Francis Ford Coppola dirigió en 1997 una estupenda película, titulada en España “Legitima defensa”; una historia de reclamaciones, juicios y denuncia social en la que un abogado joven e idealista, interpretado por Matt Damon, se enfrenta a otro leguleyo, avezado y sin demasiados escrúpulos, y le dice: “Tengo una curiosidad. Me pregunto si recuerda usted la primera vez que se vendió...”
No era, no es, una pregunta retórica. Muchas personas y demasiados dirigentes, políticos o empresariales, que tanto monta, se han dejado arrastrar por las vanidades del puesto o del poder, por la ambición y la indecencia, por una corrupción que parece no tener fin ni limites. Y han malgastado su autoridad y la función de perfeccionamiento que deben tener. Mucha gente, la sagrada Opinión Pública esta harta de esas imposturas y quiere empresas e instituciones que cumplan la función social y racional para las que fueron creadas, y que no se conviertan solo en fuente de enriquecimiento de dirigentes con pocos escrúpulos y ambición no medida. La democracia exige dirigentes, gobiernos, políticos, empresarios e instituciones que sean transparentes y acepten rendir cuentas como una obligación y nunca como una humillación; que procuren la solución y el remedio de los problemas que preocupan a los ciudadanos y respeten los bienes que son de todos, aunque el cuidado y la gestión estén solo en sus manos. Autoridad significa, en muchos aspectos, austeridad en las pulsiones: las viejas virtudes de la sobriedad, solidez, sencillez, ausencia de adornos, trabajo sin alardes y, como hemos pedido sin descanso, “estilo olivar” (dando frutos sin hacer ostentación de flores), huyendo de falsas promesas y mentiras, y liquidando estructuras y organismos innecesarios e inoperantes porque la integridad, la honestidad y la decencia son las primeras obligaciones de cualquier dirigente.
Desde enero de 2017, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de jueces y magistrados en España, publica un repositorio de datos, de acceso público, sobre procedimientos judiciales por corrupción que permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas...), que se actualiza trimestralmente y puede consultarse en el portal de trasparencia del CGPJ, que ha optado por centrar la información que se ofrece en el repositorio en la denominada corrupción pública, entendiendo -como así ocurre- que es ésta la que más altos índices de preocupación transmite a la ciudadanía y que, precisamente por ello, debe conocerse sin regateos.
Tras el análisis de los datos que contienen los repositorios publicados entre el tercer trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2018 (12 trimestres, tres años completos), los resultados que se obtienen son los siguientes:
. Se han dictado en ese periodo 345 sentencias por delitos de corrupción política.
. Tres de cada cuatro sentencias (73.4 por ciento) fueron condenatorias.
. Se han concluido en esos tres años 306 procedimientos por corrupción.
. En España, 1992 personas han sido procesadas por delitos de corrupción política en el periodo analizado.
. En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, Andalucía lidera el ranking con 48 procedimientos concluidos en el periodo, seguida de la Comunidad Valenciana con 39, Baleares con 32 y Cataluña con 30.
. Cataluña, con 349 personas acusadas/procesadas en procedimientos por corrupción, lidera ese vergonzoso ranking, seguida de Andalucía con 325, Madrid 172 y Baleares y Canarias, respectivamente, con 157 y 155 personas. En procedimientos seguidos ante la Audiencia Nacional, 283 personas han sido procesadas.
¿Y ahora, además de llorar y cabrearnos, qué hacemos? Soplan vientos electorales y se habla (y se hablará durante meses), sobre todo para hacer referencia a la corrupción, de tolerancia cero, lo que no deja de ser un contrasentido: a los corruptos hay que denunciarlos (se nos olvida con frecuencia), perseguirlos y condenarlos, no tolerarlos; eso es otra cosa. Cuando las palabras se alejan de la realidad, al final resulta mas elocuente la propia realidad que las palabras. No confundamos: Ser tolerante es una regla de convivencia democrática, nos guste o no; es respetar y tomar en consideración las opiniones y lo que los demás hacen, aunque difieran de lo que nosotros decimos, pensamos o hacemos. Ser corrupto es un delito que no se acaba solo con leyes y jueces. Necesitamos Educación y una inyección periódica de virtudes cívicas. Y esa tarea nos corresponde a todos porque el camino es largo y tortuoso, lleno de precipicios y tentaciones. Ángel González, poeta grande, escribió unos hermosos versos que reflejan el actual estado de ánimo de muchos de los que -antes y ahora- creímos que el cambio era posible: “Por raro que parezca/Me hice ilusiones/No sé con qué, pero las hice a mi medida/Debió de haber sido con materiales muy poco consistentes”.
