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Un sistema de libre mercado se basa en la competencia. Ésta motiva e incentiva a la empresa a producir mejores bienes y prestar mejores servicios y en consecuencia el consumidor sale beneficiado. Sin embargo y con demasiada frecuencia las leyes que imperan la libre competencia son socavadas. El modus operandi habitual son acuerdos entre empresas, bien pactando precios o repartiéndose el mercado, o utilizar una posición dominante en el mercado.

Para luchar contra los  monopolios y oligopolios  en ciertos sectores se aprueban leyes que persiguen la liberalización del mercado, como el eléctrico (Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico). Sin embargo los precios de la electricidad suben, un 60% en los años más duros de la crisis (desde 2008 a 2013), y las empresas eléctricas cuentan con un largo historial de sanciones por incumplir las leyes de la competencia. Pero el sector eléctrico no es el único que recibe sanciones de la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia. Contamos con numerosos ejemplos entre  las empresas petroleras, las empresas de la construcción, de comunicaciones o de la industria alimentaria, por citar algunos casos recientes. Estas prácticas en lugar de desaparecer parece que crecen cada año. De acuerdo con la última memoria de la Comisión Nacional de la Competencia, este organismo impuso multas por valor de 454 millones de euros durante el periodo 2012-2013, un 88% más con respecto al ejercicio anterior.

Estas conductas tienen un efecto directo sobre el ciudadano, bien como consumidor, bien como contribuyente, que se traduce en un sobreprecio a pagar por los productos o servicios. En el caso de la contratación de la recogida de basuras, mantenimiento de parques y jardines y tratamiento de residuos  por parte del Ayuntamiento de Madrid se estima un sobrecoste del 35% motivado por la práctica de repartirse clientes de las licitaciones públicas por el denominado “Cartel de las basuras”, formado por cuatro grandes constructoras, todas ellas incluidas en el selectivo Ibex 35.  Además de afectar al bolsillo de los ciudadanos, estas prácticas tienen un impacto negativo sobre el desarrollo social y económico del país. A modo de ejemplo, el incremento en el coste de la energía afecta a la competitividad  de nuestra industria. En el caso de las comunicaciones, la comisión europea estimó que la posición dominante de una empresa en las redes de ADSL motivó que el consumidor español soportase un sobrecoste de un 20% en el precio de acceso y calidad de servicio. En el primer ejemplo además de la industria se ven  afectados hogares o administraciones públicas que no pueden atender los elevados costes, y en el segundo esa posición dominante afectará a la alfabetización digital y por tanto al conjunto de la sociedad y desarrollo del país. 

Es habitual encontrar en los códigos de conducta de las grandes empresas compromisos relacionados con el  respeto por la libre competencia. El siguiente texto reproduce literalmente el compromiso  de una empresa que ha sido recientemente sancionada por la CNMC “…se compromete a competir en los mercados de forma leal impulsando la libre competencia en beneficio de los consumidores y usuarios cumpliendo siempre las normas jurídicas en vigor…”. También es común hallar en las memorias de sostenibilidad que se publican anualmente que no se han detectado incidentes de corrupción, que no se han producido incidencias relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia ni se han registrado multas ni sanciones de carácter significativo derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones. En el caso de mencionar las sanciones no se facilita información de mecanismos implantados para que no vuelva a suceder, o medidas disciplinarias a sus responsables por incumplir el código ético. 

Como se ha puesto de manifiesto  en diferentes ocasiones por parte del Observatorio de RSC, los temas sustanciales, aquellos que afectan a la cuenta de resultados, como fiscalidad, corrupción, puertas giratorias, lobby o  competencia entre otros, son temas tratados en muchos casos de manera periférica y superficial en las memorias de RSC.

El día 7 de mayo se presenta la undécima edición del informe “La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35”. Este año el acto contará con la participación de  D. José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). La presentación será en ICADE a las 18:30.

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