblemente altas. El 26,1 por ciento de la población de España y el 29,5 por ciento de los niños, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, datos que ubican al país entre las tasas más altas de Europa. Por su parte, el 55 por ciento de la población tuvo algún grado de dificultad para llegar a fin de mes, y el 5,4 por ciento experimentó graves privaciones materiales. La tasa de desempleo del 13,78 por ciento es más del doble de la tasa de la UE y la situación de los jóvenes es particularmente angustiosa con un 30,51 por ciento de desempleo.
Las cifras de empleo ocultan una de las tasas más altas de la Unión Europea. Tasas de pobreza de los trabajadores, con muchas personas que trabajan en empleos mal remunerados, a tiempo parcial o temporales, ganando salarios lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades básicas.

La España poscrisis registra más pobreza y exclusión, más paro y más abandono escolar que muchos de los países del viejo continente. En palabras del relator, el país debe reflexionar profundamente sobre su situación. "La España de hoy necesita mirarse bien de cerca al espejo. La imagen de una sociedad familiar arraigada se ha fracturado por la crisis económica y las políticas neoliberales. Las redes familiares que habían sido históricamente importantes sirven para los acomodados, pero han sido socavadas para la mayoría. Hoy, España está en el fondo de la UE en demasiados indicadores sociales" expresó.

El relator demostró su preocupación por la situación del país. Detrás de estos números hay personas que están sufriendo. Sobre esto, el experto en Derechos Humanos expresó: “En Galicia, los vascos País, Extremadura, Andalucía, Cataluña y Madrid, me reuní con un gran número de personas que apenas están sobreviviendo. Muchos perdieron sus ahorros durante la crisis y otros están ahora en una situación donde tienen que elegir entre poner comida en la mesa y calentar un hogar”.

Si bien la pobreza estructural es un problema transversal y que potencia otros conflictos sociales, las conclusiones del relator apuntan, lamentablemente, en muchas direcciones. La crisis de la vivienda es uno de los aspectos a los que le dedica gran atención. A su vez se refiere a servicios sociales "colapsados por la burocracia", ayudas sociales insuficientes y segregación escolar, la cual copa gran parte del informe, en el que relata la injusticia de que haya familias que no puedan pagar los libros de texto de sus hijos. El sistema sanitario, uno de los mejor valorados, también recibe una crítica irremontable cuando el relator menciona la pobreza farmacéutica, la ley que restringe el acceso de los inmigrantes y la privatización de servicios públicos donde el propio ministerio "no pudo decir cuánto se había privatizado y ni qué impacto había tenido". Por su parte, sobre los colectivos más vulnerables, Alston señala a las mujeres, especialmente a aquellas que han sufrido violencia de género y las que se dedican al trabajo doméstico y al colectivo de personas migrantes. Personas excluidas de cualquier ayuda y sometidas a la constante discriminación y estigmatización.

El relator concluyó que el nuevo gobierno de coalición sin dudas se afronta a grandes retos. Según el especialista uno de los primeros pasos hacia soluciones reales debería ser acabar con el fraude fiscal, acabar con las deducciones de impuestos de las rentas más altas, y abordar de forma urgente el tema de la vivienda. Sin duda los atractivos ODS están presentes en numerosas declaraciones tanto del sector público como el sector privado. Pero, ¿seremos capaces realmente de transformar esta España del dolor para el 2030?

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