No hay una apuesta real a favor del bienestar emocional de los ciudadanos, y la forma de abordar la problemática psicológica derivada de las circunstancias económicas y sociales actuales, tales como la crisis; es ineficaz. ¿Pero de qué manera se hace frente a esta situación desde las administraciones locales y estatales?
A día de hoy, España se encuentra a la cola de Europa (sí, otra vez!) en número de psicólogos clínicos . En 2017 tendremos 4,5 psicólogos clínicos en la sanidad pública por cada 100.000 habitantes; mientras en Alemania hay 48. La media europea es de 18. Las consecuencias derivadas se hacen evidentes tanto por parte de los profesionales, como de los pacientes. La espera para visitar a un profesional de la psicología puede tardar varios meses, en el caso de que se determine la importancia de acudir a terapia (cosa poco frecuente, dada la falta de conocimientos en la rama de diagnóstico psicopatológico en la formación de los residentes en medicina). La alternativa que se ofrece es recibir un tratamiento a base de psicofármacos; lo cual está desaconsejado por las guías de excelencia en práctica clínica NICE, en el caso de trastornos mentales de ansiedad, depresión o trastornos adaptativos.
¿Depresión, ansiedad? ¡Qué lejos suena eso! Pues bien, no lo está. El 49,2% de las personas que acude a la consulta de su médico en atención primaria, lo hace por cuestiones relacionadas con probables trastornos de ansiedad, depresión o somatizaciones. Además, la última radiografía hecha en España, que evalúa la prevalencia de los trastornos mentales más comunes (ESEMeD), ha lanzado una cifra: la depresión afecta a un 4-5% de la población. El riesgo aumenta en el caso de las mujeres, quienes presentan un 16,5% de probabilidad de sufrir un episodio grave, en comparación con el 8,9% de los hombres. Actualmente este trastorno constituye una de las tres primeras causas de discapacidad; y se estima (según la OMS) que en 2030 será el principal motivo incapacitante, lo que disparará exponencialmente los costes en salud. No solamente económicos, también psicosociales.
Después de asimilar todas estas cifras que parecen tan alarmantes (y lo son), cabe concluir la patente necesidad de cubrir la gran brecha existente en asuntos de salud mental. Para empezar, es inaplazable el abordaje del incremento en la inversión económica para la figura del psicólogo general sanitario por parte de las instituciones públicas, a fin de facilitar el acceso a la terapia, como ya se está haciendo en Gales con el proyecto “We need to talk”. Las compañías, por su parte, deben formar parte activa del proceso, incluyendo dentro de sus políticas de RSC/RSE (Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial) , financiación y prácticas en favor del aumento de los niveles de bienestar psicológico y emocional de sus empleados. Los beneficios no son exclusivos de los trabajadores: a menores niveles de estrés, le siguen aumento de niveles de productividad, menor rotación laboral, y mayor retención del talento. Para terminar, una conciencia social que alerte de la importancia del cuidado de la salud mental para sus ciudadanos tiene que surgir por parte de los profesionales de la psicología, agentes de cambio imprescindibles en el proceso hacia un país mental y emocionalmente cuidado.
@PaolaTellezPsy
