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Seguramente octubre haya sido el mes más activo en materia de Empresas y Derechos Humanos en lo que va de año y, sin embargo, muy poco hemos podido leer o escuchar sobre ello, debido principalmente a que la atención de los medios de comunicación estuvo centrada en otras batallas, más mediáticas.

Pero lo cierto es que en la era de la posverdad, de las certezas volátiles, uno ya no sabe a qué atenerse cuando algo es noticia y cuando no lo es.

La posverdad es un sutil disfraz semántico de la mentira. Está compuesta por afirmaciones e ideas cuya intencionalidad es decantar la opinión pública hacia una determinada dirección. Para ello, se apela a lo emocional con el propósito de nublar nuestra percepción objetiva de los hechos, convenciéndonos de que lo realmente verdadero es lo que en nuestra opinión es verdad.

¿Está afectando la posverdad al ámbito de las Empresas y Derechos Humanos? ¿Cómo? Para comprobarlo, repasemos los acontecimientos más importantes del mes sobre esta cuestión.

En España, la aprobación en julio del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos ha sido mirada con celo por parte de las organizaciones de la sociedad civil y otros expertos, que durante este mes han sido especialmente activos en especificar la “descafeinización” sufrida por el plan. Como en muchos otros casos, la inacción en la difusión, explicación y aclaración de la iniciativa ha acreditado a la posverdad para sembrar una opinión fuerte en la dirección de calificar a este plan como un intento extinto e ineficaz para mejorar la vinculación entre las empresas y los derechos humanos. 

Mientras tanto, la semana pasada tenía lugar en Ginebra la tercera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos para la elaboración de instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Propuesta que también ha llegado al Congreso de los Diputados, donde diferentes organizaciones sociales, sindicales y de cooperación organizaron una jornada para dar a conocer a congresistas y senadores los últimos avances en el establecimiento de este tratado.

Al mismo tiempo, en la otra punta del planeta, en Sydney, la Asociación Mundial de la abogacía discutía como los abogados de negocio debían incorporar a sus respectivas áreas de práctica los Principios Ruggie, y presentaba una herramienta digital con información teórica y práctica para facilitar la comprensión e integración de dichos principios en la abogacía.

Por el lado empresarial, cabe destacar la publicación por parte una importante corporación internacional de bebidas de un informe de desempeño en derechos humanos pionero en el ámbito empresarial, donde la compañía analiza el impacto de su actividad en las personas y en las comunidades de los territorios en los que están presentes.

En contraste con estas noticias, durante el mes de octubre también han aflorado nuevos casos e investigaciones sobre presuntos impactos negativos de empresas transnacionales sobre los derechos humanos, particularmente en países de África, América Latina y también de Europa. 

Las empresas son, en este contexto, los actores más expuestos al poder manipulativo de la posverdad. Basta con un solo mensaje amoral o mal intencionado en la prensa o en una red social que se haga viral para desencadenar una crisis reputacional. Un ejemplo reciente es el impacto reputacional sufrido en 2016 por conocidas empresas españolas e inglesas del mundo textil, a raíz de un reportaje publicado por BBC Panorama sobre la presunta utilización de mano de obra infantil de refugiados sirios en Turquía en las fábricas de los proveedores de dichas empresas.

Con todo, creo que el lector compartirá conmigo que todos estos acontecimientos han sido presa del silencio informativo. Un silencio que, en la era digital, se trueca en el mejor aliado de la posverdad. 

Si ya lo decía Cicerón: «la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio».

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