En el tejido empresarial de nuestro país existen empresas en las que de la lectura de su objeto social podemos colegir que su finalidad última es la Responsabilidad Social Corporativa. De entre todas las que podemos encontrar, hay una que destaca, la empresa pública Correos SAE. Si leemos detenidamente sus estatutos contenidos en la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, podemos deducir, sin temor a equivocarnos, que esta organización está obligada por su normativa a mantener un modelo de gestión que tenga en cuenta los impactos que genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general lo que tradicionalmente, en Correos, se ha venido definiendo como la prestación del Servicio Público.
Correos, la dialéctica mercado/servicio público

Este principio básico de gestión, la prestación de un servicio público que aparentemente parece fácil de comprender, se enfrenta a un permanente conflicto dialéctico de difícil solución. Si bien su objeto social le obliga a gestionar con responsabilidad social no es menos cierto que el grueso de su actividad está sujeta a las leyes del mercado. La mayor parte de los productos que comercializa Correos compiten en sectores totalmente liberalizados sujetos a una competencia feroz con empresas cuya única responsabilidad son sus accionistas y cuyo exclusivo objetivo es el de maximizar la rentabilidad de sus socios.

Desde que Correos modificó su estructura orgánica y pasó de ser un órgano de la Administración a una sociedad anónima estatal, se ha tenido que enfrentar de forma cada vez más agresiva a la contradicción servicio público/mercado. La herramienta que ha utilizado tradicionalmente para resolver este dilema ha sido la elaboración de planes estratégicos.

Desde el año 2000 hasta hoy Correos ha desarrollado un total de 7 iniciativas de este tipo o lo que es lo mismo ha definido una nueva estrategia aproximadamente cada 3 años. Esto nos muestra la dificultad que tiene gestionar una empresa que se ve forzada a cumplir con dos objetivos que son, con frecuencia, antitéticos. La empresa pública postal no es una sociedad que compite en el mercado, dedica algunas acciones a la Responsabilidad Social Corporativa para plasmarlas en una memoria anual. Correos, es una Compañía en la que la base de su negocio o lo que algunos autores del Management definen como su misión, consiste en la Responsabilidad Social Corporativa en el sentido lato de la expresión.

A las dificultades propias de la dialéctica servicio publico/gestión empresarial a las que se tiene que enfrentar la organización postal hay que añadir nuevos elementos transformadores del entorno que obstaculizan aún más su gestión, tal como la digitalización. Esta, ha impactado de lleno en las comunicaciones sobre soporte físico (las cartas). La penetración de las nuevas tecnologías podría, a priori, situar en una posición crítica a Correos, pero igualmente puede transformarse en una oportunidad que cumpla con sus objetivos de Servicio público y por ende con los de la Responsabilidad Social. Si consideramos que los beneficios de las nuevas tecnologías han llegado para mejorar la vida de las personas y de la sociedad en general, Correos por su tradición, imagen de marca y posicionamiento, puede ser el jugador mejor situado para que elementos de la cadena de valor de la digitalización alcancen a todas las personas. La actual campaña, “#YOMEQUEDO” es una buena muestra de ello, en este caso para la España vaciada.

Pero para que este elemento de Responsabilidad Social se transforme en algo estructural es necesario que en futuras reflexiones estratégicas se tenga en cuenta que un nuevo marco regulatorio es imprescindible. Así, se precisa que se establezcan las mismas reglas de funcionamiento para los mismos servicios, especialmente en lo que a la legislación laboral se refiere, de tal manera que se garantice la competencia justa y los derechos de los usuarios. Si no se acepta esta situación una gran organización como es Correos tendrá que redefinir su objeto social, primando como única responsabilidad a sus accionistas y como objetivo fundamental la maximización del beneficio, en cuyo caso este país perdería a una organización que aporta no solo beneficios económicos (según las expectativas de cierre para el 2019) sino que también se desperdiciaría una compañía con notables impactos sociales fruto de su contrastada vocación de Servicio Público.

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