Regulación de la Unión Europea sobre “minerales de conflicto”

El reglamento es  resultado de un largo esfuerzo liderado por el Parlamento, en el que han colaborado ONGs que trabajan en Europa en la protección de los derechos humanos, específicamente cuando estos son vulnerados por la actividad de las empresas.

Se trata de un primer paso, positivo aunque limitado, y es la primera vez que se adopta una normativa europea que establece obligaciones de respeto a los derechos humanos por parte de las empresas. Quizás por eso ha sido de larga elaboración: las primeras comunicaciones de la Comisión Europea sobre el tema son de 2008 y el reglamento aprobado otorga a las empresas cuatro años, hasta 2021, para identificar y evaluar sus propias cadenas de suministro. Son 13 años para afrontar un problema reconocido como grave y urgente, aunque parezca una burla.

Las principales limitaciones del reglamento son:

• solo afecta a unos pocos minerales y metales, los citados, mientras que otros como cobalto, cobre o litio, con similar capacidad para generar violencia y abusos de derechos humanos, no están incluidos.
• la importación solo es objeto del reglamento si sobrepasa unos ciertos volúmenes o umbrales, que dejan fuera vías de aprovisionamiento potencialmente causantes de violencia y que se incluyen como Anexo I.
• el reglamento solo afecta a la importación de minerales y metales, pero los ignora si  forman parte de productos para consumo, por ejemplo en equipos electrónicos, móviles u ordenadores.
• empresas e importadores relevantes quedarán eximidas del establecimiento de procedimientos de diligencia debida en sus cadenas de suministro, ya que el reglamento será aplicable solo a empresas que importen minerales y metales de una lista concreta de zonas de conflicto o de alto riesgo, aún por definir.
• las empresas que puedan probar que forman parte de “esquemas industriales reconocidos”  y que son “fundiciones y refinerías responsables” también estarán exentas por “considerar que cumplen” las exigencias del reglamento.

Del texto del reglamento parece desprenderse que las autoridades de la UE confían mucho en la autoregulación, en la capacidad del mercado para evitar violaciones y abusos que –sin embargo– llevan produciéndose decenios.

Es importante y urgente que las empresas comiencen a cumplir sus obligaciones ya, sin esperar a 2021, porque la mayor parte poseen medios suficientes para no necesitar ese largo plazo. Es importante también que la UE, la DG Trade, comprenda que la regulación no tiene como objetivo detener la entrada de minerales de conflicto en la UE, o evitar las refinerías que usan minerales problemáticos, porque eso, aislado, daría lugar a boicots y al empobrecimiento de comunidades muy devastadas; se trata de exigir procedimientos de diligencia debida, que identifiquen, pongan de manifiesto los riesgos, gestionen y promuevan medidas que eviten la violencia y los abusos a los derechos humanos.

Pero es también muy importante que tal como han reclamado organizaciones de la sociedad civil, las directrices de la OCDE sobre minerales de conflicto se actualicen, se mejoren, se completen y que los gobiernos hagan honor a su responsabilidad y dejen de ir arrastrando los pies, procurando no hacer nada o muy poco para reclamar a las empresas su responsabilidad de respetar los derechos humanos.

Estamos en el comienzo, tardío, lento, incompleto,...pero como decíamos más arriba, es la primera vez que se adopta en Europa un reglamento con obligaciones de respeto a los derechos humanos por parte de las empresas. Y queremos que realmente sirva y proteja mejor a las personas y elimine algunos de sus sufrimientos.

Porque hay que actuar ahora para remediar cuanto antes los abusos: niños soldados, discriminación, trabajo esclavo, trabajo infantil, financiación de grupos armados de cualquier tipo que generan muerte y dolor a personas desprotegidas y postergadas por sus propios gobiernos.

Gerardo Ríos

Equipo de Empresas

Sección Española de Amnistía Internacional.